Es la primera vez desde 1990 que un Gobierno estadounidense decide aumentar los impuestos en plena recesión. Los demócratas dieron media sanción al nuevo paquete fiscal, y el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su tratamiento definitivo.

El Gobierno de Joe Biden envió la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” (IRA por sus siglas en inglés), que en la práctica supone una versión simplificada y moderada del programa Build Back Better original. Estos cambios se produjeron debido a que el primer esquema era celosamente extremista y corría el riesgo de no ser aprobado por las cámaras legislativas.

La ley plantea 3 pilares principales: la expansión del gasto público, la inclusión de nuevas regulaciones climáticas y un fuerte aumento de los impuestos.

Este último es particularmente paradigmático, debido a que Biden pretende convertirse en el primer Presidente estadounidense en subir impuestos en medio de una recesión desde 1990, cuando George H. W. Bush decidió hacerlo con una reforma que entró en vigor a partir del año fiscal 1991.

Aun así, la recesión es sistemáticamente negada por la Casa Blanca, y se insiste en comunicar un proceso de “crecimiento sostenido” que no se ve reflejado en ninguna estadística oficial.

Impuestos sobre las empresas

La nueva legislación presente en la IRA propone crear un nuevo impuesto mínimo obligatorio del 15% para las sociedades que facturen ingresos de más de US$ 1 millón cada año.

La reforma tributaria aprobada por Donald Trump en 2017 eliminó el sistema de tasas marginales progresivas para las ganancias de sociedades, y unificó todas ellas en una sola tasa del 21% en lo que se conoce como un “Flat tax” para bajar la carga fiscal y maximizar la eficiencia.

Con los cambios dispuestos por Biden, se eliminan una serie de deducciones y exenciones a las cuales podían acceder las empresas para evitar tributar el 21% sobre sus ganancias, por lo que la factura tributaria mínima no podrá ser menor al 15% en ningún caso para empresas con ganancias superiores a 1 millón de dólares anuales.

Además de una carga fiscal superior, los cambios presentados por los demócratas presentan distorsiones sobre la correcta asignación de la inversión privada porque afecta de manera diametralmente diferente a cada industria gravada.

La Tax Foundation estima que la presión tributaria podría ser artificialmente menor en servicios digitales y telecomunicaciones, pero drásticamente superior en el mercado inmobiliario, la industria minera, el transporte y la construcción.

Impuestos sobre las personas físicas y al consumo

Para las personas que decidan realizar inversiones en activos financieros, depositar su dinero en bancos y percibir intereses u otro tipo de inversiones de capital, el plazo mínimo requerido para que su renta financiera sea considerada de “largo plazo” aumenta de 3 a 5 años.

Esto implica un aumento de la presión fiscal, debido a que las ganancias de capital a largo plazo están gravadas por tasas marginales inferiores a la de corto plazo, que perciben las mismas tasas que el impuesto a la renta corriente.

Por otra parte, el proyecto de los demócratas aumenta el impuesto al petróleo crudo, tanto de origen nacional como importado. El impuesto de suma fija subirá a 16,4 centavos de dólar por barril comercializado, y la cifra se indexará por la inflación de ahora en adelante.

Esta medida es una de las más polémicas porque Estados Unidos atraviesa un histórico aumento de los precios de la energía: el presidente Biden prometió bajar los precios, y no subirlos con un nuevo impuesto directo al consumo como pretende su propio proyecto.

Los efectos para la economía

La Tax Foundation utiliza un modelo teórico de equilibrio general para estimar que las medidas presentadas tendrán una recaudación neta por US$ 304.000 millones, y a cambio significará un retroceso del 0,1% en el PBI de largo plazo, la baja del 0,1% en los salarios reales y la pérdida de 30.000 empleos privados.

Estos resultados corresponden al efecto neto esperado íntegramente por el impacto de las medidas tributarias de la ley, pero no pretenden explicar la evolución futura de las variables macroeconómicas en el largo plazo debido a que estas responden a muchos otros factores no tenidos en cuenta.

Fuente: La Derecha Diario

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