Redacción BLesEl polémico plan de infraestructura presentado por el presidente Joe Biden está siendo fuertemente criticado desde varios sectores. Muchos advierten que tras su aplicación se esconden muchos objetivos buscados por la izquierda radical tales como una fuerte inserción de los sindicatos en la industria y nuevas “protecciones laborales” que irán en contra de un desarrollo económico sostenible. 

Entre los críticos del plan de infraestructura se encuentra la senadora republicana Marsha Blackburn, quien condenó duramente el plan de más de 2 billones de dólares de Joe Biden, señalando cuán poco del presupuesto se está gastando realmente en infraestructura, al mismo tiempo que advirtió que su aplicación es un “caballo de Troya para la izquierda radical”.

“Ni siquiera el seis por ciento del enorme presupuesto asignado en el proyecto de ‘infraestructura’ de 2 billones de dólares del presidente Joe Biden se utilizaría para construir carreteras y puentes”, aseguró Blackburn en un comunicado.  

Además advirtió que: “El plan de Biden incluye el aumento de impuestos más grande en casi tres décadas, pero por supuesto, las élites costeras verán recortados sus impuestos. Despojará a los estadounidenses de su derecho a trabajar al obligarlos a unirse a sindicatos respaldados por los demócratas. Este plan de ‘infraestructura’ es otro caballo de Troya para la izquierda radical”.

Como parte del plan de infraestructura, Biden instó al Congreso a aprobar la Ley de Protección del Derecho de Sindicación (PRO), en una clara muestra de apoyo a los sindicatos izquierdistas. La Ley PRO es una recopilación de varios cambios de política que apoyan los sindicatos, lo que facilitaría a los sindicatos organizar a los empleados del sector privado y minimizar las opciones de los empleados en la sindicalización.

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Lo curioso es que las medidas que se implementarían con la Ley PRO, no favorecen a los trabajadores, sino a la burocracia sindical, dado que eliminaría la capacidad de los trabajadores de votar en contra de la sindicalización a través de elecciones secretas, amenaza la capacidad de la fuerza laboral de expulsar a un sindicato, reformula la definición legal de contratistas independientes y obliga a los trabajadores no sindicalizados a pagar cuotas sindicales.

Incluso en un comunicado de prensa de la Casa Blanca, se anunció abiertamente que el proyecto de Biden incorpora medidas que facilitan la supuesta “organización de los trabajadores” y les dificulta evitar la sindicalización. Si bien argumentan que los trabajadores podrán negociar colectivamente con sus empleadores los acuerdos laborales y salariales, la realidad muestra que sólo se desarrollarán las herramientas para empoderar a los sindicatos afines al gobierno demócrata y la izquierda más radical.

La Cámara de Representantes aprobó la legislación siguiendo las líneas del partido en marzo, pero se espera que enfrente obstáculos en el Senado donde los republicanos, críticos del proyecto, aseguraron que el proyecto solo funcionaría para cumplir con los deseos de los líderes sindicales.

 Andrés Vacca– BLes.com