Redacción BLes- Finalizando su primer mandato el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsó el uso de un arma oculta para los jueces, los fiscales y los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a sus familias, y otras normas de protección mediante una orden ejecutiva.

“El año pasado un ex litigante ante un juez federal en Nueva Jersey asesinó trágicamente al hijo de 20 años de la jueza e hirió gravemente a su esposo”, citó el presidente Trump en la Orden Ejecutiva del 18 de enero, ilustrando -de esta forma- parte de los riesgos que corren los funcionarios judiciales.

Aunque desde el 2004 la legislación autorizó el uso de armas ocultas a los funcionarios judiciales, Trump ordena al Congreso ampliar y agilizar la legislación para “combatir las amenazas de violencia contra los jueces, los fiscales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

“La ley federal ya permite a los agentes del orden público federales y estatales protegerse llevando un arma de fuego oculta, pero el Gobierno Federal puede hacer más para reducir la burocracia que los agentes del orden público federales deben navegar para ejercer su derecho”, amplió.

En este sentido los jefes de todos los organismos involucrados con los funcionarios judiciales presentarán un informe al Presidente, 30 días después, informando sobre la aplicación de esta orden.

Además “analizarán la capacidad de las personas calificadas para portar un arma de fuego oculta”, de acuerdo con la Ley de seguridad de los agentes del orden público de 2004, en su forma enmendada (18 U.S.C. 926B, 926C) (LEOSA).

Igualmente, Trump amplía los procedimientos establecidos para que la LEOSA cumpla con el objetivo de protección para el cual fue aprobada.

Establece que se reduzca la información personal sobre los jueces y demás funcionarios en riesgo, y que se aumenten las penas para quienes los amenacen o los agredan, entre otras disposiciones.

Ya a mediados de diciembre una coalición nacional bipartidista de 51 fiscales generales instó al Congreso a que aprobara una legislación destinada a proteger la seguridad de los jueces federales y sus familias.

Esta solicitud fue motivada por el asesinato de Daniel Anderl, de 20 años de edad, hijo de la Jueza Esther Salas del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

El crimen ocurrió cuando un abogado “trastornado” llegó a la casa de Salas y disparó contra Daniel y contra el esposo de la juez, este sobrevivió al ataque que tuvo lugar el 19 de julio de 2020.

La coalición fue promovida por el Fiscal General Gurbir S. Grewal, quien se refirió a esta tragedia diciendo: “Nadie debería sufrir ese tipo de abuso, y mucho menos el tipo de dolor infligido a la Juez Salas y su familia”.

Así, el presidente Trump respondió con la orden ejecutiva a la necesidad de protección que se hizo evidente, ante la pérdida de la vida del hijo de la jueza Salas.

José Hermosa-BLes.com