La instancia iniciará un “proceso de control y auditoría a los acuerdos contractuales en la Embajada del Ecuador en España para determinar el financiamiento a cooperativa de Podemos

Los negocios entre el expresidente socialista de Ecuador, Rafael Correa y la cooperativa del partido ultraizquierdista Podemos de España, Kimena, a través de la Embajada en Madrid que facturaron 2,6 millones de euros —una cantidad equivalente a tres millones de dólares— pasarán de ser solo titulares. Ahora, estas operaciones formarán parte de una investigación de la Contraloría del país sudamericano.

La denuncia del diputado Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), sobre este desembolso de fondos públicos a cambio de supuestas asesorías jurídicas en materia de derecho hipotecario a los inmigrantes ecuatorianos que residen en España llegó al despacho del contralor, Carlos Alberto Riofrío. En tal sentido, el funcionario acogió la solicitud de iniciar un “proceso de control, así como de auditoría a los acuerdos contractuales en la Embajada del Ecuador en España”, ante las 18 transferencias bancarias emitidas desde la Embajada de Ecuador en España a 11 contratos públicos adjudicados «a dedo» a la empresa de Podemos.

Según OKDiario, el desembolso se hizo efectivo mediante 14 órdenes de pago que se resumieron en ocho autorizaciones que otorgó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Quito entre 2012 y 2016.

Una investigación con ruta

La Contraloría ya tiene un plan de ruta para investigar a Correa que deja a un lado el chantaje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien amenazó con suspender el envío de vacunas si esto ocurría.

El proceso partirá por revisar si el contenido de los contratos a Kinema está apegado a la legalidad o si se usó algún resquicio burocrático, por considerarse un proceso administrativo internacional. Posteriormente, se examinará la relación contractual entre las partes para determinar si cumplieron con lo establecido o, por el contrario, sirvieron como instrumento ilícito para desviar dinero del presupuesto de la Embajada de Ecuador en España.

La investigación también incluirá comparación de las cifras millonarias de los contratos con los valores del mercado, de modo que se determine si los honorarios profesionales de la cooperativa de Podemos correspondían con los honorarios habituales de estos servicios.

Incluso, requisará si los recursos se abonaron a cuentas bancarias de Kinema o de algún tercero y si la Contraloría encuentra algún indicio de delito enviará la documentación a la Fiscalía General del Estado de Ecuador.

Asesorías con podemistas

El dinero salió desde la Embajada de Ecuador en España entre 2012 y 2016 después que Rafael Mayoral, fundador de la cooperativa de Podemos, y diputado del partido morado en el Congreso, quien se alió con Correa como “experto en hipotecas basura” para defender a ecuatorianos de desalojos, indicó OKDiario.

Para prestar estos supuestos servicios reclutó a militantes de la tolda izquierdista, entre ellos, María José Guiralt, Juan Moreno, Eva Corredoira, Talía Roitman y Ana María Martínez. Guiralt, a quien se señala como la responsable en Valencia de los contratos que la Embajada de Ecuador en España adjudicó a Kinema, asumió en diciembre de 2019 el cargo de asesora de la Consejería de Vivienda y Arquitectura de la Comunidad Valenciana, controlada por Podemos. Asimismo, Eva Corredoira, encargada de los asesoramientos de Kinema en Barcelona es “muy próxima” a Ada Colau, alcaldesa de la ciudad condal.

El equipo representa “el vínculo entre Kinema y Podemos que radica en la tramitación de las nóminas del personal del partido en toda España y en el Parlamento Europeo. Un servicio por el que el partido fundado por Pablo Iglesias abona 60000 euros al año. El trabajo de Kinema era gestionar los pagos al personal, tanto el contratado directamente por el partido, como los asesores y colaboradores de sus grupos parlamentarios en las diferentes Cámaras autonómicas”.

Fiscalización diplomática

La Contraloría ecuatoriana ahondará aún más con el envío da España e una delegación de funcionarios para auditar las oficinas centrales de la delegación diplomática del país andino.

Con esta medida intenta sortear la cláusula de confidencialidad que estableció Correa en cada uno de los contratos y en sus respectivas ampliaciones para mantener en secreto los términos de las negociaciones entre la Embajada de Ecuador en España y Kinema.

Ahora, en el caso de que la cooperativa de Podemos revelara algún detalle le correspondería pagar una indemnización a Ecuador. Quien ya pagó un precio por ventilar los hecho fue Pascual Del Cioppo, quien había sido designado por el presidente Guillermo Lasso como embajador en Madrid y renunció al cargo por su indiscreción diplomática.

Gabriela Moreno – Panampost.com

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