La lista de presos políticos en los regímenes socialistas sigue creciendo: Cuba suma 830 detenidos en las protestas a los 103 que tenía encarcelados previamente la dictadura, en Nicaragua van 143, el último reporte en Venezuela se ubica en 275 y en Bolivia hay 24 opositores tras las rejas

Tener tras las rejas a todo aquel que proteste o se oponga al régimen es una práctica perversa y habitual en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Entre los cuatro países acumulan más de 1000 presos políticos en detenciones arbitrarias por una misma razón: disentir. Juntos son la evidencia del abuso como un factor común cuando la permanencia en el poder está en juego.

Hay ciudadanos comunes, dirigentes estudiantiles y campesinos, líderes gremiales, periodistas, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y menores de edad privados de libertad por expresarse, pese a ser un derecho fundamental consagrado en tratados internacionales.

Sus casos muestran que a los regímenes comunistas de La Habana, Caracas, Managua y La Paz sólo les preocupa neutralizar a la disidencia para callar el clamor por un cambio del sistema que los condujeron a la pobreza, inseguridad y el hambre.

La isla de la represión

El grito de “abajo la dictadura” y “libertad” de los cubanos que protestaron entre el 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades no sólo dejó un muerto y decenas de heridos –no hay cifras oficiales– sino además 830 detenidos, entre ellos 14 menos de edad, divulga el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a través de su cuenta en Twitter.

A todos los arrestaron las «avispas negras» de la Brigada Nacional Especial, ente de seguridad del castrismo sancionado por Estados Unidos por «reprimir» a manifestantes. «Uno le cogió el brazo, el otro por el cuello, la jalaron por el pelo y la metieron dentro del camión», difunde la BBC sobre uno de los procedimientos.

El régimen que dirige Miguel Díaz-Canel los acusa de desacato, desorden público y lesiones no graves. De ellos, ya 59 han sido enjuiciados por participar en las inéditas manifestaciones que expusieron el hartazgo de los cubanos tras 62 años de dictadura comunista.

Entre los aprehendidos que aún no han sido liberados figuran conocidos disidentes como José Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del contestatario Movimiento San Isidro (MSI) trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

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La familia de Ányelo Troya, de 25 años, uno de los realizadores del video del polémico rap “Patria y Vida”, denunció que fue condenado el miércoles a un año de prisión por el delito de “desorden público”, en un procedimiento “atestado directo” (juicio expedito), junto con otras 12 personas que participaron en las manifestaciones.

Así se engrosa la lista de presos políticos que, según Prisoners Defenders, sumaba 103 detenidos hasta el año pasado, mientras que otros 33 cumplen arresto domiciliario o están en libertad condicional por sus “creencias políticas”.

Sin piedad ni disimulo en Nicaragua

Noel Vidaurre es el séptimo precandidato a la Presidencia de Nicaragua arrestado por el régimen sandinista de Daniel Ortega en el proceso previo a la inscripción de candidaturas que comienza este 28 de julio y termina el 2 de agosto para las elecciones del 7 de noviembre.

La justicia al servicio de Ortega lo culpa de traición a la patria. Una acusación similar a la impuesta a los otros seis aspirantes a la Presidencia de Nicaragua, detenidos en los últimos dos meses, junto con más políticos, activistas y periodistas.

Pero el historial de detenciones por razones políticas en el país centroamericano es largo. En este momento además de los aspirantes al Ejecutivo detenidos hay otros 136 presos, tras la crisis de derechos humanos originada en abril de 2018. Antes de ellos sólo se contabilizaban diez casos.

En la Dirección de Auxilio Judicial «Complejo Judicial Evaristo Vásquez» están recluidos 109 en “celdas de castigo, aislamiento y reclusión diferenciada, con acceso restringido al sol, ventilación, comida e interacción con familiares. Son víctimas de interrogatorios prolongados y otras formas de castigos psicológicos y físicos, que constituyen formas de malos tratos y torturas. El uso de estas formas diferenciadas de reclusión, en la mayoría de casos por periodos indefinidos, tiene el objetivo de desmoralizar y amenazar ante acciones de protestas”, asegura el último informe sobre la situación en Nicaragua del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas.

La «barbarie» en Venezuela

En este momento el régimen de Nicolás Maduro tiene 275 presos políticos en Venezuela, según el registro del Foro Penal, publicado este martes en su cuenta de Twitter.

Estos números, junto a los de Cuba y Nicaragua, representan para el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, una “barbarie” que se agudiza con “los ocho millones de migrantes y refugiados que han causado estas dictaduras”, así lo afirma en Twitter.

El diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, es el último en entrar en el reporte del país con su detención en la prisión del Helicoide, en Caracas. El chavismo lo vincula con «grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano», según un comunicado emitido por el Ministerio Público chavista. Al parlamentario se le imputan los «delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria», de acuerdo con el fiscal general del régimen, Tarek William Saab.

La revancha socialista en Bolivia

En Bolivia los casos de presos políticos no han parado desde que el Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, volvió al poder bajo la figura de Luis Arce pero con el expresidente a su derecha. Ministros, militares, policías y diversos funcionarios de la transición encabezada por Jeanine Áñez, así como líderes juveniles, activistas de derechos humanos y periodistas están hoy tras las rejas, siendo la expresidente interina el mayor trofeo para los socialistas.

Existen 24 privados de libertad correspondientes a la ola de detenciones y persecuciones que desencadenó la denuncia de Lidia Patty, exdiputada del partido oficialista MAS, quien acusó a Luis Fernando Camacho, excívico y gobernador de Santa Cruz; a su padre José Luis Camacho; a Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA); y a Yuri Calderón, excomandante de la Policía, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el gobierno de Evo Morales en 2019. Luego su denuncia se amplió a delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones. Una receta ajustada a los intereses del gobierno que se sigue aplicando.

Gabriela Moreno – Panampost.com