El gobierno finalmente derogará la ley que hizo estallar en protesta a los partidos de derecha y a los gremios. Esta norma le daba poderes inconstitucionales al presidente.

Luego de 7 días de paro total en Bolivia, una movilización organizada por partidos de derecha, gremios y movimientos cívicos, el régimen de Evo Morales finalmente dio el brazo a torcer.

El títere de la dictadura, el presidente Luis Arce, junto al vicepresidente David Choquehuanca y otros dirigentes leales a Evo Morales, anunció en el palacio presidencial que decidieron derogar la Ley 1386, una norma aprobada por la mayoría socialista en el Congreso que le daba poderes inconstitucionales al presidente.

En aquella conferencia de prensa, se reunieron en la sede del gobierno algunos dirigentes de sectores del MAS, como la Central Obrera Boliviana, campesinos y dirigentes mineros. Antes de Arce, fueron ellos quienes tomaron la palabra, emitiendo mensajes en tono bélico y desafiante.

Estos dirigentes lanzaron fuertes amenazas al grueso de la población boliviana que está protestando, diciendo que “ahora ya no hay excusas para estar parando”, que “si no se levantan los bloqueos, estaban listos para movilizarse y desbloquear” y “no queremos más dolor, luto e intranquilidad”. Cabe recordar que estos mismos grupos realizaron paros violentos en plena pandemia contra la presidente Jeanine Añez el año pasado.

Arce, sin embargo, dio un discurso en las antípodas de los sindicalista, poniendo paños fríos y pidiendo diálogo y consenso. Afirmó que su gobierno “ha escuchado al pueblo”, por ello, han tomado la decisión política de derogar la ley 1386. Afirma que lo hacen para pacificar, cuando sus aliados, más bien, amenazan desde el poder con causar más caos y más violencia.

“Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386, con el objeto allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”, anunció Luis Arce.

La decisión de abrogar la ley 1386 surge luego de que fracasara el intento del régimen de querer dividir a los manifestantes. Días anteriores, el ministro de economía, Marcelo Montenegro, convocaba a los gremiales de derecha a un diálogo en Cochabamba para analizar sus demandas, corregir y socializar la ley en cuestión.

Sin embargo, esta convocatoria no consideró a otras facciones que también exigían la derogación, como son el transporte pesado internacional, y los comités cívicos.

Como era de esperarse, la convocatoria fracasó, y los manifestantes endurecieron su postura, ya que, para sentarse a dialogar, primero exigían la abrogación de la ley.

El municipios de Montero y Portachuelo, Santa Cruz, Bolivia. Vecinos impiden que la Policía levante el bloqueo que instalaron en apoyo al paro indefinido. 09 de noviembre de 2021. (Twitter/Captura de pantalla @noticiasfides)

A pesar del anuncio de la derogación, que se trata hoy en el Congreso, los dirigentes gremiales de derecha anunciaron que no se levantaría el paro hasta que el Congreso apruebe la ley abrogatoria y la firma de Arce esté puesta sobre el papel.

El Comité pro Santa Cruz también anunció que se convocará a gremios y transporte para analizar qué pasos deben seguirse tras el anuncio, ya que hay otras cuestiones políticas socialistas que introdujo Arce en los últimos meses que atentan contra las población.

Así, los cívicos pedirán a los movilizados continuar hasta que se restituya la norma de los 2/3 en el Congreso. ¿Qué es esto? Antes de que asuma el nuevo Congreso tras las elecciones del 2020, el MAS (partido de Evo) hizo valer su mayoría de 2/3 de los congresistas para eliminar que ciertas leyes importantes necesiten de la regla de los 2/3. ¿Por qué? Porque en el actual Congreso, el MAS no tiene más esa cantidad de diputados.

Junto a esto, los comités cívicos ahora piden por la derogación de otras normas, como la Ley 1407, que contiene el Plan de Desarrollo Económico y Social, que establece la obligatoriedad para que los gobiernos subnacionales y universidades elaboren su planificación de acuerdo con la impuesta por el gobierno central, o la Ley 1398 de Registro de Comercio, que deja de lado a Fundempresa, una entidad independiente, para otorgarle al Ministerio de Desarrollo Productivo la potestad de crear una entidad dependiente del Ejecutivo que tenga las funciones del registro de todas las empresas de Bolivia.

Varios analistas y periodistas locales coinciden en asegurar que el gobierno de Arce viene en una escalada continua de derrotas y vergüenzas. Estas van desde el fracaso en la extensión de su monopolio de la hoja de coca para producir drogas, hasta la más reciente abrogación, donde ni sacando eventualmente al ejército pudieron intimidar a la población. Arce inicia su segundo año de gobierno totalmente desgastado.

Fuente: Derechadiario.com

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