Redacción BLesTal como lo anunció el viernes el canciller del Sistema Universitario de Maryland (USM), Jay A. Perman, se requerirá que los estudiantes, profesores y personal de trabajo de sus 12 instituciones se vacunen contra el virus PCCh para poder comenzar el semestre de otoño, sumándose de este modo a las instituciones que violan el código de Nuremberg, el cual establece varias normas internacionales que apuntan a regular las actividades de experimentación en seres humanos.

“Estoy convencido de que el riesgo de hacer muy poco para contener COVID en el campus este otoño es mucho mayor que el riesgo de hacer demasiado. Por esta razón, exijo que todos los estudiantes, profesores y personal elegibles que estarán en nuestros campus de Maryland este otoño se vacunen contra el COVID”, dijo en el comunicado Perman.

A pesar de que las universidades son la cuna de los científicos, las autoridades del USM parecen haber olvidado analizar algunos datos antes de tomar decisiones tan tajantes y polémicas como las que acaban de anunciar que afectan directamente a sus 176 mil estudiantes, docentes y personal.

Según los datos reportados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los estudiantes en edad universitaria tienen 870 veces menos probabilidades de morir a causa de una infección por el virus PCCh que las personas de 85 años o más, el grupo con mayor riesgo de un desenlace fatal. Las personas de entre 15 y 24 años representaron el 1,7 por ciento de todas las muertes por virus PCCh en los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta estos datos y que las vacunas aún están en período de prueba con miles de factores adversos denunciados y cientos de muertes directas luego de su inoculación, no quedan claro los motivos de porqué se debería exponer a una población, que no es de riesgo frente al virus PCCh, a colocarse la vacuna. 

La polémica central en torno a la obligación de colocarse la vacuna contra el virus PCCh, es que las mismas no están aprobadas como vacunas seguras por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), debido a que aún se encuentran en período de prueba y están disponibles solo bajo una “autorización de uso de emergencia”.

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Además, la obligación de ser vacunado es un equivalente puntual de lo que se conoce como un pasaporte de vacuna, una estrategia de salud pública que ya ha sido prohibida en algunos estados como Florida y Dakota del Sur. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sugirió que podría ir incluso más allá y prohibir que las entidades privadas exijan pruebas de vacunación.

Además de los cuestionamientos morales asociados al riesgo al que la Universidad está obligando a sus estudiantes a enfrentar, está la cuestión legal que no es menos polémica. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando las audiencias de Nuremberg revelaron que los médicos nazis habían forzado o coaccionado a prisioneros de guerra y a otras personas a experimentos humanos riesgosos e incluso mortales, el tribunal ayudó a crear lo que se conoció como el Código de Nuremberg de 1947, el cual establece varias normas internacionales que apuntan a regular las actividades de experimentación en seres humanos. La mayor parte de los países, incluido Estados Unidos, adhiere y forma parte de estas normativas.

El primer y más extenso principio del Código determina cuáles son las estrictas condiciones para establecer el consentimiento voluntario de quienes se someten a la experimentación humana, incluido que el individuo no puede estar expuesto a “ningún elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción, extralimitación u otra forma ulterior de restricción o coerción”.

No hay dudas sobre el hecho de que si las Universidades de Maryland exigen a sus estudiantes a que reciban estos tratamientos experimentales es, por definición, coercitivo y viola este primer principio del Código de Nuremberg, lo que lo convierte, al menos en este punto, en una falta de ética manifiesta, que además incumple con las obligaciones legales a las cuales los Estados Unidos está comprometida internacionalmente.

Otro punto interesante es el del sexto principio del Código de Nuremberg “contra el riesgo desproporcionado”. Este afirma que: “El grado de riesgo a tomar nunca debe exceder el determinado por la importancia humanitaria del problema a ser resuelto por el experimento”.

Cabe destacar que los CDC publicaron datos la semana pasada en su sistema VAERS, que muestran “56.869 informes de eventos adversos después de las vacunas COVID, incluidas 2.342 muertes y 7.971 lesiones graves entre el 14 de diciembre de 2020 y el 1 de abril de 2021”.

Andrés Vacca– BLes.com