El presidente abandonó completamente la responsabilidad fiscal y anunció una quita de US$ 10.000 para prestatarios calificados, y hasta US$ 20.000 para beneficiarios de la Beca Pell.

El presidente Joe Biden se encamina a cumplir sus irresponsables promesas de campaña y anunció una masiva cancelación de deudas estudiantiles, con efectos dramáticos sobre la estabilidad económica.

Por decreto, la administración cancelará US$ 10.000 para deudores calificados, siempre que se declaren ingresos anuales de hasta US$ 125.000, y un límite adicional por US$ 250.000 anuales en el caso de las parejas.

Aquellas personas beneficiarias de la Beca Pell, podrán descontar incluso hasta US$ 20.000 para cancelar o reducir su deuda estudiantil. Esta beca existe desde 1965, pero hasta ahora jamás había sido rescatada por el Gobierno federal.

La política fiscal de Biden y los demócratas demostró ser abiertamente contradictoria en sí misma. En total, la cancelación de deudas estudiantiles le significarán un costo total al Gobierno (y a los contribuyentes) de entre 400.000 millones y 600.000 millones de dólares. Este monto sideral supone abandonar cualquier tipo de responsabilidad fiscal y podría encaminar al país a una peligrosa inflación.

En respuesta a la inflación más alta de los últimos 40 años, el presidente Biden impulsó la llamada “Ley de Reducción de la Inflación”, que presentaba un plan para reducir el déficit fiscal y con ello pretendía así disminuir la monetización de los desequilibrios y combatir la inflación. Con esta medida, todo el programa fue completamente boicoteado.

El economista Marc Goldwein estima que el costo de la cancelación de deudas es dos veces superior a todos los ahorros previstos en la Ley de Reducción de la Inflación. Aún de cumplirse efectivamente, la ley no tendrá ningún efecto sobre la inflación porque los desequilibrios crecerán independientemente de las normativas que allí se establecen.

No se anunció ninguna compensación en ajustes fiscales sobre otras áreas del presupuesto federal, o nuevos aumentos tributarios equivalentes al costo de la cancelación de deudas. Sin un sendero creíble para la reducción del déficit fiscal primario y financiero, se cae la promesa para que el Gobierno sea capaz de pagar sus desequilibrios con recursos genuinos o con deuda remunerada.

 

Como explica el economista John Cochrane, la falta de credibilidad del Gobierno de Biden es un factor que impulsa constantemente la inflación. Con la Ley de Reducción de la Inflación boicoteada, ya no existe ningún tipo de ancla fiscal ni monetaria sobre la cual poder atar las expectativas.

El nivel de los precios se ajustará indefinidamente (inflación) hasta que el valor real de la deuda pública de Estados Unidos se iguale al valor presente de todos los desequilibrios fiscales que Biden pretende sostener en el tiempo. Se corre el peligro de profundizar aún más la estanflación en la economía más grande del mundo.

Por otra parte, la cancelación de préstamos contribuye a la penalización de los incentivos para ahorrar. Millones de personas decidieron resignar una parte de sus ingresos durante años con el fin de financiar la educación superior de sus hijos, pero la intervención del Gobierno envía una señal que indica que todo eso fue inútil.

Así como los regímenes privados de capitalización previsional, el ahorro para financiar la educación superior cumplía un rol muy importante para la financiación de créditos en proyectos de inversión de todo tipo. Menos ahorro implica menos inversión y menos acumulación de capital, factores indispensables para sostener el crecimiento económico a largo plazo.

Fuente: La Derecha Diario

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