El Estado continúa con la persecución judicial y la fiscalía investiga y amenaza con cárcel a parlamentarios por haber ejercido sus funciones

Existe una frase, la cual inventé, que dice: “Dime como es tu sistema jurídico y describiré exactamente el lugar en dónde vives y tu vida”.

Nadie escapa a esta regla, inclusive a nivel individual. Las familias que cumplen con la ley y, sus códigos de ética y moral privados, les va muchísimo mejor que las que las incumplen. Esta premisa es demostrable científicamente. Ahora, a nivel de naciones es lo mismo, las naciones que tienen sistemas jurídicos estables y fuertes son prosperas al igual que sus habitantes, a los cuales todos admiran.

El mundo admira la nacionalidad de los países prósperos y, gasta tiempo y dinero intentando descifrar la clave de su éxito, sin percatarse que la fórmula es una sola: la Ciencia del Derecho y su aplicación tal cual fue diseñada. La Ciencia del Derecho tiene su base en la defensa de la libertad, de la vida y del derecho irrestricto a la propiedad privada.

La introducción sirve para continuar con la demostración del fraude electoral que viene ocurriendo en el Perú, cuya matriz empezó con los golpes de Estado ejecutados por el vacado por corrupción expresidente Martin Vizcarra Cornejo, su primer golpe de Estado fue contra la Consejo Nacional de la Magistratura, su control permite someter al Poder Judicial y Ministerio Publico. Vizcarra lo atacó, le cambió de nombre a Junta Nacional de Justicia —JNJ— y nombró a sus integrantes a dedo, sus funciones no cambiaron, solamente la forma en que se elige a sus miembros.

La JNJ le sirvió a Vizcarra y ahora a sus aliados que controlan el Estado, incluyendo al actual presidente transitorio Francisco Sagasti, para extorsionar a sus enemigos políticos y destruirlos con persecuciones judiciales. Una de sus víctimas y la más emblemática es el exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, quien cuando era fiscal anunció que continuaría con las investigaciones al entonces presidente Vizcarra Cornejo y cambiaría a los fiscales del caso Odebrecht. Chavarri fue atacado sin cesar por la prensa y por la propia fiscalía propiciando su remoción del puesto de fiscal de la Nación y, posterior nombramiento de Zoraida Avalos, la misma que es acusada de llegar al puesto de fiscal de la Nación con ayuda del expresidente Vizcarra Cornejo. El fiscal Supremo Pedro Chavarri fue destituido por la JNJ en febrero del 2021, ahora es víctima de persecución judicial.

El 23 de abril del 2021 la JNJ destituyó al fiscal Supremo Tomas Gálvez, este fiscal había venido denunciando a todo el equipo de fiscales que investigan a la empresa Odebrecht y sus cómplices, asimismo denunció que Vizcarra Cornejo movía sus tentáculos dentro de la fiscalía. Es el segundo fiscal Supremo destituido por la JNJ.

El 7 de julio del 2021, el fiscal Supremo Luis Arce Córdova, miembro declinante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones —JNE— fue destituido de su cargo como fiscal por la JNJ. Arce Córdova declinó —la renuncia esta prohibida— y denunció la corrupción en el JNE, el mismo que tiene que decidir si hubo fraude. Arce describió al presidente del JNE, Salas Arenas, como una persona “sin transparencia,” ósea oscura y sin aspiración de encontrar la verdad. Arce Córdova también imputó la red de corrupción formada por el expresidente Vizcarra en la JNJ. Este es el tercer fiscal Supremo removido por la JNJ cuyo antecedente es denunciar la corrupción en el gobierno. El Poder Judicial también emitió resolución prohibiendo la salida del Perú de Arce por dieciocho meses.

El Tribunal Constitucional —TC— es una corte de última instancia, cuya finalidad es la de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución. Esta formada por siete miembros elegidos por votación de dos tercios del Congreso, 87 votos, por un periodo de cinco años. Art. 201, vencidos los cinco años, tienen que ser cambiados y no existe reelección inmediata. Actualmente seis de sus siete miembros tienen su mandato vencido hace dos años.

En la legislatura del 2019, el Congreso de ese entonces inició la elección de los nuevos magistrados del TC con férrea oposición del entonces presidente Vizcarra, quien los acusaba de corruptos junto con una orquestada campaña periodística. El Congreso logró votar y elegir un miembro del TC, ese mismo día, y durante la votación, el premier de Vizcarra, Salvador del Solar, ingresó al hemiciclo del Congreso por la fuerza, planteó una cuestión de confianza, sin firmas de su gabinete —luego se reveló que era un papel en blanco— y acto seguido, Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de Setiembre del 2019, fue su último golpe de Estado, la intención fue clara de evitar la elección del nuevo TC y perder el control sobre esa corte de máxima instancia. Luego, ese mismo TC avaló el golpe de Estado, denegando una acción de inconstitucionalidad presentada por el disuelto Congreso.

El presente Congreso inició procedimiento constitucional para elegir los nuevos miembros del TC, inmediatamente los ataques empezaron desde el gobierno, políticos de izquierda y un sector de la prensa en planilla del Estado. Días antes de la votación para la elección del TC, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, aceptó y concedió una medida cautelar en contra del Congreso de la República y ordenó suspender la votación para la elección del TC. La resolución del Juzgado es ilegal e inconstitucional, pues el Congreso es autónomo e independiente.

Es necesario aclarar que un Juzgado Transitorio en la legislación peruana, es una corte que se forma a pedido y con jueces nombrados a la medida del resultado que se quiere lograr. La presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, ante las fuertes críticas declaró en defensa de la resolución del Juzgado Transitorio. Necesario agregar que Elvia Barrios fue nombrada por fiscal Arce Córdova en su declinación, indicando que “no es casualidad” que fuera nombrada — Elvia— durante el gobierno del Vizcarra Cornejo. La hermana de Elvia Barrios fue ministro de Vizcarra.

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Sin el control del TC, el fraude electoral podría caerse, pues un TC independiente y que aplique el Derecho estrictamente no aceptaría estas elecciones. Es por eso que se viene saboteando la elección de los nuevos magistrados.

El Estado, mientras tanto, continúa con la persecución judicial contra sus detractores y críticos, ha iniciado por medio de la fiscalía investigación preliminar contra los congresistas que votaron durante la elección del TC, el cual no se logró porque no se llegó a los 87 votos necesarios. La investigación es para amedrentar y es ilegal, puesto que de acuerdo a la Constitución — Art. 93— los parlamentarios no son responsables ante nadie por sus opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones. En este caso, la fiscalía, que evidentemente es parte del fraude electoral investiga y amenaza con cárcel a parlamentarios por haber ejercido sus funciones, ósea por votar en la elección del TC.

El fraude electoral es realizado desde el Estado, como acusó Mario Vargas Llosa, consiguientemente, el pueblo peruano se enfrenta a una dictadura, la del golpista Sagasti, que quiere imponer un presidente marxista como él, sin haber ganado elección alguna. El pueblo peruano ha invocado el Art. 46 de la Constitución, derecho a la insurgencia frente a un gobierno usurpador e ilegal. Las FFAA y Policiales, que juraron defender la Constitución tienen la obligación de restablecer el orden constitucional y evitar el fraude.

Jeffrey Kihien – Panampost.com