El régimen chavista manipula el escenario ordenando restructuras los cuerpos de seguridad para evitar que Maduro sea procesado

El momento para conocer la decisión de la Corte Penal Internacional sobre el destino judicial del régimen de Nicolás Maduro está cerca. Desde ahora y hasta el próximo 15 de junio, la instancia divulgará su decisión sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas en Venezuela.

Es un periodo crucial y con expectativas considerando que al terminar, la fiscal Fatou Bensouda, a cargo del expediente desde 2014 se despedirá de su cargo y será sustituida por el abogado británico Karim Khan.

La funcionaria ratificó que el caso de Venezuela cumple “con la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”, revelando que los avances son “significativos”. Así lo indicó en entrevista con France24.

Su pronunciamiento determinará si el resultado del examen preliminar que bajo su gestión arrojó que hay “fundamento razonable” para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017 en Venezuela ascenderá a una investigación preliminar de juicio contra la cúpula chavista o se estancará en el cierre de la averiguación. Ello podría tener un impacto directo en la presión internacional que también apuntaría a fortalecer a la oposición.

Para tomar alguno de los dos caminos, la fiscal Bensouda evalúa la admisibilidad del caso y considera dos principios: el de complementariedad y el de gravedad. En esta fase, la fiscal verifica si existen procedimientos en Venezuela (investigaciones y juicios) contra los presuntos máximos responsables de los crímenes, también considera si estos son pertinentes y auténticos para garantizar justicia a las víctimas.

Los escenarios viables

Si se abre la investigación, la Fiscalía identificará los posibles casos que surgieron del examen preliminar para iniciar el proceso de forma conjunta con la Sala de Cuestiones Preliminares. Con ello en ejecución, la Fiscalía tendría potestad de solicitar una serie de actuaciones a esta sala, para asegurar que los investigados se presenten ante la jurisdicción de la Corte, estas son: la emisión de órdenes de detención u órdenes de comparecencia.

Maduro es el primero en la lista y la emisión de estas órdenes puede solicitarse en cualquier momento una vez iniciada la investigación. Tal dictamen lo establece el artículo 58 del Estatuto de Roma que ordena la consignación del nombre de la persona, una referencia expresa al crimen que es competencia de la Corte, una descripción de los hechos que ocurrieron, así como un resumen de pruebas.

La ejecución de las órdenes de detención serán responsabilidad de los Estados Parte, significa, que están sujetas a la cooperación de los Estados (y de sus cuerpos de seguridad) con la Corte para que puedan materializarse.

El mismo instrumento establece que el acusado esté presente para el juicio y la Sala de Cuestiones Preliminares determinará si la persona permanece detenida o en libertad condicional, para enfrentarlo.

Chavismo en carreras

En Miraflores están enterados. “Nicolás Maduro no quiere pasar a la historia como el primer mandatario latinoamericano en afrontar un proceso en la Corte Penal Internacional. Al menos esa es la sensación que dejan una serie de decisiones que el Poder Judicial ha tomado en las últimas semanas contra organismos señalados por instancias internacionales de ser autores de crímenes de lesa humanidad”, afirma Transparencia Venezuela.

El pasado 18 de mayo Maduro ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la entrega de la custodia de los detenidos en sus calabozos —considerados presos políticos— al Ministerio para el Servicio Penitenciario.

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La medida figura en el decreto número 4610, publicado en la Gaceta Oficial número 42125 del 12 de mayo de 2021, y da a los organismos un plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de dicha resolución, para ejecutar la transferencia de los privados de libertad.

Sin embargo, la medida llega tarde. La Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) verificó que en las instalaciones de ambos organismos de espionaje e inteligencia se cometieron hechos de tortura, que fueron ignorados por la dictadura pese a las constantes denuncias de los familiares de los detenidos y activistas de derechos humanos.

Medidas para manipular

En ese intento por crear un escenario favorable, también se decretó la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana para rescatar “su doctrina original de ser una policía eminentemente comunitaria, preventiva, de proximidad, de protección y de autoridad.

Maduro encomendó la tarea de enderezar al organismo a la ministra del Interior, Justicia y Paz, almirante en jefe Carmen Meléndez. Le dio seis meses para ello.

Mientras el tiempo corre, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, califica como discriminatorio” y “desigual” el proceso. La fiscal Bensouda lo desmiente: “Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”.

Ahora, la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestiona la demora del proceso porque “fomenta la impunidad”. En eso, no se equivoca. Solo resta saber si la investigación arrancaría directamente y no necesitaría de la aprobación de los jueces, considerando que de los seis países —Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá— que remitieron la situación venezolana al tribunal en 2018, desertó Argentina.

Gabriela Moreno – Panampost.com