Bajo la complicidad del cuestionado Juan Orlando Hernández y otros funcionarios de Honduras, el régimen comunista nicaragüense desarrolló una importante red de corrupción que operan en los dos países centroamericanos, logrando evadir las sanciones aplicadas por Estados Unidos.

Desde la Cuba de Miguel Díaz-Canel y la Venezuela de Nicolás Maduro, hasta la Bolivia de Luis Arce y Evo Morales, son los “incondicionales” del cada vez más aislado régimen comunista de Daniel Ortega en Nicaragua, que en los últimos meses ha intensificado sus acciones para mantenerse en el poder, persiguiendo y arrestando arbitrariamente a importantes figuras de oposición.

Y aunque para nadie es desconocida la influencia de estos países para el sostenimiento económico de Nicaragua, y de las redes criminales del régimen sandinista, existe otro importante pero discreto aliado que le ha abierto las puertas a testaferros de Ortega para ayudar a aliviar las numerosas sanciones aplicadas a los negocios de la dictadura: Honduras.

A pesar del derrocamiento y exilio del entonces Presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, uno de los aliados de Ortega en Centroamérica, en junio del 2009, los vínculos entre ambos países se fortalecieron desde entonces.

Ni el posterior triunfo del Partido Nacional de Honduras (PNH, de orientación centroderecha a derecha) en noviembre de ese mismo año, detuvo las intenciones de los socios del ALBA para establecer negocios en Honduras. Todo esto, a pesar de que el PNH se ha mostrado ante el electorado como “la única alternativa para evitar la instalación del modelo chavista y sus negocios en el país”.

En 2013, bajo la administración del centroderechista (aunque ex militante del comunismo) Porfirio Lobo Sosa, y el respaldo del entonces Presidente del Congreso Nacional, hoy cuestionado Presidente del país, Juan Orlando Hernández, se constituyó en el país la empresa “Alba Alimentos de Honduras S.A. de C.V.” (Alba- Honduras), con un capital de 25.000 lempiras (unos US$ 1.050 al cambio actual).

El 60% de las acciones de dicha empresa quedó en manos del nicaragüense José Francisco López, en representación de “ALBA Alimentos de Nicaragua S.A.”, mientras que el 40% restante es controlada por el hondureño Gerardo Arcángel Meraz Puerto, representante de la empresa “Comercializadora Centroamericana” (Comercah), según documentos en poder del medio centroamericano Expediente Público.

El nicaragüense López, señalado como testaferro de Daniel Ortega, fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky en julio de 2018, y se vio obligado a renunciar a sus altos cargos administrativos en Petróleos de Nicaragua (Petronic) y la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), aunque se mantiene al frente de la tesorería del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Por su parte, el hondureño Meraz Puerto mantiene un perfil mucho más discreto que su socio. Aún así, ha sido señalado por ser uno de los protegidos de Juan Orlando Hernández, siendo nombrado por él para un cargo gubernamental en la zona norte de Honduras. Además, el medio antes mencionado señala que el empresario hondureño es poseedor de 24 empresas, y en ellas, resaltan entre sus socios, algunos familiares de Hernández.

Video de YouTube: Albanisa, la red sancionada en Nicaragua que sobrevive en Honduras:

Juan Orlando Hernández: El “salvavidas” del régimen sandinista

Mientras la comunidad internacional continúa omitiendo el decepcionante papel de Honduras y el gobernante Partido Nacional en la crisis política de Nicaragua, el cuestionado Juan Orlando Hernández mantiene una estrecha comunicación con el régimen sandinista, y hasta el momento, ni la Cancillería de dicho país, ni los líderes de su partido han expresado su solidaridad con las víctimas de la represión comunista.

Los intereses personales de Hernández continúan prevaleciendo por encima de la estabilidad política de la región, algo que fue demostrado durante la pasada sesión del Consejo Permanente de la OEA, realizada el 15 de junio, en donde Honduras, al igual que México, Argentina, Belice y Dominica, se abstuvo de votar contra Nicaragua, y exigir la liberación inmediata de los presos políticos.

Asimismo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), liderado por el hondureño Dante Mossi (cercano a Hernández), continúa otorgando préstamos a la dictadura comunista con total normalidad, sin controles de transparencia ni rendición de cuentas.

Estas y otras acciones han sido aplaudidas por el régimen de Ortega, quien jamás se manifestó en contra de su supuesto “rival ideológico” del país vecino, por razones obvias, ni siquiera, durante los procesos electorales del 2013 y 2017, en donde el partido Libertad y Refundación (coordinado por Manuel Zelaya, su primer aliado) y otros partidos y figuras políticas de oposición denunciaron la existencia de un fraude electoral, en favor de Hernández y el Partido Nacional.

Por las alianzas que logró constituir Ortega, gane Zelaya Rosales en los comicios presidenciales que se llevarán a cabo en el mes de noviembre, o gane el candidato de Hernández, él tendrá un excelente aliado para la corrupción en Honduras.

Los señalamientos de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York a Hernández por colaborar con el narcotráfico en la región podrían obligar a éste a buscar refugio y esconderse de la justicia, siendo Nicaragua uno de los posibles destinos, emulando así a otros ex presidentes de la región, como Mauricio Funes, o Salvador Sánchez Cerén.

Juan Orlando Hernández, en el acto central del 35 aniversario de la Revolución Sandinista

Fuente: Derechadiario.com.ar

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