El Estado sureño, históricamente conservador, solicitó este jueves 22 de julio la anulación del histórico fallo que sienta jurisprudencia en materia de derechos del aborto. La Fiscal General Lynn Fitch llevará a cabo la disputa judicial.

La Fiscal General del Estado de Mississippi, Lynn Fitch, elevó un pedido este jueves 22 de julio a la Corte Suprema de los Estados Unidos en búsqueda de la anulación del histórico fallo Roe v. Wade, la decisión que el máximo tribunal tomó en 1973 y despenalizó de facto el aborto en el país.

El pedido fue realizado por el gobierno republicano de Tate Reeves para que una ley de Mississippi que prohibió los abortos de mujeres con más de 15 semanas de embarazo, no sea declarada inconstitucional.

La ley pasó por la Asamblea de Mississippi en 2018, pero desde entonces está bloqueada en distintas cortes inferiores y, luego de varias apelaciones, finalmente la ley llegó a la Corte Suprema. El máximo tribunal, que actualmente tiene mayoría conservadora y provida, escuchará la argumentación en noviembre y tendrá que dar una sentencia para antes de junio del 2022.

La principal argumentación de Fitch es que el aborto es un tema político, no judicial, que debe ser tratado por las Legislaturas de cada Estado, no por la Corte Suprema para toda la unión. Según la Fiscal General, la definición del aborto por el Poder Legislativa haría posible el encuentro de un consenso y que las diferencias puedan ser resueltas mediante la votación.

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La ley de Mississippi fue denunciada judicialmente por la única clínica de abortos que opera en el Estado, la Jackson Women’s Health Organization, con apoyo de grupos progresistas y organizaciones que promueven el aborto, con el Center for Reproductive Rights (CRR) encabezando la disputa.

La Presidente de la CRR, Nancy Northup, tiene una amplia experiencia judicializando las leyes provida, incluso liderando la batalla legal de Whole Woman’s Health v. Hellerstedt en 2016, que resultó en una victoria de los sectores pro aborto sosteniendo la decisión de 1973.

Sin embargo, esta demanda, rotulada como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, ya que la clínica de abortos denunció directamente al Ministro de Salud de Mississippi, Thomas E. Dobbs, llega a la Corte Suprema en una situación completamente distinta a la del 2016.

En aquel entonces, los jueces conservadores eran minoría y perdieron 6-3 con el voto del ya retirado juez republicano Anthony Kennedy en favor del aborto. De todos modos, aquella vez fue muy positivo para el movimiento provida que el juez John Roberts votara en contra, ya que él tiene un perfil más moderado y podría haberse parado con los jueces progresistas, como hizo ya tantas veces.

Incluso sin el voto de Roberts, luego de la magistral aprobación de jueces conservadores durante el gobierno de Trump, hoy la Corte Suprema debería rechazar el emblemático caso Roe v. Wade sin problemas, con una super-mayoría conservadora de 6-3.

Pero conociendo la historia de Estados Unidos, esto no está asegurado. Para que la Corte Suprema desestime una fallo que adoptó el mismo tribunal en el pasado, debería encontrar desperfectos legales en la jurisprudencia, y no solamente votar por su opinión personal sobre el tema.

En sintonía con Mississippi y aprovechando la situación, el gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, firmó una ley este año que terminaría con el aborto en el territorio texano si Roe v. Wade finalmente se desestima por parte de la Corte Suprema.

La legislación firmada por Abbott este 20 de julio se trata de una “ley gatillo“, lo cual significa que entraría en efecto automáticamente en caso de que los siguientes 3 supuestos sucedan:

  • La Corte Suprema anula total o parcialmente el fallo Roe v. Wade, modificado por el fallo Planned Parenthood v. Casey, lo que habilitaría a los Estados a prohibir el aborto.
  • La emisión de cualquier otra Corte Suprema local dentro de los Estados Unidos que tome la decisión de reconocer la autoridad de los diferentes Estados para prohibir el aborto.
  • La adopción de una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que permita restaurar total o parcialmente la potestad de los Estados para prohibir el aborto.

Fuente: La Derecha Diario