Redacción BLesEl 7 de septiembre representantes demócratas del Comité Judicial de la Cámara enviaron una carta al fiscal general, Merrick Garland, urgiéndolo a tomar acciones legales e incluso a procesar penalmente a los posibles ‘vigilantes’ que intenten reportar o detener un aborto en Texas, que recientemente aprobó una ley prohibiendo el procedimiento pasadas las seis semanas de gestación.

“Le escribimos para pedirle que utilice todo el poder del Departamento de Justicia para defender el derecho constitucional de la mujer a elegir un aborto, un derecho que ahora está siendo atacado por la Ley 8 del Senado de Texas (“SB 8)”, escribió Jerry Nadler, el presidente del comité.

“Lo instamos a que tome acciones legales que incluyan el procesamiento penal de los posibles vigilantes que intenten utilizar el derecho de acción privado establecido por esa ley abiertamente inconstitucional”.

La semana pasada, el gobernador de Texas aprobó la ley del ‘latido de corazón’ la cual prohíbe los abortos pasados las seis semanas de gestación que es cuando ya se pueden escuchar los latidos del corazón del bebé.

Aprovechando una brecha legal del fallo de Roe v. Wade de la Corte Suprema con el cual se legalizó el aborto en 1973 que específicamente estipula que el Estado no puede intervenir en la decisión privada de una mujer de realizarse un aborto, la ley texana ofrece una recompensa de hasta 10 mil dólares a aquellas personas que denuncien legalmente a las mujeres y clínicas que intenten realizar abortos.

Es decir, el estado no se encargaría de hacer cumplir la ley, sino ciudadanos particulares. Este llamativo aspecto de la ley del latido del corazón logró que la Corte Suprema aprobara —aunque con la menor diferencia— su implementación.

Notando esta particularidad de la ley de Texas, los demócratas se quejaron:

“El Departamento de Justicia no puede permitir que los particulares que pretenden privar a las mujeres del derecho constitucional a elegir un aborto escapen al escrutinio de la ley federal vigente simplemente porque intentan hacerlo bajo el color de la ley estatal”.

Por su lado, el Departamento de Justicia también publicó un comunicado el 6 de septiembre advirtiendo al gobierno de Texas que usaría cualquier método necesario para asegurarse de que las mujeres en ese Estado, puedan acceder a un aborto.

Según The Hill, el fiscal general Garland escribió:

“El departamento proporcionará apoyo de las fuerzas de seguridad federales cuando una clínica de abortos o un centro de salud reproductiva sea objeto de un ataque. Nos hemos puesto en contacto con las Fiscalías de los Estados Unidos y las oficinas del FBI en Texas y en todo el país para hablar de nuestras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”.

“No toleraremos la violencia contra quienes intentan obtener o prestar servicios de salud reproductiva, la obstrucción física o los daños a la propiedad”, advirtió el jefe del Departamento de Justicia.

La ley de Texas ha sentado precedente para otros estados republicanos provida que están considerando adoptar medidas similares.

En su carta, los demócratas reniegan de esta tendencia.

“Los grupos antiabortistas de Texas ya han empezado a establecer líneas de denuncia anónimas para que los ciudadanos puedan denunciar a sus conciudadanos. Otros estados se están preparando para promulgar leyes igualmente peligrosas”, advierte la carta.

Alvaro Colombres Garmendia– BLes.com