Una lista con más de 60 funcionarios maneja el poder judicial en Bolivia para deternerlos por supuesto golpe de Estado.

Nadie por estos días duerme tranquilo en Bolivia, menos aún con la revancha judicial que sin tregua, ni distinciones, despliega el presidente socialista Luis Arce en contra de funcionarios públicos. Esta táctica se avizora como un modo de redimir a su compañero de partido y exmandatario nacional, el izquierdista Evo Morales, del “golpe de estado” que asegura se fraguó en su contra durante la gestión interina de Jeanine Áñez.

Es un pase de factura política o una cacería de brujas —como quiera llamarse— que ya tiene en la mira a más de 60 nombres enlistados para encarcelar, asegura en su cuenta en Twitter la abogada Tamara Sujú, quien funge como directora ejecutiva de Casla Institute y delegada de World Jurist Association (WJA) ante la Corte Penal Internacional.

Homicidio, corrupción, terrorismo y lesiones graves son parte de los delitos que se endosarán a los funcionarios en procura de “justicia por la violación de los derechos humanos” sostiene Arce. Esa es su bandera en la cruzada que promueve con un “afán inquebrantable, sin odio ni venganza”.

Militares, policías y políticos
 

Creer el discurso del presidente es cuesta arriba cuando en la lista figuran, por ejemplo, Flavio Arce San Martín, jefe de Estado Mayor y el comandante de la División Mecanizada del Ejército, Franco Orlando Suárez  ambos detenidos en la cárcel de San Pedro de La Paz.

El Ministerio Público amplió a 60 días el plazo para emitir una resolución sobre el rechazo o imputación contra el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, quien es investigado por los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas, durante el gobierno de Jeanine Añez.

Según el fiscal Johan Muñoz, Arias contrató los servicios de Glen García para el puesto de director general ejecutivo del centro de comunicaciones de La Paz sin los protocolos.

El exministro de la presidencia, Yerko Núñez, sobre quien pesa una orden de detención, permanece en la clandestinidad, Su hijo Antonio Núñez Berzani fue aprehendido mientras aparece.

En medio de esa hostilidad judicial también está Marcel Rivas, director de Migración, quien se encuentra tras las rejas a pesar de que su plazo de detención preventiva está excedido, al igual que el de Yassir Molina, activista y líder de la resistencia juvenil, quien está detenida “sin debido proceso y sin causa”.

Por su lado, la exministra de medio ambiente y aguas del gobierno transitorio, María Elva Pinker, a través de una carta pública, notificó que ante la orden de aprensión en su contra decidió asilarse sin revelar dónde. Del mismo modo, una decena de dirigentes han sido detenido por más de 24 horas sin una imputación formal.

Imputaciones con saña

Para Luis Arce, ellos planificaron el golpe y las denuncias de fraude en contra de Morales sirvieron como pretexto para atentar contra el orden constitucional en Bolivia.

Bajo esa directriz, ordenó la detención de la expresidenta Jeanine Áñez en el penal de Miraflores de La Paz, mientras que los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, titulares de la cartera de Energía y Justicia, respectivamente, están en el penal de San Pedro.

Su teoría es que el movimiento cívico liderado por el cruceño Luis Fernando Camacho, los partidos de oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) crearon “un manual” para atentar contra su camarada socialista.

El Gobierno argentino lo respalda e insiste en que en octubre de 2019 Evo Morales fue destituido por un golpe de Estado incitado por Luis Almagro, secretario general de la OEA. Esta ceguera ideológica la comparte el chavismo, el castrismo, el orteguismo, el Grupo de Puebla y Andrés Manuel López Obrador que Arce agradece en público.

Sin créditos y con contradicciones 

La versión del exembajador boliviano, Marcelo Ostria Trigo, es otra. “Se les imputa haber participado en un inexistente golpe de Estado en noviembre de 2019, cuando, en realidad, ante las protestas masivas de los ciudadanos por el fraude electoral, el entonces presidente renunció y salió del país”.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga apunta en la misma dirección y cuestiona al Ministerio Público por su proceder calificando “de aprendiz de tirano” a Luis Arce.

«En Bolivia Evo manda y sus fiscales cumplen. Él violó la Constitución, hizo fraude y escapó. Ahora otorga impunidad a sus cómplices y desata cacería revanchista”.

Carlos Mesa, es otra voz en esa misma esquina. Para el exmandatario “el poder judicial y la Fiscalía masistas son el martillo ejecutor mientras los autores del fraude se amnistían y pretenden ser víctimas» divulga Los Tiempos.

Gabriela Moreno – panampost.com