El fantasma de la renuncia de Evo Morales parece acechar con este paro indefinido a Luis Arce, quien debe atender las protestas que exigen libertad de presos políticos, condiciones de vida dignas para poblaciones indígenas y la derogación de una ley que instalaría el “totalitarismo económico”

Hace dos años terminaba la era de Evo Morales. Renunció en medio de acusaciones de fraude electoral y tras el informe de la OEA que expuso las graves irregularidades de los comicios en los que pretendía reelegirse. Él aseguraba que era un «golpe de Estado» y que tomó la decisión para «pacificar» al país. Hoy, su delfín Luis Arce vive una especie de «deja vú» en medio de protestas a un año de gestión, con una marcada polarización motivada principalmente por una ley aprobada por el masismo que impone un «totalitarismo económico y financiero», según fuerzas opositoras y gremios de la economía boliviana.

El descontento devino en un paro indefinido desde el 8 de noviembre con la Policía Boliviana lanzando gases lacrimógenos y arremetiendo contra los manifestantes. Ese día se contabilizaron 125 detenidos, según el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Nelson Cox. Al mismo tiempo, Arce presentó su informe de gestión ante el Parlamento en medio de abucheos de los diputados opositores y enfrentamientos con los oficialistas.

En resumen, la presidencia socialista no está en buen momento. Irónicamente este paro indefinido coincide con el segundo aniversario de la renuncia del expresidente Evo Morales tras haberse declarado reelecto en unas elecciones altamente cuestionadas. Aquellas protestas que exigían su salida dejaron cicatrices sociales y políticas profundas, sumado a los 30 muertos registrados entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, según cifras la ONU.

Al igual que el exmandatario, el actual presidente socialista tiene su cuota de autoritarismo. Arremetió contra opositores apenas llegó el poder, triplicando el número de detenidos y perseguidos políticos entre abril y julio al pasar de 66 a 187 procesados. Los manifestantes también exigen su liberación.

Horas complicadas para Arce

“El paro durará lo que tenga que durar”, afirmó el jueves pasado el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach. El llamado a la población fue de abastecerse con alimentos y medicamentos mientras que duren los reclamos. Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Potosí, Oruro y Beni fueron las regiones donde se sintieron más los bloqueos y las protestas el primer día de paro indefinido.

Para justificar la represión contra las manifestaciones, el actual gobierno masista está utilizando la misma retórica socialista de Morales. Los llama «golpistas» y que la población está “confundida” y “engañada” por mentiras sobre las leyes. El expresidente boliviano Jorge «Tuto» Quiroga no dejó pasar este detalle, también pronunciado por Arce durante la presentación de su informe, llamándolo «disco rayado».

Sectores y gremios del transporte, médicos y comerciantes quieren que la Ley 1386, bautizada como “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo”, sea derogada. Argumentan que la imposición de más controles y la ampliación de las atribuciones de los investigadores aumentarán la inseguridad de las inversiones y el trabajo comercial y empresarial, indicó un reporte desde La Paz publicado por El País.

No obstante, no ha sido el único gesto en rechazo a las políticas del Gobierno de Arce. El pasado 11 de octubre hubo otro paro por el Proyecto de Ley 218/2020-2021 contra la legitimación de ganancias ilícitas, un instrumento similar. Otros conflictos sectoriales se suman, así como marchas indígenas del oriente boliviano que exigen condiciones de vida. Reseñó El Deber que dos hospitales públicos de esa zona detuvieron sus actividades por falta de insumos, medicamentos y otros materiales.

La caída de Evo Morales

El 23 de noviembre de 2019 ambas cámaras del Congreso aprobaron por unanimidad una ley que invalidó las elecciones que dieron mayoría a Evo Morales y ordenó convocar un nuevo proceso electoral. La decisión llegó después de mucha tensión en Bolivia.

Para hacer un breve repaso cabe mencionar que para evitar una segunda vuelta, el candidato principal debe conseguir mayoría absoluta o 40 % de los votos con 10 puntos porcentuales por encima del segundo candidato. La noche del 20 de octubre de 2019, con 84 % de las actas escrutadas, el entonces presidente tenía 45,28 % de los votos frente a Carlos Mesa con 38,16 %.

El conteo se suspendió sin explicación alguna y en la mañana siguiente los números arrojaron 46,4 % de los votos para Morales, contra 37,07 % para Mesa. El pandemonium se desató. El viernes 25, Morales fue declarado ganador con 47,08 % de los votos. Mesa obtuvo 36,51 %.

La OEA, la Unión Europea y países como Colombia y Argentina exigían la segunda vueltas mientras las calles ardían. El 10 de noviembre el entonces presidente socialista anunció nuevas elecciones, pero ya era demasiado tarde. El 11 de noviembre la OEA presentó un informe lapidario y Evo Morales renunció.

Hay varias frases contenidas en el informe del organismo que dejaron por el suelo aquella supuesta elección.

  • «En los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas».
  • «Resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10 % de diferencia para evitar una segunda vuelta».
  • «Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano».

El fantasma de la renuncia de Evo Morales parece acechar con este paro indefinido a Luis Arce, su heredero político. Las próximas horas demostrarán la fortaleza o debilidad de su presidencia.

Oriana Rivas – Panampost.com

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