El director del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzain, dijo a PanAm Post que solo una auditoría salvaría a Perú, que lleva dos semanas sin conocer el ganador de la elección

Dos semanas y el resultado del balotaje entre la candidata Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular y el izquierdista Pedro Castillo sigue en el limbo. Este retardo le abre la puerta a una crisis de Estado en Perú, debido a la desconfianza institucional que irrumpe en un panorama donde una centésima de votos está en debate.

“Esto va a pasar de ser una crisis electoral a ser una crisis de Estado, una crisis muy seria. Para evitarla están las están las autoridades”, aseguró el director del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzain, en entrevista con PanAm Post.

Para el politólogo, ya existe una crisis sobre los resultados electorales, algo que se motivó básicamente por las sospechas y denuncias de fraude sobre los cómputos y el manejo de los votos.

“Con un margen tan pequeño, apenas de una centésima, que es la décima parte del 1 %, es decir, unos 44000 votos, esas denuncias cambian el resultado electoral”, argumenta el experto. Ahí radica el epicentro del conflicto.

El papel de la auditoría electoral en las elecciones de Perú

Más allá de lo que hagan las instituciones peruanas, los candidatos en defensa de su legitimidad tienen la posibilidad de solicitar una auditoría a la Organización de Estados Americanos (OEA), de modo que se puedan zanjar las diferencias.

Si uno o ambos dieran el paso, las aguas políticas se apaciguarían. Asimismo, otro que puede invocar la petición ante la OEA es el mandatario saliente Francisco Sagasti, pero “parece que la apuesta del actual presidente es la de una salida un poco consensuada y rápida, porque no se ve acción política”.

De igual forma, el último en la lista para un petitorio de esta magnitud es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente que, a juicio del abogado, dilatará la alternativa porque asumiría y admitiría que no puede solucionar esta situación, debido a la falta de confianza y credibilidad que lo rodea.

Distinta y necesaria

En este momento es necesario distinguir las diferencias entre la observación electoral de la OEA y las auditorías. Por un lado, la observación electoral funciona con base en un reglamento que determina la metodología a seguir para el desempeño físico de los funcionarios acreditados, la verificación de que las actas estén en los centros de votación y de que no hayan hechos de violencia.

Lo anterior, son trámites regulares pero no representan una auditoría, sino que es un proceso externo que ejecuta la OEA si el Gobierno o los candidatos lo solicitan.

Cuando se trata de auditorias el protocolo cambia. En este caso, expertos designados por la OEA efectúan un análisis de integridad electoral con detalles del funcionamiento del conteo de votos, la transmisión de los resultados, el cómputo oficial y la cadena de custodia.

De esa manera, se acaban las disputas. En la región hay antecedentes del proceso. En Bolivia sirvió para demostrar el fraude electoral de Evo Morales. El Gobierno pidió una auditoría y 436 expertos confirmaron las sospechas de irregularidades.

En el caso de Bolivia los auditores representaron a 18 nacionalidades. Es una opción en la mesa, pero a la que aún no se apela en Perú a pesar de que “el Jurado Nacional de Elecciones incurre en contradicciones y cambia los plazos para la revisión de las actas”.

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Frente a ello, el ente comicial peruano agota sus esfuerzos en divulgar en su cuenta en Twitter que los observadores internacionales coinciden en su “transparencia e imparcialidad”, para bajar el impacto del resultado de la última encuesta de Datum Internacional en la que el 51 % de los consultados considera que el JNE no está actuando de manera imparcial y objetiva.

El riesgo de la situación

Evadir o evitar una auditoría vaticina consecuencias fatales en Perú. “Si no hay auditoría será una crisis peor que la del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko, porque en este proceso electoral está claro el intervencionismo interno de parte del castrochavismo”, afirmó Sánchez Berzain.

La izquierda convertida en un “grupo trasnacional del socialismo” —que sostiene a las dictaduras de Cuba Venezuela, integrado por Nicaragua y Bolivia— “tiene además las manos metidas en el Perú y lo ha hecho en toda la zona fronteriza de Bolivia donde están las actas vetadas, porque hay mesas donde el candidato Castillo tiene la totalidad de los votos”.

Al ambiente cargado se suma que los desencuentros entre Kuczynski y Fujimori por un triunfo adjudicado con 40000 votos de diferencia en 2016 derivaron en confrontaciones políticas. Sin embargo, esta vez con 44 000 boletas a favor del candidato de Perú Libre “sería peor la crisis, porque llegaría un presidente como Castillo a destrozar las instituciones”.

Unas instituciones que acrecientan el trance, como el Poder Judicial que evaluará el pedido del fiscal José Domingo Pérez de revocar la comparecencia con restricciones que se dictó a favor de Keiko Fujimori para solicitar prisión preventiva.

La audiencia —que será de forma virtual por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado— determinará el destino de la candidata de Fuerza Popular, quien aún está sujeta al resultado electoral.

Gabriela Moreno – Panampost.com