Redacción BLesLas políticas fronterizas de la administración Biden, llevaron a los Estados Unidos a que se convierta en lo que se llama un verdadero “país santuario”, impidiendo la deportación de alrededor de 9 de cada 10 extranjeros ilegales en condiciones de ser deportados. Esto además de permitir el ingreso al país de esos 9 que deberían haber sido deportados, provoca el colapso del sistema fronterizo al promover que miles de migrantes latinos se vean motivados para intentar ingresar al país.

Según los datos reportados por el Washington Post, apenas 2.962 extranjeros ilegales fueron deportados en el mes de abril por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la primera vez desde que hay registros que el total de deportaciones mensuales refleja menos de 3.000.

En marzo, Biden ya había llevado a reducir las deportaciones a un mínimo histórico con solo 3.716 extranjeros ilegales deportados. Al ritmo actual, se espera que menos de 55.000 extranjeros ilegales sean deportados este año fiscal, el número anual más bajo registrado en la historia.

Mientras se espera que en este año no se deporten más de 60 mil personas en condiciones de ilegalidad, durante la era Trump el promedio anual superó los 240 mil

Estos números preocupan principalmente desde dos perspectivas. Por un lado ese 90% de inmigrantes no deportados, permanecen dentro del país, lo cual implica un elevado costo para los contribuyentes y compitiendo de manera desleal en el campo laboral al aceptar menos ingresos y peores condiciones dada su situación de ilegalidad. 

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Pero también preocupa, porque ese número funciona como el principal incentivo para que miles y miles de ciudadanos latinoamericanos se vean motivados todos los días a recorrer el difícil camino para llegar a la frontera con Estados Unidos e intentar entrar del modo que fuera y a cualquier precio, sabiendo que las posibilidades de ingresar y permanecer son realmente muy elevadas.

La semana pasada, como parte de una investigación ordenada por la corte relacionada con una demanda que Arizona y Montana presentaron contra el DHS, la oficina del fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, anunció que adquirieron documentos internos y correos electrónicos del gobierno federal que “transmiten una indiferencia impactante por la seguridad de las comunidades estadounidenses por la Administración Biden”.

Brnovich además agregó que “la Administración Biden y sus aliados radicales están aboliendo efectivamente ICE a través de actos administrativos”, según reportó Breitbart.

Su oficina dijo que los estados están “desafiando la guía provisional del DHS que presuntamente detiene casi todas las deportaciones fuera de tres categorías limitadas”.

Además, los datos revelados confirman que las nuevas políticas migratorias han permitido que miles de extranjeros ilegales criminales sean liberados en comunidades estadounidenses que de otro modo habrían sido deportados. Esos extranjeros ilegales incluyen delincuentes sexuales, narcotraficantes y asesinos.

Andrés Vacca – BLes.com