Redacción BLes – La Administración Trump criticó una nueva reglamentación del estado de Oregón que inhibe el trabajo de los agentes federales de inmigración a la hora de detener a criminales extranjeros indocumentados.

La nueva norma estatal fue promulgada el 14 de noviembre y establece que las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deben contar con órdenes de arresto para detener, en propiedades de la justicia, a inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos, informó el medio local Oregon Public Broadcasting.

Los críticos de la propuesta, promulgada por la juez presidente del Tribunal Supremo de Oregón, Martha Walters, argumentan que, de esta forma, extranjeros acusados de crímenes que se encuentran prófugos y son detenidos por otras causas, no pueden ser puestos a disposición de las autoridades federales (salvo que estos cuenten con una orden de arresto) y por ende podrían quedar en libertad.

De tal manera, exponen el eventual peligro que podría generar que un criminal quede libre en la comunidad, mientras que al ICE solo le quedaría la opción de tramitar una orden de allanamiento de una propiedad privada, con los retrasos que el trámite conlleva.

En ese marco, el Procurador General de los Estados Unidos, William Barr, y el Secretario de Seguridad Nacional en funciones, Chad Wolf, mostraron su disconformidad con la medida y aconsejaron a la jueza Mary Fairhurst, presidente del Tribunal Supremo del estado de Washington, que no siguiera los mismos pasos que la justicia de Oregon.

“Les instamos a ambas a que reconsideren este peligroso e ilegal curso de acción”, escribieron Barr y Wolf en una carta fechada el 21 de noviembre.

En efecto, los funcionarios federales hicieron hincapié en la necesidad de coordinar entre las distintas jurisdicciones en pos de fortalecer la seguridad en la comunidad.

“La cooperación entre las autoridades locales, estatales y federales es de interés público y promueve comunidades seguras”, explicaron en el texto.

El peligro de las políticas ‘santuario’

El problema de fondo radica en las llamadas ‘políticas santuario‘. Según un reporte de Fox News, bajo el argumento de cuidar la identidad de los extranjeros que residen ilegalmente en EE. UU., las autoridades locales que aplican esas normativas impiden que los agentes federales de inmigración apresen y deporten a criminales indocumentados.

Desde los primeros días de la presidencia de Trump, su administración ha luchado contra el concepto de ‘ciudad santuario’ al verlas como refugios de criminales y bandas de crimen organizado como la sangrienta pandilla MS-13.

“Las políticas de las ciudades santuario no protegen a las comunidades, sino que las ponen en peligro. Son una afrenta al estado de derecho, a nuestra Constitución, y van en contra de todos nuestros instintos como profesionales de la aplicación de la ley”, dijo días atrás el secretario Wolf al finalizar un encuentro en Raleigh, la capital de Carolina del Norte.

En ese sentido, Barr y Wolf explicaron en su carta que el gobierno federal necesita la cooperación de los estados y la policía local para identificar, retener temporalmente y, en última instancia, deportar a los extranjeros criminales que presentan peligros para las comunidades.

“Las ramas políticas de sus Estados han adoptado, según tenemos entendido, leyes y políticas que impiden la cooperación con las autoridades federales en el área de inmigración”, apuntaron.

“En lugar de permitir la transferencia segura de la custodia de los extranjeros delincuentes en un entorno seguro, estas leyes y políticas estatales peligrosas obligan a los agentes del orden público federal a localizar y arrestar criminales extranjeros en general dentro de las comunidades en peligro potencial para los oficiales y el público”, explicaron.

En efecto, los funcionaron expusieron que la aplicación de ‘políticas santuario’ han dado lugar a la liberación de delincuentes extranjeros que están acusados por delitos graves y violentos, como asaltos con violencia doméstica y tráfico de drogas.

Aún más, en el escrito anexaron una variedad de casos de personas que han cometido “crímenes atroces”, pero fueron liberadas bajo las políticas ‘santuario’, poniendo en peligro a los ciudadanos de sus estados.

Oregón y Washington son llamados ‘estados santuario’ por sus políticas ‘blandas’ con respecto a los inmigrantes ilegales. Están gobernados por políticos demócratas.

“Independientemente de cómo uno vea nuestras leyes de inmigración, todos debemos estar de acuerdo en que la seguridad pública debe ser una preocupación primordial”, apuntaron los funcionarios federales Barr y Wolf.

“Las reglas de la corte que pretenden restringir aún más las operaciones legales de los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley sólo sirven para exacerbar las leyes y políticas santuario que continúan poniendo a nuestras comunidades en un riesgo inaceptable”, añadieron.

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