La activista nicaragüense perseguida por el régimen, Ana Quirós, dijo a PanAm Post que Daniel Ortega “está acumulando rehenes” en víspera de la inscripción de candidaturas

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro –en ese mismo orden– son los cuatro candidatos presidenciales detenidos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua para despejar de adversarios su carrera electoral hacia el cuarto mandato.

Es una ola de encarcelamientos arbitrarios con un trasfondo cada vez más evidente. Por un lado, Ortega refuerza con ellos su narrativa de que las protestas de 2018 constituyeron un intento de golpe de Estado con respaldo extranjero, y por otro, utiliza las instituciones para dividir a la oposición y, finalmente, obligarla a respaldar a un candidato de menos peso político o conducirla a la abstención.

Medios como El Nuevo Herald sostienen que “Ortega está intentando eliminar a los que claramente representan un posible desafío mayor, un riesgo mayor de poder acumular simpatía suficiente para desafiarlo en la elecciones”.

Y su esposa Rosario Murillo, desde su cargo de vicepresidente, apoya las medidas y el uso de la Fiscalía contra los opositores porque los tilda de “terroristas” y “criminales”. Así blindan la relección que además ya dejó sin personería jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD), que aglutina a la Coalición Nacional y al Partido Conservador. Ambos quedaron sin peso legal con una “resolución arbitraria, inconstitucional e ilegítima” que derivó del Consejo Nacional Electoral constituido por seis magistrados del Frente Sandinista.

El objetivo: acumular rehenes y provocar alta abstención

“Las arbitrariedades son un descalabro y desenfreno. Hay que pensar dónde está el freno para esta gente y hasta dónde van a llegar”, apunta la directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), confiscada en 2018 por el régimen sandinista, Ana Quirós, en entrevista con PanAm Post.

Afirma que “el Ejército y la Policía están al servicio del régimen violador, asesino y sobre todo ilegítimo. Y el poder judicial ha sido instrumental para su supervivencia”. A su juicio, Ortega “está acumulando rehenes para buscar una negociación en algún momento, pero estas decisiones disparatadas muestran que se siente profundamente débil y que su final está cercano. Ellos quisieran una amplia abstención, así su voto cautivo sería mayor y tendría una falsa legitimidad”.

En sus reportes figuran además de los cuatro candidatos detenidos, la citatoria de al menos 51 periodistas y directores de medios y 126 presos políticos, sumando el caso del analista y excanciller de Nicaragua, José Pallais, quien fue apresado este miércoles por la policía sandinista. Los presuntos delitos que se le imputan son los mismos que al resto de los opositores.

Ana Quirós cree que la inconformidad de la población evitará el aumento de los casos. Sin embargo, reconoce que “Nicaragua necesita de la solidaridad y el respaldo de los Estados democráticos y una condena absoluta al régimen y sus medidas”. Para ella, “la eliminación de personería jurídica de los partidos son una forma de ponerle una pistola en la cabeza a los partidos y de limitar las posibilidades de la votación”.

Pulso internacional

El dictador nicaragüense también tensa el clima electoral con las detenciones para pulsar a la comunidad internacional y evaluar cuán tolerante o permisiva se vuelve frente a sus órdenes en un estratégico margen de tiempo, considerando que las elecciones son en noviembre.

Sólo así sabrá si se abre el espacio para negociar las sanciones de Estados Unidos y Europa que pesan sobre funcionarios y figuras clave de su régimen. Pero si este es su objetivo, el trato que recibirá será el de un “dictador”, dijo en Twitter la subsecretaria interina de Estado de la Administración de Joe Biden, Julie Chung. “No queda más opción que tratarle como tal”.

Los actos ya resuenan en Suiza, donde hay “preocupación” por la “creciente represión“, indicó Mirko Giulietti, jefe de la división de las Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza.

Una provocación con temor

De los cuatro aspirantes presidenciales, Félix Madariaga, líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), avizoró su destino y grabó días antes un mensaje en el que asegura que las detenciones son “provocaciones de Ortega, porque le tiene temor a la voluntad soberana», e incluso «a un proceso electoral amañado bajo sus propias reglas”.

Este martes, ocho horas después de Madariaga cayó Juan Sebastián Chamorro, dirigente de la Alianza Cívica. Funcionarios policiales allanaron su casa y se lo llevaron “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”, indica la orden de la Fiscalía. “No se preocupen que voy a estar bien”, dijo en un mensaje grabado.

Cargos sin pruebas

Juan Sebastián Chamorro es primo de Sebastiana Chamorro, quien está bajo arresto domiciliario en su casa de Managua desde hace una semana por una acusación en su contra por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua, cuando estaba al frente de la clausurada Fundación Violeta Barrios.

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El destino del economista y exdiplomático Arturo Cruz es de tres meses en prisión luego de arribar al Aeropuerto Internacional Augusto Sandino cuando volvía de Estados Unidos. A él lo acusan de “realizar actos que menoscaban la soberanía, la independencia y la autodeterminación, que incitan a la injerencia extranjera en asuntos internos». Sin embargo, el comunicado no detalla de forma clara qué actos cometió Cruz.

Inhibiciones con manipulación

Lo que sí está claro es que el calendario electoral establece que las inscripciones de candidatos presidenciales, diputados nacionales y al parlamento centroamericano es hasta el 28 de julio. Con el plazo en puertas “las inhibiciones y juicios liderados por el sistema de justicia bajo el control total del sandinismo son los nuevos métodos para ir derribando a contrincantes”, sostiene Nicaragua Investiga.

Mientras Arturo Cruz esté bajo investigación por 90 días en una situación incierta no podría optar a cargos de elección popular, según el único artículo de la nueva Ley 1055, conocida como «Ley de Soberanía», que inhibe a los aspirantes que supuestamente gestionen sanciones o intervenciones militares extranjeras.

Las acusaciones en contra de Cristina Chamorro también la sacan de la contienda. Ella está inhibida para optar a cargos de elección popular sin tener una sentencia firme y su proceso podría durar al menos un año. El mismo escenario para Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga.

Gabriela Moreno – Panampost.com