Redacción BLesLa Corte Suprema de Estados Unidos dispuso el martes 24 de agosto que la administración Biden deberá revivir la política de inmigración implementada por su predecesor, Donald Trump, la cual obliga a los miles de solicitantes de asilo a quedarse en México a la espera de las audiencias judiciales que definirán si se acepta o no el pedido, en lugar de aguardar dentro del país como lo venía haciendo la administración Biden.

El máximo tribunal avaló una orden judicial de un tribunal inferior, la cual obliga al presidente Joe Biden a reactivar la política migratoria de “permanecer en México”. La administración Biden había rescindido la orden pero la Corte Suprema mediante una orden publicada el martes, indicó que la administración Biden había actuado de manera “arbitraria y caprichosa” cuando rescindió la política.

A pesar de que tres jueces liberales estuvieron en desacuerdo, el resto de los jueces de la Corte Suprema permitieron que se rechace el esfuerzo de la administración Biden para bloquear el fallo de un juez con sede en Texas, Matthew Kacsmaryk, que requiere que el gobierno reviva la política de Trump de “permanecer en México”, formalmente conocida como el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP). 

Seis jueces conservadores, entre los cuales tres fueron designados por Trump, permitieron que se cumpla la voluntad del tribunal inferior.

La decisión del tribunal hace referencia a otro fallo del año 2020, cuando se frustró el intento de Trump de poner fin a un programa presentado por el expresidente Barack Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes, frecuentemente llamados “Dreamers”, que ingresaron a Estados Unidos sin papeles cuando eran niños.

Según la Corte, tanto el intento de Trump como el de Biden para eliminar una disposición de su predecesor en el cargo, no habrían seguido el proceso legal correcto.

El caso de Biden comenzó cuando recién asumió su cargo como presidente, e implementó una serie de medidas buscando responder a los cuestionados compromisos de inmigración que prometió durante su campaña electoral.

Entre otras polémicas medidas, Biden puso fin a la MPP, anunciando que desde ese momento quienes fueran detenidos por intentar cruzar ilegalmente la frontera no serían devueltos a México en espera de un debido proceso legal respecto a su estatus migratorio en los tribunales de inmigración de EE. UU., sino que podrían aguardar dentro del país la resolución. Mientras tanto podrían buscar alternativas legales para luego obligar a los jueces a aceptar su solicitud, tales como tener hijos, encontrar trabajos formales y otras.

 

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Luego siguieron varios meses de un colapso total en la frontera debido a los miles de migrantes que diariamente intentan ingresar a los Estados Unidos, en busca de una nueva vida y motivados por estas nuevas políticas migratorias.

Ante el caos reinante en las fronteras, algunos estados conservadores como Texas y Missouri, liderados por los republicanos, desafiaron la decisión del presidente demócrata.

En este contexto, el juez Kacsmaryk dictaminó que la política de Trump tendría que ser restablecida y la quinta corte de apelaciones del circuito estadounidense con sede en Nueva Orleans, el 19 de agosto, denegó la solicitud del gobierno de una demora en la reactivación de la política, argumentando que la suspensión de la misma “ha provocado un aumento de la inmigración ilegal en Texas”.

Los demócratas y los defensores de la inmigración criticaron al MPP, diciendo que la política sometía a los migrantes, principalmente de América Central, a condiciones peligrosas en las ciudades fronterizas mexicanas.

Por su lado, la administración de Trump había citado una “crisis humanitaria y de seguridad” a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cuando decidió negar los permisos para que los migrantes que buscan asilo, ingresen a Estados Unidos para aguardar las audiencias ante los jueces de inmigración.

Andrés Vacca – BLes.com