El gobierno estadounidense los acusa de «atacar la democracia» en Centroamérica y estar involucrados en casos de corrupción.

Estados Unidos sancionó a cinco jueces nombrados por el presidente Nayib Bukele en la Corte Suprema de El Salvador. Asimismo, penalizó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras y al secretario general Ángel Pineda. El gobierno estadounidense los acusa de «socavar la democracia» en sus países y «no hacer lo suficiente para luchar contra la corrupción».

En un comunicado, la secretaría de Estado de EE.UU. afirmó su compromiso en apoyar el fortalecimiento de la democracia en Centroamérica. Además de trabajar por el estado de derecho y la rendición de cuentas en los países caribeños. Es por esto que la entidad anunció que los acusados serán ingresados en la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de este país. De esta forma, no podrán acceder a una vista estadounidense, ni ingresar al país, si es que la tenían previamente.

El Salvador en la mira

En el caso de El Salvador, Washington apuntó contra cinco magistrados de la Corte Suprema, a quienes incrimina por «socavar los procesos democráticos» del país. Entre ellos figura Elsy Dueñas De Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón, y Luis Javier Suárez Magaña. Según la administración de Joe Biden, los jueces aprobaron la reelección de Bukele, a pesar que la Constitución prohíbe expresamente los mandatos consecutivos a la presidencia.

Por otra parte, la Casa Blanca denunció que los miembros de la Corte Suprema contravinieron la Carta Magna al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa. A inicios de mayo, el Congreso salvadoreño afín al oficialismo, destituyó a jueces constitucionales de la corte por cometer «fraude a la Constitución» y violar la separación de poderes.

Esto se suma al cuestionado decreto de Bukele que establece el retiro obligatorio de los jueces al cumplir 60 años y el despido de los que lleven más de 30 años de servicio. Opositores al gobierno salvadoreño calificaron esta normativa como una «purga» que afecta a magistrados independientes y que atenta contra la separación de poderes.

Las acusaciones contra Guatemala

Por otro lado, EE.UU. arremetió contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por obstruir investigaciones sobre actos de corrupción. Su intervención en las indagaciones incluye ordenar a los fiscales del Ministerio Publico (MP) que ignoraran los casos basándose en consideraciones políticas. Además de despedir abruptamente al fiscal anterior, Juan Francisco Sandoval. Este aseguró encontrar muchos obstáculos en su labor y que se le solicitó no investigar al presidente Alejandro Giammattei, sin el consentimiento de Porras.

Por su parte, la Secretaría de Estado norteamericana afirmó que «continuará utilizando las herramientas a su disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo de Centroamérica». Del mismo modo, aseguró que seguirá «colaborando con los funcionarios del gobierno que muestren una dedicación a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la gobernanza democrática».

María José Olea Álvarez – Panampost.com

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