Redacción BLes– Tras cerca de dos años de pugna por los términos del proyecto de Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures, este fue aprobado unánimemente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se espera que el Senado vote hoy acerca de él.
Ahora se espera que la prohibición de importar bienes de la región de Xinjiang, China, elaborados con mano de obra esclavizada por el régimen comunista chino entre en vigor pronto, según The Wall Street Journal del 14 de diciembre.
La Casa Blanca ya había expresado la voluntad de que el presidente, Joe Biden, lo firmara luego de ser aprobado por el Senado.
El proyecto de ley fue promovido por los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano de Florida y Jeff Merkley, demócrata de Oregón, quienes manifestaron satisfacción por el acuerdo bipartidista que lo avala ahora.
“Estados Unidos depende tanto de China que nos hemos hecho los de la vista gorda ante el trabajo esclavo que fabrica nuestra ropa, nuestros paneles solares y mucho más”, dijo Rubio en su página web.
Y agregó: “Eso cambia hoy. Nuestra Ley de Prevención del Trabajo Forzoso exigirá a las empresas que importen productos a Estados Unidos que demuestren que sus cadenas de suministro no están contaminadas por el trabajo esclavo. Es hora de acabar con nuestra adicción económica a China”.
Por su parte, Merkley enfatizó en que: “Estados Unidos debe enviar un mensaje rotundo e inequívoco contra el genocidio y el trabajo esclavo allí donde aparezcan estos males”.
De entrar en vigor esta ley garantizaría que los consumidores y las empresas estadounidenses no sigan siendo cómplices involuntarios de los atroces abusos de los derechos humanos perpetrados por el Partido Comunista de China (PCCh).
Adicionalmente, permitiría la implementación de otras medidas contra las personas o entidades que contribuyan con el trabajo esclavo al que son obligados los uigures, entre ellas la negación de visados y las sanciones financieras.
Algunos legisladores querían que el proyecto de ley se aprobara antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín en febrero.
La reacción del portavoz de la embajada china en Washington, Liu Pengyu, no se hizo esperar y afirmó que el PCCh está “firmemente decidido a defender sus intereses nacionales”, y prometió “contramedidas” a consecuencia de esta ley, según South China Morning Post.
Tras la información obtenida de diferentes fuentes se concluye que el PCCh somete a millones de miembros de la etnia uigur musulmana a trabajos forzados, y comete otra serie de atrocidades contra esta población, al extremo de que EE. UU., Canadá y Australia declararon que se trataba de un genocidio.
Violaciones de derechos humanos similares son cometidas contra el pueblo tibetano, y sus defensores optaron por encadenarse a los anillos olímpicos frente a la sede suiza del Comité Olímpico Internacional (COI) para pedir un boicot de los que muchos llaman: “Juegos del Genocidio” de Beijing 2022.
“A pesar de las crecientes críticas internacionales al COI y a China, los abusos de los derechos humanos del régimen chino en el Tíbet, el Turkestán Oriental y Hong Kong no cesan”, dijo el manifestante Tenzing Dhokhar, director de campañas de TYAE (Asociación de Jóvenes Tibetanos en Europa), la mayor organización juvenil tibetano en ese continente.
Asimismo, el PCCh viola reiteradamente los derechos a la libertad religiosa y de conciencia, y persigue a las doctrinas tradicionales como la de Falun Dafa o Falun Gong y al cristianismo, entre otras.
José Hermosa – BLes.com
