Es evidente que en Bolivia los globalistas nos quieren pobres, adoctrinados y sujetos a una agenda antihumana.

Vivimos en una época donde los progresistas te dicen que el matrimonio es una tontería del pasado. Pero quieren que los homosexuales se casen. Donde los delincuentes tienen toda clase de garantías legales. Pero los ciudadanos decentes quedan en total indefensión frente a los asaltos, robos y otros crímenes. Y donde se respetan los derechos de los violadores. Pero se condena a muerte a los niños por nacer. Si señores, la era progresista no es nada más que el regreso a los tiempos bárbaros donde la vida humana no tenía ningún valor.

Penosamente, nuestra patria no es ajena a esa infección. Pues la Defensoría del Pueblo (la institución que en teoría debe cuidar los intereses de los ciudadanos) presionó a la justicia boliviana para que esta ordene interrumpir el embarazo de seis meses de gestación de una adolescente natural del municipio de Monteagudo.

Aunque la familia de la menor estaba dispuesta a cuidar al niño por nacer, incluso los médicos de Monteagudo se acogieron a la objeción de conciencia. La Defensoría se lleva a la familia y a la adolescente a Sucre, porque ahí habrían médicos no objetores de conciencia.

Una vez en Sucre, el personal médico que evaluó la salud de la menor y el bebé en gestación determinó que la salud de ambos era buena. Por ende, no existían razones médicas para realizar la interrupción del embarazo. Además, que muchas agrupaciones provida estaban dispuestas a apoyar a la menor, incluso dos familias querían adoptar a la bebita en gestación. Pero no. Pudo más la presión ideológica internacional a la que está sometida la Defensoría del Pueblo.

Pero ¿Cuáles son los organismos que coaccionan a la Defensoría del Pueblo?

Pues las mismas instituciones que promueven el homicidio de inocentes en todo el mundo. Por ejemplo, la IPPF y la misma ONU. De hecho, el administrador interino de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) de Estados Unidos, John Barsa expresó lo siguiente: «La ONU no debería usar esta crisis de salud como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un ‘servicio esencial’».

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Nuestra Defensoría del Pueblo —en una flagrante violación a nuestra soberania nacional— es financiada por estos organismos para promover su agenda antinatalidad. Verbigracia, en el documento titulado Situación de la interrupción legal del embarazo como un derecho humano de las mujeres, que fungió como informe de la gestión 2018, se puede evidenciar que IPAS Bolivia habría donado dineros a la Defensoría del Pueblo.

Este informe se convirtió en proyecto de ley para la legalización del  aborto —presentado por la misma Defensoría del Pueblo durante el confinamiento rígido— con las siguientes pretensiones: Primero, establecer la terminología ILE en nuestra legislación nacional. Segundo, normar el aborto hasta las 22 semanas de gestación. Tercero, equipar todo el sistema de salud para la realización de abortos. Cuarto, la promoción del aborto como derecho humano en todo el sistema educativo boliviano. Quinto, someter a todos los médicos a un adoctrinamiento sistémico. Y sexto, impedir la objeción de conciencia para el personal médico que trabaje en el sistema público de salud.

Como vemos, la Defensoría del Pueblo es sólo un apéndice de los grupos transnacionales que quieren, a nombre de derechos humanos, asesinar bolivianos en el vientre materno (especialmente, de la gente más humilde).

Pero los promotores de la muerte no se limitan a IPPF. Ya que quienes impulsan esa nefasta agenda cuentan con el apoyo de varios países de Europa.

Por ejemplo, la Agencia técnica de cooperación de España (AECID), que es la principal impulsora de la agenda de género en el país desde el año 2010, en su página web expresa lo siguiente:

El IV Plan Director (2013-2016), reafirma el compromiso de la Cooperación Española con el desarrollo humano, la disminución de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos. En este sentido, entre los ocho enfoques principales, el documento destaca el Enfoque de Género en Desarrollo como instrumento esencial para la Igualdad de Género y el empoderamiento de las mujeres. Además, una de las orientaciones esenciales para los siguientes años es la promoción de los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género concretada en tres líneas específicas para acelerar el cumplimiento de los derechos de las mujeres. (AECID, s.f.)

Indiscutiblemente, la agenda del género está ligada al aborto. Por eso, AECID trabaja esta área con diferentes programas como: El foro Artivismo #SinRiesgo: por el derecho de las mujeres a decidir.

Bajo ese paraguas, y apoyados por artistas feministas como: Verónica Pérez, la rapera Imilla MC y Carolina Echevarría, AECID ingresa a los colegios a promocionar el aborto «seguro» y «gratuito».

Por otro lado, el año 2017, AECID apoyó con 480 000 euros al programa Educación transformadora en América Latina, que en Bolivia benefició a los municipios de La Paz y El Alto, en el departamento de La Paz; Trinidad, San Andrés, Guayaramerín y Magdalena en Beni; Potosí en la región homónima; Sucre, en Chuquisaca; y Cochabamba y Quillacollo, en la región de Cochabamba.

En palabras de Jordi Borlan, encargado de AECID en Bolivia: «Abordar la prevención de la violencia nos pareció muy adecuado porque la violencia escolar está creciendo y también la violencia en general, sobre todo la de género» (Agencia EFE, 2017).

Es evidente que los globalistas nos quieren pobres, adoctrinados y sujetos a una agenda antihumana. Un neocolonialismo por donde se le mire.

Hugo Marcelo Balderrama – panampost.com