Redacción BLesUn juez federal bloqueó una ley firmada en mayo por el gobernador Ron DeSantis que permitía a la gente demandar a las redes sociales por censura y multarlas hasta 250.000 dólares por cada día que las cuentas de políticos en campaña estén suspendidas.

El miércoles 30 de junio el juez del Distrito Norte de Florida, Robert L. Hinkle, mediante una orden preliminar impidió que el estado aplicara casi todas las partes de la ley, argumentando que: “Equilibrar el intercambio de ideas entre oradores privados no es un interés gubernamental legítimo”.

Según New York Post, la controversia de la ley de DeSantis yace en que la ley exime a plataformas de Internet “operadas por una empresa que posee y opera un parque temático o un complejo de ocio” – que en este caso sería Disney World la excepción – y que solo apunta a compañías que facturan más de 100 millones anuales, apuntando claramente a los gigantes de Silicon Valley, Facebook y Twitter.

No obstante, Facebook y Twitter son dos de las más grandes e importantes redes sociales donde mucha gente acude para informarse, no siendo el mismo caso para un parque temático como Disney World. Sumado al hecho de que ambas compañías de Silicon Valley han desatado una guerra contra las voces conservadoras siendo el caso de la censura al expresidente Donald Trump el de más alto perfil.

“[La ley] discrimina a primera vista entre hablantes que, por lo demás, son idénticos: entre proveedores de redes sociales que cumplen o no los requisitos de tamaño de la legislación y que son o no de propiedad común con un parque temático. La legislación no sobrevive al escrutinio estricto”, escribió el juez en su fallo, haciendo una comparación entre compañías que han censurado activamente y selectivamente con una dedicada al entretenimiento de niños y familias.

“Planeamos apelar inmediatamente al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito”, dijo la secretaria de prensa de DeSantis, Christina Pushaw. “El gobernador DeSantis sigue luchando por la libertad de expresión y contra la censura discriminatoria de Big Tech”.

El caso bien podría terminar en la Corte Suprema si la corte de apelación mantiene el fallo del juez Hinkle.

El caso llegó al juzgado federal luego de que dos grupos comerciales de tecnología NetChoice y la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones -que representan a Facebook, Twitter, Amazon, PayPal, TikTok, Airbnb y una lista de otras empresas- describieron la ley como una violación a la Primera Enmienda y un paso hacia una Internet distópica y controlada por el gobierno.

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“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los legisladores de Florida promueven proyectos de ley inconstitucionales que nos acercan a los medios de comunicación y a un Internet dirigidos por el Estado”, dijo Carl Szabo, vicepresidente y consejero general de NetChoice. “Al debilitar los derechos de la Primera Enmienda de algunos, Florida debilita los derechos de la Primera Enmienda de todos”.

Sin embargo, el concepto de la ley del gobernador de Florida no busca que la autoridad del gobierno regule o controle el discurso en Internet sino más bien penalizar a las compañías que censuren a políticos que no comparten la ideología de izquierda, progresista de Silicon Valley. Existen decenas de ejemplos de estas instancias.

“Cualquier floridano puede bloquear a cualquier candidato del que no quiera saber nada, y eso es un derecho que pertenece a cada ciudadano, no es algo que deban decidir las grandes empresas tecnológicas”, aclaró el equipo de prensa del gobernador explicando el alcance de la ley.

La cuestión de la inmunidad que la sección 230 de la Ley de Decencia en la Comunicación provee a las redes sociales, ha sido tópico de debate entre conservadores y demócratas que como la censura de las  Big Tech tiende a favorecer la ideología de izquierda o el progresismo, los demócratas no se han involucrado o se han mostrado en contra de modificar la protección legal de la que estas compañías gozan actualmente.

En lo que fue un fallo histórico del sistema judicial estadounidense, la Corte Suprema de Texas dictaminó el pasado 26 de junio, que las víctimas de explotación sexual que fueron ‘reclutadas’ a través de Facebook, podrán demandar a la empresa por haber permitido que sus traficantes utilicen la plataforma no solo para engañarlas sino para lucrar con ellas.

Si las demandas se concretan y Facebook tiene que compensar a estas víctimas, quizás tanto Twitter como Facebook, sean más estrictos a la hora de combatir la trata de personas y no solo asegurarse de censurar ideas conservadoras.

Alvaro Colombres Garmendia– BLes.com