La vicepresidente Rosario Murillo y Juan Carlos Ortega, quien es director de un canal oficialista, destacan entre los nuevos sancionados por la comunidad europea. La medida incluye a otros seis altos dirigentes nicaragüenses.

Este lunes la Unión Europea aprobó la ampliación de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega por “graves vulneraciones a los derechos humanos” que ocurren en Nicaragua. Entre los ocho nuevos penalizados figura la primera dama Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega, director de una de las principales cadenas televisivas del país. Ambos son cuestionados por incentivar la represión contra la oposición desde las protestas de 2018.

El listado también incluye al presidente de la Asamblea, Gustavo Eduardo Porras; la fiscal general, Ana Julia Guido de Romero y al dirigente de la Policía Nacional, Juan Antonio Valle, entre otros. A todos ellos se les acusa de cometer “graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”, según se expuso en un comunicado del Consejo de la Unión Europea.

La última penalización de este organismo contra el gobierno de Ortega se realizó en mayo de 2020. En aquella ocasión involucró a seis dirigentes, tal como lo reflejó este nuevo pronunciamiento. Sin embargo, hoy la cifra aumenta a 14 sancionados, quienes tienen prohibición para viajar o transitar por el territorio europeo. Además, no podrán recibir aportes financieros de empresas ni ciudadanos. Del mismo modo, se congelarán sus bienes dentro de la UE.

Fricciones aumentan entre Ortega y la UE

Estas medidas contra los cercanos a Ortega se anunciaron a inicios de julio, en el seno del Parlamento Europeo, como una formar de apoyar a quienes se enfrentan a esta dictadura, en medio de la compleja situación política del país centroamericano.

En dicho momento el Parlamento Europeo le remitió una carta en la que le advirtió que expulsarán a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica si no ordenaba la liberación de los presos políticos, así como restauraba el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y permitía elecciones transparentes, libres y justas en la jornada comicial de noviembre.

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Sin embargo, Ortega hizo caso omiso. Desde hace varias semanas funcionarios que pertenecen a su cúpula se encargaron de perseguir a la disidencia de este dictador izquierdista, quien aspira la reelección a su cuarto mandato en los comicios presidenciales que —en teoría— tendrían como fecha el próximo 7 de noviembre, en conjunto con los parlamentarios.

Hasta la fecha han sido arrestados siete precandidatos presidenciales, en conjunto con al menos una veintena de disidentes de otras índoles. El caso más reciente fue la detención de Noel Vidaurre, hecho que ocurrió el pasado 25 de julio.

María José Olea Álvarez – Panampost.com

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