Redacción BLes – En un dictamen sin precedentes, un juez federal ordenó que el gobierno de los EE. UU., liderado por el presidente Donald J. Trump, debe proporcionar servicios de salud mental a miles de familias que ingresaron ilegalmente en el país por ser procesados penalmente, después de ser separados.

El juez John A. Kronstadt, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles, aludiendo a la doctrina del “peligro creado por el estado” responsabilizó al gobierno federal de generar “trauma mental grave para los padres y sus hijos”, de acuerdo al informe citado por The Hill.

En esa línea, instó a la administración Trump a poner a disposición de los inmigrantes afectados todos los servicios disponibles, incluyendo exámenes de salud mental y asesoramiento psicológico sin importar la duración ni el precio de los mismos.

El magistrado argumentó que el gobierno actuó con “indiferencia deliberada” colocando a los inmigrantes ilegales en situaciones peligrosas, hasta que el presidente Donald Trump retiró la política de separar a los familiares implementada por su predecesor Barack Hussein Obama.

“Obama separó a los niños, por cierto. Para que entiendan, el presidente Obama separó a los niños. Las jaulas que se mostraron, creo que eran muy inapropiadas, fueron construidas por el gobierno del presidente Obama, no por Trump”, dijo el dirigente en aquel entonces especificando que las “jaulas” que las fotografías que circulaban como si fueran de niños separados por la política de Trump databan en realidad de 2014, y “las construyó el Gobierno de Obama”.

“El presidente Obama tuvo la separación infantil. Echen un vistazo. La prensa lo sabe, ustedes lo saben. Todos lo sabemos. Yo soy el que lo detuvo”, concluyó.

Los abogados del gobierno, por su parte, rechazaron la posibilidad de que Estados Unidos sea finalmente considerado responsable de los problemas de salud mental que afectan a las familias de inmigrantes ilegales aludiendo a que no existen pruebas que señalen que sus miembros sufrieron daño psicológico debido a su separación y posterior reunión, señaló The Hill citando a sus fuentes.

Cabe mencionar que hasta la fecha, el principio del “peligro creado por el estado” citado por el juez Kronstadt para su dictamen, solo se había usado para denunciar a funcionarios o empleadores públicos.

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