Redacción BLes – La Corte Suprema acordó el viernes (13/12/2019) programar tres casos, para decidir si el presidente de los EE. UU., Donald J. Trump, puede proteger la privacidad de los datos financieros tanto de sus cuentas bancarias como de su empresa de contabilidad.

En un comunicado, explicó que escuchará en marzo de 2020 –algunos meses antes de las elecciones presidenciales– los alegatos de todas las causas por separado.

Al mes siguiente, en junio, el alto tribunal dictará si las dos peticiones judiciales emitidas por dos órganos de la Cámara de Representantes –controlada por los demócratas– y una tercera realizada por el estado de Nueva York tienen la capacidad de forzar al actual líder de la nación a publicar sus registros personales bancarios y contables.

El asunto principal a dirimir es en qué medida están sometidos a la supervisión y fiscalización parlamentaria los negocios privados que un presidente tenía antes de asumir su cargo, concretó Fox News.

También se estudiará hasta qué punto un líder de los EE. UU. –en ejercicio– puede estar sujeto a investigaciones y enjuiciamientos estatales y locales del gran jurado.

“Nos complace que la Corte Suprema haya otorgado una revisión de los tres casos pendientes del presidente”, comentó Jay Sekulow, abogado del presidente, en un comunicado citado por Fox News. 

“Estos casos plantean importantes problemas constitucionales. Esperamos presentar nuestros argumentos escritos y orales”, añadió Sekulow, que forma parte del equipo legal del presidente Trump que pidió la intervención del Supremo después de que un tribunal federal inferior fallara en contra del mandatario.

Las tres controvertidas peticiones 

La primera de las citaciones judiciales de registros corre a cargo del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, Jr., que exige la presentación de los impuestos del mandatario y sus entidades comerciales con sede en Nueva York, para buscar –entre otras cosas– supuestos pagos a dos mujeres que reclamaron haber tenido encuentros sexuales con él. Reclamos que el propio Donald Trump ha rechazado.

Por otra parte, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, solicitó ocho años de registros bancarios del presidente Trump, para investigar supuestas manipulaciones de cifras para la obtención de créditos y otras denuncias de su elaborado, Michael Cohen, actualmente en prisión por falsos testimonios y corrupción.

En el tercer y último caso, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes solicitaron los registros personales del presidente con Deutsche Bank y varias de sus entidades, así como de sus hijos e incluso sus nietos.

“La amenaza práctica que el proceso penal estatal representa para un presidente no puede exagerarse. Los fiscales estatales y locales tienen incentivos masivos para atacarlo con investigaciones y citaciones para avanzar en sus carreras, mejorar sus perspectivas de reelección o hacer una declaración política”, reza la petición de intervención que el presidente Trump envió a la Corte Suprema. 

“Desatar los cincuenta estados y miles de gobiernos locales para llevar a cabo sus propias investigaciones criminales de amplio alcance de un presidente en funciones es inimaginable”, argumentó el dirigente.

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