Redacción BLesLos economistas del banco de inversión Goldman Sachs publicaron una alarmante predicción en la que informan que es probable que unas 750.000 familias de inquilinos pierdan sus casas este año tras la decisión de la Corte Suprema de bloquear la moratoria federal de desalojos. La medida se impuso mientras denuncian retrasos en las entregas de ayuda estatal de alquiler de emergencia.

Acorde a lo reportado por Político, los analistas del banco de inversión estiman que los inquilinos adeudan entre 12 mil millones y 17 mil millones de dólares a los propietarios, lo que implica alrededor de 2,5 millones a 3,5 millones de hogares atrasados ​​en los alquileres.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), anunciaron a comienzos de agosto una nueva extensión de la moratoria federal de desalojos, en principio, hasta el 3 de octubre de 2021. La decisión despertó la polémica sobre el poder que han adquirido los CDC durante la administración Biden y en consecuencia un grupo de abogados presentó una demanda alegando que la decisión debería ser tomada mediante una nueva legislación y no por un organismo público sin autoridad ejecutiva. 

El jueves 26 de agosto, el Tribunal Supremo falló a favor de los propietarios en una votación de 6 a 3, diciendo que “si se quiere continuar con la moratoria de desalojos impuesta por el gobierno federal, el Congreso debe autorizarla específicamente”, dando a entender que los CDC no tienen la autoridad para mantener la moratoria.

La decisión implica una buena noticia para miles de propietarios de viviendas que durante la pandemia vieron perjudicados sus ingresos al no poder disponer de sus propiedades a pesar de que los inquilinos no cumplían con las obligaciones de pago de alquiler.

Pero como contrapartida, ahora, una gran cantidad de personas se verán afectadas ante la posibilidad de ser desalojados justamente por no cumplir con sus obligaciones. La noticia pone de manifiesto una triste realidad que muestra que lamentablemente los precios de las viviendas se han disparado a números irrisorios, tanto en la venta como en los alquileres, como reflejo de la escalada inflacionaria.

El impacto lo padecen principalmente los sectores de menores ingresos quienes no pueden afrontar los aumentos y muchos se ven obligados a endeudarse para poder mantener sus cuentas al día.

El Consejo Nacional de Viviendas Multifamiliares (NMHC), emitió un comunicado tras el fallo de la Corte Suprema diciendo que está de acuerdo con la decisión. Si bien el grupo comercial dijo que apoyaba un cese voluntario a corto plazo de los desalojos para ayudar a las familias que luchan en medio de la pandemia, argumentó que una “moratoria de desalojos a largo plazo nunca fue la política correcta”.

“No hace nada para acelerar la entrega de soluciones reales para los inquilinos de Estados Unidos e ignora la carga económica insostenible e injusta que pesa sobre millones de proveedores de vivienda, lo que pone en peligro su estabilidad financiera y amenaza con la pérdida de viviendas asequibles en todo el país”, dijo NMHC en un comunicado.

Al mismo tiempo, la asistencia federal para el alquiler ha tardado en llegar a los hogares vulnerables. La legislación de ayuda para la pandemia del año pasado estableció el programa Emergency Rental Assistance (ERA) el cual puso a disposición 25 mil millones de dólares en fondos destinados al pago de deudas de vivienda, mientras que la Ley del Plan de Rescate Americano en marzo proporcionó otros 21,5 mil millones en ayudas para el alquiler en lo que se conoce como ERA2. 

El desembolso de la ayuda ha sido lento, impulsado principalmente por retrasos en el procesamiento de las solicitudes, según reportó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que informó que los programas estatales y locales, hasta el 31 de julio, habían gastado apenas 5,1 mil millones de los 25 mil millones del ERA.

Andrés Vacca – BLes.com