El máximo tribunal debe rescatar la dignidad, credibilidad y seguridad que ostentaba la magistratura antes de la toma del Palacio de Justicia y ser por completo garantista, objetivo e imparcial. Esto es lo que los colombianos de bien anhelamos.

Al enterarme de algunas de las decisiones adoptadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal no pude menos que recordar que cursaba a finales de la década del 70 los estudios de derecho en la universidad y veíamos, en aquel entonces, con admiración y respeto a quienes se desempeñaban como Magistrados o Consejeros en las Altas Cortes.

Todos ellos ampliamente reconocidos en el país y tenidos por verdaderos juristas, dada su trayectoria en la vida jurídica y nacional. Era un verdadero honor tener a varios de esos honorables magistrados como nuestros insignes profesores en los claustros universitarios, de grata recordación.

Sin embargo, ocurrió lo impensable. Un día aciago para nunca olvidar, con propósitos hasta hoy no esclarecidos pero que empiezan a despuntar, el grupo subversivo M-19 en alianza con el capo Pablo Escobar, a sangre y fuego, sembraron el terror con la toma del Palacio de Justicia y ocasionaron la muerte de 101 personas, entre ellas, a 11 ilustres togados, quienes dadas sus calidades y cualidades deben ser siempre recordados.

Ejemplo de la dignidad y majestad de la justicia en esa época son las últimas palabras que expresó la destacada magistrada Fanny González Franco, quien fuera la primera mujer en llegar a la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral. En medio de las llamas y el fuego infernal causado por los subversivos y que repelieron las fuerzas militares, sostuvo comunicación telefónica con su hermano Otoniel, a quien, seguro presintiendo su cercana partida ante el Creador, le manifestó: “Por voluntad de Dios y autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia. No a llorar ni a pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces, que Dios, el presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria. Muero, pero no me doblego».

Ese era el talante de los magistrados asesinados, quienes se convirtieron en auténticos e indiscutibles mártires, paradigma para la posteridad. Sin embargo, tal sacrificio fue infructuoso, ese funesto suceso de autoría del M-19 transformó e impactó la administración de justicia y hoy, lamentablemente, parece que ese perenne legado se perdió por completo. Hay, entonces, un antes y un después en la institucionalidad de la justicia marcado por el “Holocausto del Palacio de Justicia”.

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La creación de una multiplicidad de Altas Cortes, producto de la Constituyente de 1991, así como los cambios en la forma de elección de los magistrados en ellas, entre otros, han llevado a considerar que ese trágico hecho no solo arrasó con el emblema de la justicia colombiana, sino con la misma justicia. En la hora de ahora pocos, si ello ocurre, distinguen a algunos de los que ocupan esa honrosa posición.

Lo que sí se conoce son noticias de desprestigio para la Rama Judicial, columna vertebral de un sistema democrático de gobierno. Así, se ha llegado hasta popularmente hablar del “Cartel de la Toga”, denominación que se da a grupos de delincuencia organizada, lo que representa hasta dónde ha llegado el declive de la institucionalidad de la justicia. No hay calificativo para reprochar la conducta de funcionarios judiciales que llegaron a esa alta investidura, que incluso presidieron esa Corporación, y han sido señalados por la misma Justicia como infractores de ella, lo que de suyo ha llevado al quebrantamiento de la confianza y la seguridad de la sociedad en su máximo pilar, la justicia. Hoy afrontan severa condena o continúan en medio de investigaciones por los graves delitos que se les imputa y que se conocieron en el 2017, los magistrados Francisco Ricaurte, Leónidas Bustos, Gustavo Malo y Camilo Ruiz. Crisis ética en la cúpula del poder judicial.

Con todo, ese grave escándalo pareciera querer sepultarse con otro, esto es, dando paso a una peligrosa y cuestionable persecución en contra de colombianos por ser afines a determinado sector ideológico. Es la era de la politización de la justicia. Grave, supremamente grave, que ello ocurra. Baste traer a colación la declaración que entregó a Caracol mediáticamente el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, que temeraria y abusivamente afirmó que era “cuestionable” que la defensa del expresidente “hiciera equipo” con la Fiscalía.

Ante el reclamo, según se supo, de varios de sus colegas de la propia Corte Suprema corrió a excusarse y a manera de retractación dejó saber que lo hizo a nombre propio, comportamiento que no es admisible, en forma alguna, en un magistrado, menos aún en el presidente de la Corporación, no obstante, nada pasa. Pero la persecución sigue y el daño queda.

Y ahí no para. Supremamente difícil de comprender resulta que esa Alta Corte es la que niega la petición del Director del Inpec, general Mariano Botero Coy, sobre la necesidad de trasladar al testigo Juan Guillermo Monsalve, de quien la Revista Semana informó el lugar privilegiado en donde se halla y de los excesos similares a los que Pablo Escobar tenía en su catedral de Envigado.

Por mucho menos se han hecho traslados y no dentro del mismo centro carcelario. Y menos, jurídicamente se entiende, que se deben conservar “esas medidas especiales” por cuanto en memorial remitido al despacho del magistrado César Augusto Reyes Medina, Iván Cepeda, las víctimas y los abogados que actúan en el proceso que ahora se adelanta en la Fiscalía contra el exsenador Uribe Vélez “documentan” la necesidad de esa protección. Dos inquietudes ¿Corresponde a los sujetos nombrados “documentar” el requerimiento de protección? ¿Si el proceso está en la Fiscalía, por qué la Sala Especial de Instrucción sigue pronunciándose en ese expediente?

Hay que añadir al listado que ahora la Corte, sirviendo de intermediario de Iván Cepeda, dispuso remitir el memorial que éste le presentara para que se investigue a otro de los abogados que desempeñan el papel de defensor del expresidente Uribe. En esta oportunidad le tocó el turno al doctor Víctor Mosquera.

Se continúa con la solicitud que el magistrado César Reyes formulara a la Fiscalía, y que no es comprensible, pudiéndose más bien atribuir a una no autorizada injerencia, por no indicar presión indebida, para que se le informe de los avances en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, así como del estado de las averiguaciones penales seguidas contra Janeth Niño y el Tuso Sierra. Mientras hay tanta diligencia en este proceso, existen otros en que pese a las pruebas no avanzan, y dentro de ellos se encuentra el de uno de los integrantes del M-19 que realizó el “Holocausto”. ¿Quién lo creyera? Es el antes y el ahora de la Corte Suprema de Justicia.

Ni el mejor libretista de ficción o de la dimensión desconocida se atreve a vaticinar con qué más nos va a sorprender esta actual Corte Suprema de Justicia.

No puedo concluir sin mencionar que el representante a la Cámara,  Álvaro Hernán Prada, argumentando falta de garantías en la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia se vio obligado a renunciar a su fuero y perder su curul. Esperó Prada, pero a la postre confirmó la ausencia de garantías y a un costo altísimo personal y político dimitió a su curul.

El máximo tribunal debe rescatar la dignidad, credibilidad y seguridad que ostentaba la magistratura antes de la toma del Palacio de Justicia y ser por completo garantista, objetivo e imparcial, es lo que los colombianos de bien anhelamos o será que resulta aplicable en Colombia la expresión de Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”

Bernardo Henao Jaramillo – panampost.com