Redacción BLesLa administración Biden solicitó a la Corte Suprema bloquear el cumplimiento de la Ley de latidos del corazón vigente en Texas, que ya había ratificado el mes pasado en respuesta a otros demandantes. 

Esta vez el Departamento de Justicia (DOJ, por la sigla en inglés) presentó una solicitud de emergencia argumentando que su caso era diferente, y que busca que un derecho constitucional no sea impedido en la jurisdicción del estado de Texas, de acuerdo con The Washington Free Beacon del 18 de octubre. 

La Ley de latidos de Texas, exige a los abortistas que detecten el latido del corazón de un bebé prematuro y prohíbe el aborto en caso de que ya se pueda percibir (generalmente a partir de las seis semanas), con excepciones solo en caso de emergencia médica. 

Durante el breve período que ha estado en vigencia esta ley en Texas, alrededor de un mes, conocida también como S.B. 8, ha impedido casi 5.000 abortos, según cree Marjorie Dannenfelser, presidenta de la organización provida Susan B. Anthony List.

Luego de que la Corte Suprema se negara a suspender la ley S.B. 8 en el caso presentado anteriormente, las cadenas abortistas Planned Parenthood y Whole Woman’s Health tuvieron que suspender temporalmente los abortos más allá de las seis semanas en el estado.

Asimismo, la ley faculta “exclusivamente” a los ciudadanos particulares a interponer demandas civiles contra los abortistas que la infrinjan, sin tener que seguir los trámites correspondientes a las acciones judiciales estatales.

En este contexto, es de considerar que la aplicación de una ley determinada suele ser ejecutada por un conjunto distinto de funcionarios públicos. Al ser bloqueada, un juez prohíbe a los funcionarios específicos aplicarla. 

Dado que son los ciudadanos los que aplican la S.B. 8, las clínicas abortistas han tenido que luchar para definir un objetivo concreto y prohibir permanentemente la ley.

Aunque la decisión de la Corte Suprema en el caso anterior se tomó por 5 votos a favor y 4 en contra, no se basó en los méritos de la ley, sino en que en ese momento no había una demanda de aplicación que pudiera dar a la industria del aborto la capacidad de solicitar una reparación. 

Es de tener en cuenta que la solicitud hecha en ese caso por el DOJ argumentaba que los centros abortistas están siendo afectados negativamente por la incertidumbre a la que les obligaba la ley. 

Por su parte, Dannenfelser  dijo sobre la ley S.B. 8: “El pueblo de Texas hablando a través de sus legisladores estatales actuó para proteger a los niños no nacidos con corazones que laten, que son tan humanos como tú y yo”. 

No obstante, el fiscal general, Merrick Garland, aseguró que “la lucha no ha hecho más que empezar”, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden “apoya la codificación de Roe v. Wade” y “ha dirigido una respuesta de todo el gobierno a la S.B. 8”.

Por lo pronto, la tensión ante el esperado pronunciamiento de la Corte Suprema sube al máximo entre todos los involucrados en el proceso. El veredicto determinaría realmente cuántos de los jueces están en favor de la vida de los bebés por nacer. 

José Hermosa – BLes.com

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