En una demanda ante la Corte Suprema, Bolsonaro busca evitar que se sigan profundizando los cierres de la economía a niveles regionales. Si se la rechazan, utilizará otras vías para “hacer cumplir la libre circulación de la Constitución”.

El presidente Jair Bolsonaro presentó una demanda ante la Corte Suprema (STF) con el fin de declarar inconstitucionales las restricciones ordenadas por gobernadores y alcaldes debido a la pandemia de Covid-19.

Poco o nada comentado por los medios de comunicación argentinos, en abril del año pasado cuando recién se daban a conocer los primeros casos de coronavirus en el país, la Corte Suprema de Brasil decidió darle el poder a las provincias y municipios en el manejo de la pandemia, por lo que Bolsonaro se vio impedido de decidir qué tipo de restricciones se implementarían en cada región.

A partir de ese momento, las provincias empezaron a comportarse como verdaderos feudos utilizando los aparatos legales y policiales para cerrar el comercio, arrestar trabajadores, prohibir medicamentos, etc. Tales medidas inconstitucionales dejaron a Brasil al borde de un colapso social y económico, que logró recuperarse gracias a la ayuda económica por parte del gobierno nacional.

Después de varios intentos para que estas medidas fueran rechazadas y con el inmenso apoyo por parte de la población, Bolsonaro dejó en claro que hará lo que sea necesario para impedir que sigan violando la Constitución Nacional, la cual resguarda las libertades de los ciudadanos en su artículo 5.

El mandatario confirmó el pasado miércoles 5 de mayo, en una ceremonia en el Palacio do Planalto, que tiene un decreto listo para respaldar el artículo 5 de la Constitución Nacional que “garantiza el derecho de circulación” de los brasileños. “Yo pido a Dios que no tenga que editar ese decreto, pero si lo hago, él será cumplido y nadie lo va a refutar. ¡Sea quien sea!”, enfatizó Bolsonaro.

Mientras tanto, el presidente brasileño, a través de la Abogacía General de la República (AGU), encabezada por André Mendonça, entró en la Corte Suprema con un pedido para suspender tres decretos provinciales que, nuevamente, implementan medidas restrictivas autoritarias. Estas son las nuevas políticas de encierro y toque de queda en las provincias Pernambuco, Paraná y Rio Grande do Norte.

Según el documento, que será evaluado por los miembros del alto tribunal quienes deben decidir si tales medidas están de acuerdo con la Constitución Nacional, “el daño que se generará para la subsistencia económica y para la libertad de circulación de personas es notorio con la continuación de los decretos de toque de queda y el cierre de servicios no esenciales impuestos en diferentes lugares del país. Hay pérdidas devastadoras de todo tipo, que afectan el trabajo, los negocios, la seguridad del hogar, el desarrollo cognitivo de los niños, la salud emocional de las personas, etc”.

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Sin olvidar que 10 de los 11 ministros de la Corte Suprema fueron puestos allí por la oposición, que ellos mismos fueron los que dieron la autonomía a las provincias y municipios para implementar las restricciones que consideran necesarias, y que en otra oportunidad el STF rechazó una demanda similar a ésta, es muy posible que el pedido del mandatario sea ignorado nuevamente.

En caso de que así sea, el alto tribunal estará exponiendo su verdadera intención y no le quedará otra a Bolsonaro que resolver estas inconstitucionalidades por medio de otras vías, como es el caso del decreto que respalda el artículo 5 mencionado anteriormente.

Desde que empezó la pandemia, el Presidente brasileño resaltó que la economía y la salud iban de la mano y que no se debería priorizar solamente a una. Por otro lado, siempre defendió un aislamiento vertical voluntario -se aísla a las personas de riesgo mientras que el otro sector sigue pudiendo trabajar y estudiar con los cuidados que se requieren- aunque gran parte de los gobernadores y de otros países, como Argentina, optaron por un aislamiento horizontal obligatorio -todos quedan aislados- que demostró malos resultados por su ineficacia y que trajo consecuencias económicas y sociales.

Por María Laura Assis para derechadiario.com.ar