Redacción BLesDiez estados liderados por republicanos demandaron el jueves al presidente Biden, buscando bloquear la orden ejecutiva firmada por él en enero, la cual requiere que las agencias federales calculen el “costo social” del dióxido de carbono, metano y óxido nitroso para promulgar regulaciones que, según los denunciantes, costará puestos de trabajo de millones de estadounidenses y destruirán las economías estatales. 

Biden, en su primer día en el cargo, firmó una polémica orden, que dice que el gobierno federal “debe promover la justicia ambiental” y, entre otros esfuerzos, “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” y “reforzar la resiliencia a los impactos del cambio climático”.

Paralelamente el jueves al inaugurar la cumbre climática organizada por la Casa Blanca, Biden comprometió a los Estados Unidos a una serie de objetivos como parte de su agenda verde, que de cumplirse podría generar una crisis sin precedentes en los Estados Unidos, quebrando por completo su sistema tradicional de producción.

Ante este contexto, diez estados, Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Texas, West Virginia, Wyoming y Dakota del Sur, decidieron emitir una demanda formal contra Joe Biden acusándolo de extralimitarse en su rol de presidente y poner en riesgo la economía de los Estados Unidos y el trabajo de millones de ciudadanos.

“Con el trazo de su pluma, Joe Biden está pasando por alto a nuestros representantes electos para imponer la agenda verde radical y contraproducente de la izquierda en la economía y el pueblo estadounidenses”, dijo el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, uno de los intervinientes en la demanda. 

Le recomendamos:

“Louisiana produce recursos naturales y artificiales cruciales para nuestra nación y disfruta de un estilo de vida rico y famoso. Desde madera y reservas de alimentos hasta petróleo y gas natural, productos químicos e industriales, deportividad recreativa y actividades al aire libre, casi todos los aspectos de nuestra economía y cultura están en riesgo bajo esta política desmedida”, continuó diciendo el fiscal.

En la orden ejecutiva, Joe Biden estableció un “grupo de trabajo” compuesto por personas designadas por el gobierno federal a quienes se les requirió establecer un valor de “impacto” basado en los daños ambientales globales causados ​​por el cambio climático.

Estos valores se conocen como el “costo social del carbono”, el “costo social del metano” y el “costo social del óxido nitroso”. Además, el presidente requirió que las agencias federales comenzaran a aplicar inmediatamente estos números en acciones regulatorias sobre cada estado según su “costo social”.

No es exagerado mencionar que el uso de estos valores da como resultado la iniciativa regulatoria federal más expansiva y costosa de la historia.

El Fiscal General Chris Carr de Atlanta, se unió a los otros 9 fiscales generales estatales para demandar a Biden buscando evitar que la Administración lleve a cabo un acto de extralimitación ejecutiva. En un comunicado Carr dijo:

“Esta extralimitación ejecutiva inaceptable y no autorizada afecta a todos los aspectos de la vida estadounidense: los generadores que alimentan nuestras casas, los lavaplatos que limpian nuestra vajilla, las cortadoras de césped que cortan el césped, la leña que nos mantiene calientes, el ganado y los productos agrícolas que alimentan a nuestras familias, y cada aliento que exhalamos”.

Los demandantes piden al tribunal que ordene a las agencias federales que no utilicen las estimaciones y declaren que las estimaciones son contrarias a la ley y “arbitrarias y caprichosas”.

Andrés Vacca – BLes.com