Redacción BLesLuego de que los estadounidenses perdieran decenas de miles de empleos por la cancelación del oleoducto Keystone XL hecha por el presidente, Joe Biden, parece que perderán también 15.000 millones de dólares para compensar los daños causados. 

Esa es la cantidad que la empresa canadiense, TC Energy, anunció que exige a la administración Biden como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, a través de una demanda de acuerdo con Daily Wire del 5 de julio. 

La licencia que autorizaba la construcción del gigantesco oleoducto vinculaba también al Canadá, por lo que la demanda de TC Energy es de carácter internacional, y está amparada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En este sentido, la empresa comunicó que había: “presentado una notificación de intención para iniciar una reclamación por el legado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en virtud del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá para recuperar los daños económicos resultantes de la revocación del permiso presidencial del proyecto Keystone XL”.

La inversión estimada en el megaproyecto alcanzaba los 8.000 millones de dólares, tendría una extensión de 2.000 kilómetros y se ubicaría entre Hardisty, Alberta, Canadá, y Steele City, Nebraska, Estados Unidos.

Esta nueva acción judicial contra la decisión de Biden se une a la que presentaron 21 estados, argumentando que se había extralimitado en sus funciones, y que solo el Congreso estaba capacitado para revocar el permiso internacional. 

“El poder de regular el comercio exterior e interestatal pertenece al Congreso, no al Presidente. Este es otro ejemplo de cómo Joe Biden se extralimita en sus funciones constitucionales en detrimento de los montaneses”, declaró el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, republicano.

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un comunicado en el que anunciaba el caso: “Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden se ha propuesto deshacer todos los avances de la administración anterior, con total desprecio por los límites constitucionales de su poder”, según Daily Wire. 

Y agregó: “Su decisión de revocar el permiso del oleoducto no solo es ilegal, sino que también devastará los medios de vida de miles de trabajadores, sus familias y sus comunidades”.

La administración Biden ignoró que la cancelación del proyecto elimina más de 52 mil empleos directos, y los empleos adicionales creados por empresas y comercios proveedores de servicios resultantes

Tampoco valoró que el funcionamiento del oleoducto era una cuestión de seguridad nacional, dado que implicaba mantener la total independencia energética lograda por el entonces presidente, Donald Trump.  

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Biden sostiene en su agenda un gran ítem que se llama “Green New Deal”, y sin duda esta acción es parte de ese objetivo, incluido en los planes globalistas de la izquierda internacional. 

Asimismo, se adhiere al polémico Acuerdo Climático de París, dejando de lado las prioridades energéticas y económicas del país. 

Las críticas contra Biden por el demoledor impacto al que somete a los estadounidenses no se hicieron esperar desde los diversos sectores perjudicados. 

Por otro lado, es de esperar un elevado aumento de los costos de la energía, perjudicando directamente a los consumidores estadounidenses.

En este contexto, el senador Steve Daines, republicano por Montana, condenó la medida y advirtió que sería una posible catástrofe para los ciudadanos.

“Esto va a tener un efecto directo en los bolsillos del pueblo estadounidense, aquí, en medio de una pandemia”, dijo Daines. 

Y agregó: “(La acción de Biden) invierte el curso y vuelve a colocar la dependencia en el Medio Oriente. Esa es una política terrible para nuestro país. Parece que se preocupa más por los trabajadores en Arabia Saudita que por los trabajadores en Estados Unidos”.

José Hermosa – BLes.com