Este domingo, Perú elegirá a su próximo presidente en unas elecciones cargadas de incertidumbre y riesgo para la gobernabilidad del país

Voto a voto será la pelea en las urnas entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo. Ya no hay más tiempo de campaña ni encuestas. El esperado 6 de junio para el conteo definitivo llegó entre división e incertidumbre.

El actual presidente de Perú, Francisco Sagasti, intenta apaciguar el ambiente en vísperas del proceso comicial. En un mensaje televisado, pidió “mantener la serenidad” y esperar los resultados oficiales. A los candidatos y sus partidos los exhortó a respetar “escrupulosamente la voluntad del pueblo peruano, que será expresada en las urnas”. Él está listo para despedirse del Ejecutivo. Prometió cumplir con la transferencia de mando “ordenada, pacífica y transparente”.

El mandatario deja en sus palabras rastros de que ningún proceso electoral es sencillo y la polarización en esta segunda vuelta excede todo lo visto en los últimos años. Si bien, constitucionalmente, cada ciudadano tiene tres opciones (elegir a uno de los dos candidatos, votar blanco o viciado) lo conveniente para la gobernabilidad del país es que se opte por uno de los aspirantes al sillón de Pizarro, de lo contrario “quien resulte ganador lo hará con un número reducido de votos y verá comprometida su legitimidad”, señala un editorial de Gestión.

El analista peruano, Jorge Villena coincide. En entrevista con PanAm Post explicó que “si Keiko gana, sus adversarios insistirán con la movilización callejera y la oposición durará hasta que el agotamiento del poder la obligue a ceder, como ocurrió con Sebastián Piñera en Chile y le está pasando a Iván Duque en Colombia”.

Villena parte de que “los movimientos de la izquierda obedecen a un plan bien elaborado del Grupo de Puebla que está dirigiendo desde las sombras todas las movidas aparentemente espontáneas” para forzar con “agitaciones sociales cambios constitucionales que sustituyan el modelo neoliberal por el Estado empresario”.

Una garantía necesaria

Los 150 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) están listos para vigilar la jornada impregnada de incertidumbre. De ellos, 99 lo harán en centros electorales en territorio peruano mientras que otros 51 lo harán en el extranjero.

La misión de observación electoral más numerosa es de la Organización de los Estados Americanos (OEA), compuesta por 34 miembros procedentes de Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, España y Suiza y 200 relevadores de información, cuya función principal será supervisar procesos como la instalación de las mesas para sufragar y el acondicionamiento de los cubículos.

Verificarán además la conformidad de las cédulas de votación, las actas, las ánforas, así como el desarrollo de la votación, el escrutinio y el cómputo, junto a los 20 integrantes de la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y los 14 del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos (Cedhus).

El Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) acreditó a ocho miembros, mientras que la Federación Interamericana de Abogados (FIA) hizo lo propio con seis integrantes.

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La Asociación de Juristas de Iberoamérica y el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur contará con cinco participantes cada uno, y la delegación de la Unión Europea (UE) en Perú ya cuenta con tres miembros en territorio peruano.

A su vez, las delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina y los representantes del Cuerpo Diplomático en Perú tendrán uno y cuatro integrantes, respectivamente.

Contraloría social en puertas

Perú tuvo 16 candidatos presidenciales en la primera vuelta, pero fue la ciudadanía la que escogió a los dos finalistas que este domingo se disputarán la Presidencia. Y es esta misma ciudadanía la que asumirá la responsabilidad de mantenerse vigilante durante el periodo 2021-2026 para que la agrupación que gane no sienta que maneja un cheque en blanco.

La responsabilidad ciudadana será clave en esta segunda vuelta. Un país con 24 millones de votantes autorizados para sufragar no puede tener un presidente electo con menos de cinco millones de las boletas a favor. Cuando eso ocurre, la legitimidad cae en debates y conflictos. La región es espejo.

Gabriela Moreno – Panampost.com