Redacción BLesUn conjunto de 17 fiscales generales estatales presentaron una carta el lunes 18 de octubre exigiendo al Departamento de Justicia que rescinda de modo urgente el memorando publicado el 4 de octubre, en el que se ordena al FBI a colaborar con los estados a silenciar a aquellos padres con hijos en edad escolar que estén en contra de la Teoría Crítica de la Raza (TCR) y otras políticas educativas de izquierda.

La carta de los fiscales fue enviada al presidente Joe Biden y al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland. En ella los magistrados argumentaron que el memorando en cuestión no está sustentado en hechos sino en una narrativa cargada de subjetivismo e ideología por parte de la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA por sus siglas en inglés), la cual acusa de “terroristas domésticos” a lo padres que se oponen a la TCR.

La NSBA viene presionando a la administración Biden a tomar medidas y crear leyes antiterroristas para ‘controlar a las turbas de padres enojados’ que reaccionan contra la educación izquierdista de sus hijos y a las medidas restrictivas contra el virus del Partido Comunista Chino (PCCh).

La carta busca también desmentir los hechos que indica la NSBA que supuestamente motivaron a presentar su reclamo. “La gran mayoría de los incidentes que cita la NSBA involucran conductas disruptivas desordenadas y amenazas”, dice la carta. 

“Pero, en ningún caso conocido, ha habido algo parecido a los incendios, saqueos, asaltos policiales, vandalismo y otras actividades delictivas que ocurrieron en el verano de 2020”, continúan afirmando los fiscales en un contundente reclamo a los disturbios que involucraron al grupo anarcocomunista Antifa y al grupo marxista Black Lives Matter, los cuales no parecen preocupar a las juntas escolares ni a políticos progresistas.

Los fiscales generales manifestaron su preocupación diciendo que el memorando del Departamento de Justicia “probablemente intimide a los padres”, quienes en muchos casos están, por primera vez, ejerciendo su derecho de la Primera Enmienda a hablar en un foro público.

“Nosotros como país deberíamos celebrar su participación en nuestro sistema de autogobierno, no silenciarlos acusándolos de ‘terrorismo interno’ y amenazarlos con la perspectiva de que el FBI llame a su puerta para investigar sus actividades”, agregaron.

Las críticas se centran en que el documento emitido por el fiscal general Garland a comienzos de octubre, encomienda al FBI a tratar a los padres que critiquen públicamente a la Teoría Crítica de la Raza (en reuniones de padres o en redes sociales) como “terroristas” y “amenazas para la Seguridad Nacional“.

Muchas agrupaciones de padres y varias juntas escolares disidentes, comprendieron el memorando como un abuso de la autoridad por parte del fiscal general, quien estaría utilizando un organismo federal para silenciar a voces críticas.

También se lo acusa de no poseer ningún tipo de sustento legal ni empírico, dado que el memorando fue establecido en base a comentarios de la NSBA y no sobre denuncias o hechos concretos.

Ante el atropello a la libertad de expresión llevada a cabo por Garland, grupos legales conservadores, encabezados por Stephen Miller, ex asesor de Trump en la Casa Blanca, solicitaron a la oficina del inspector general del Departamento de Justicia que investigue las circunstancias en las que el fiscal general elaboró y publicó este memorando, en busca de un abuso de poder por parte del funcionario de Biden.

Muchos republicanos reaccionaron contra lo que entendieron como un avasallamiento a la libertad de expresión.

Tal es el caso del diputado Ken Buck, del Estado de Colorado, quien presentó una moción para que se le haga un juicio político a Garland, la cual fue respaldada por el senador Rand Paul.

Andrés Vacca – BLes.com

Suscríbete para recibir nuestras últimas noticias

Al enviar este formulario, acepto los términos.