Los senadores Ted Cruz y Marco Rubio proponen una ley para derivar al “Fondo de Restauración de Venezuela” los recursos que se obtengan de las incautaciones

Todos los activos incautados a individuos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro condenados por corrupción en Estados Unidos serán administrados por el gobierno interino de Juan Guaidó propone un proyecto de ley presentado por los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, ante el Congreso norteamericano.

Los recursos obtenidos serán derivados a un “Fondo de Restauración de Venezuela” establece la normativa denominada como Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales del 2021 (Ley PANA, por sus siglas en inglés).

Al Departamento de Estado le correspondería la tutela para «construir la democracia» en el país. La meta de los senadores es que su propuesta se adopte de manera bipartidista, como ocurrió con Ley VERDAD de 2019, que sienta las bases para constituir el fondo mencionado con los activos incautados en EEUU a quienes sirvieron de cómplices del chavismo en acciones ilícitas.

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De dinero a caballos

A 450 millones de dólares asciende la suma de activos recuperados en casos de corrupción venezolana, incluyendo dinero en efectivo, propiedades e incluso caballos pero se estima la cifra supera los 1.500 millones de dólares en activos dentro de la jurisdicción estadounidense.

Hasta febrero de este año existen 38 casos pendientes que implicaban a 164 personas y la Ley PANA prevé “fortalecer la gobernanza y las instituciones democráticas, defender los derechos humanos internacionalmente reconocidos para el pueblo de Venezuela, apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación independientes, combatir la corrupción y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones que han formado parte de los regímenes de Hugo  Chávez o Maduro” afirma la Voz de América.

Trabajos en duda

Esa es la intención de la normativa y de los senadores. Para Cruz los “individuos corruptos relacionados con los regímenes de Chávez y Maduro robaron cientos de miles de millones de dólares al pueblo de Venezuela, dejando al país empobrecido y el pueblo de Venezuela merece recuperar ese dinero” porque la “ley hará que los malos actores rindan cuentas y proporcionará un apoyo muy necesario a los que trabajan para restaurar la libertad en Venezuela”.

Rubio apuesta a lo mismo. A su juicio, “Venezuela tiene un largo camino hacia la recuperación y estos fondos pueden ayudar al Gobierno Interino y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente mientras trabajan hacia el objetivo común de reconstruir la democracia de Venezuela y un futuro próspero”.

Sin embargo, la oscuridad ronda en la administración de recursos por parte del mandatario opositor, Juan Guaidó, envuelto en supuestas tramas de corrupción.

The Washington Post reveló una investigación que vincula al círculo del opositor venezolano con actos de corrupción en Estados Unidos.  Los implicados serían Fernando Blasi y Javier Troconis, cuyo título dado por Guaidó es de ‘comisionado presidencial para la Gestión y la Recuperación de los Activos en Estados Unidos’ quienes estarían involucrados en el manejo indebido de  40000 millones de dólares.

Sin paradero 

A las supuestas irregularidades de sus funcionarios se añade que hasta ahora se desconoce cómo y en qué se usaron esos recursos porque Juan Guaidó no ha rendido cuentas ni a los venezolanos ni a su propio entorno, inclusive la Comisión de Finanzas de la pasada Asamblea Nacional le había exigido transparencia y detalles sobre la administración de más de 100 millones de dólares que administró durante todo el 2020 otorgados por Washington.

El paradero del financiamiento de numerosas iniciativas supuestamente a favor de la democracia como el Fondo de Litigios, el Fondo para la Liberación de Venezuela y programas sociales permanece ocultos y “no hay precisiones” desde la coalición opositora.

“Los cuestionamientos sobran” revela El Nacional al señalar que tampoco hay constancias sobre el manejo de recursos por parte de los órganos adscritos al interinato, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela y Citgo ni pruebas de los salarios por más de 5000 dólares que recibieron el año pasado diputados de la Asamblea Nacional.

Bolsillos llenos

En los próximos días, Guaidó retirará al menos 152 millones de dólares correspondientes a los activos que permanecen congelados bajo la protección de Estados Unidos para comprar vacunas contra el COVID-19.

En esa gestión invertirá 100 millones pero el destino del resto será discrecional. La Asamblea Nacional se quedará con 7,5 millones; el despacho de la Presidencia con 2,3 millones de dólares, el departamento de Relaciones Exteriores se apoderará de 5,6 millones de dólares, mientras que el personal de comunicaciones recibirá 4,5 millones de dólares.

Por otra parte, la Contraloría Especial se quedará con 725.809 dólares, para los magistrados se destinarán 1,7 millones de dólares; el Consejo de Defensa Judicial recibirá la cantidad de 262.800 dólares, mientras que la Procuraduría Especial tendrá a su disposición 348.600 dólares.

Las juntas directivas ad hoc también recibirán su parte. Contarán con 1,1 millones de dólares, el Banco Central de Venezuela se quedará con 215.606 dólares y al plan «Defensa de la Democracia» se le asignarán los 23 millones de dólares.

Desde que el interinato inició con el retiro progresivo del fondo de unos 342 millones de dólares en Estados Unidos el año pasado se han sustraído al menos 245 millones de dólares. Después de esta última operación, esta cuenta dejará aproximadamente 97 millones de dólares disponibles, menos de un tercio de la cifra inicial.

Gabriela Moreno – Panampost.com