«Esto es una guerra psicológica contra las fuerzas del Estado», explica a PanAm Post el abogado experto en Derecho Internacional, André Santos.

Al menos cinco personas murieron y cerca de 20 resultaron heridas, mientras otras perdieron sus hogares, tras un atentado terrorista cometido en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Enseguida el ministro de Interior, Patricio Carrillo, anunció que se trataba de una «declaración de guerra al Estado». Por lo cual el abogado guayaquileño especialista en Derecho Internacional, André Santos, dijo a PanAm Post que Ecuador debe declarar el conflicto armado contra el narcotráfico, ya que esa medida neutralizaría a los jueces cómplices o que ceden ante las amenazas.

En Sudamérica el vínculo entre el narcotráfico y la izquierda radical se ha profundizado. Mientras el subcontinente se ha teñido de rojo en las urnas, Ecuador parecía ser un oasis. Pero a qué costo. La violencia ha llegado a un pico histórico. Hay masacres en las cárceles, sicariato y ahora se suman atentados terroristas.

La izquierda dirigida desde el exterior por el expresidente Rafael Correa no ha cesado en sus intentos por hacerse nuevamente con el poder. El libreto aplicado con éxito en Chile y Colombia ha fracasado en dos oportunidades en tierras ecuatorianas. Primero se intentó en 2019 contra el entonces presidente Lenín Moreno, y recientemente contra el actual mandatario Guillermo Lasso con una paralización que duró 18 días y un intento parlamentario de destitución con la bancada correísta a la cabeza.

Ahora la desestabilización llega convertida en terrorismo, lo que ha obligado al gobierno a decretar en tres cantones el estado de excepción. Pero el Estado debería dar pasos más firmas para detener la violencia que amenaza la estabilidad del país. El abogado y escritor con máster en Relaciones Internacionales, André Santos, explicó a PanAm Post lo que el Ejecutivo debería hacer para hacer frente a esta situación.

Avanza el socialismo estrechamente vinculado al narcotráfico en la región, Ecuador parecía ser un oasis, ¿hay relación con los atentados?

Ecuador vive un proceso de abolición del Estado en cuanto se han anulado gradualmente las capacidades de los agentes del orden y la omisión dolosa de las autoridades al no combatir la corrupción en las instituciones, como la Fiscalía y la función judicial.

Lo mejor que le puede pasar a organizaciones ideológicas radicales y terroristas es la existencia de un gobierno torpe, cobarde e incapaz. Como nos enseña la historia, sirven frecuentemente como cabeza de puente para la toma del poder de un nuevo régimen de tendencia socialista. Tal como sucedió con Kérenski previo a la Revolución Rusa, o Frei previo a la victoria de Allende. Sin irnos tan lejos Macri, Piñera, Peña Nieto, Rajoy. En el argot popular se les dice «derechita cobarde» y son piezas claves en estos procesos políticos sobre la opinión pública.

¿Qué accionar le corresponde al Estado ecuatoriano y cómo efectuarlo?

Primero debemos reconocer que en Ecuador se ha abusado de una ideología jurídica que se autodefine como «garantista de derechos». Prefiero llamarla «abolicionista», puesto que desnaturaliza el derecho penal de sus fines esenciales y consigue en la práctica abolir la capacidad punitiva del Estado.

En otras palabras, la interpretación judicial y la práctica jurídica de otros órganos como la Fiscalía en Ecuador ha beneficiado enormemente a consolidar estructuras de impunidad y favorecer al reino de la violencia que vive el pais. Tenemos policías que temen usar legalmente su arma de dotación para proteger civiles por el miedo a ser procesados penalmente y hasta condenados.

Hay un video de hace unos años en el que un miserable asesina a una mujer embarazada frente a 10 policías que lo tenían apuntado, ninguno usó su arma por miedo a ir a la cárcel. Esto es una guerra psicológica contra las fuerzas del Estado.

¿Qué hacer frente a esto? Antes que nada, se necesita voluntad política por parte del Gobierno (sinceramente dudo que la tengan) para declarar la existencia de un conflicto armado interno de manera que justifique la inserción principal y no subsidiaria de las Fuerzas Armadas para que sean las competentes en su plenitud para combatir este enemigo del Estado. Actualmente las FF. AA. tienen prohibido intervenir de forma directa en este conflicto con las organizaciones narcoterroristas, puesto que aún se les da un tratamiento de delincuencia común que debe ser manejado estrictamente por la Policía Nacional según múltiples resoluciones de la Corte Constitucional. Los ecuatorianos no podemos olvidar cuando ocurrieron las masacres carcelarias y el ejército no podía ingresar debido a que tenían una «prohibición jurídica» que le impedía actuar para restablecer el orden y salvar vidas.

¿Jueces corruptos aliados al crimen liberan delincuentes?

Contra el terrorismo y sus sostenedores, promotores y operadores debe ser aplicado el Derecho Penal del enemigo. Es decir, se aplica una lógica de conflicto armado (no confundir con el estatus de beligerancia) en donde les deben suspender las garantías jurisdiccionales como el hábeas corpus para que no tengan acceso. En todo pais con una constitución civilizada, la garantía de hábeas corpus se suspende en tiempos de invasión, rebelión o conflicto armado, puesto que los jueces no pueden interferir en medidas de seguridad nacional durante esos escenarios, la razón es sencilla.

¿Qué impide a una narcoguerrilla extorsionar a un juez no militar para obligarlo a liberar prisioneros de alta peligrosidad? Hace poco los ecuatorianos fuimos testigos del abuso de esta garantía para liberar a delincuentes por parte de jueces corruptos aliados al crimen. En paises como en EE. UU., su Constitución permite la suspensión de dichas garantías en tiempos de conflicto armado. No estoy inventando el agua tibia, es mero sentido común y lógica.

Ecuador necesita un baño de verdad, se debe reconocer que estamos en una circunstancia excepcional que requiere de medidas extremas y excepcionales, de ninguna manera la ideología de ciertos juristas puede impedir que el Estado cumpla su obligación de proteger a los ecuatorianos. La Ley se hizo a favor del ser humano, no a favor de idolatrías e ideologías inaplicables con la realidad nacional. Estamos frente a un proceso de desmantelamiento jurídico y abolición de la estructura estatal, pérdida de confianza pública, grave conmoción social, nihilismo político.

En suma, es un proceso revolucionario que se sirve desde corrientes jurídicas, legislaciones abolicionistas, corrupción sistemática, terrorismo en sus formas violentas. Lo vimos recientemente y también mediante extorsiones telefónicas realizadas de forma sistemática contra la población, extorsiones a barrios, sicariatos generalizados, clase política decadente.

En fin. Los ciudadanos debemos reaccionar frente a este problema para procurar el orden y la paz. Quiero enfatizar que no me refiero con este proceso revolucionario a un partido político en concreto, hace mucho tiempo que los procesos políticos no se concentran solo en un solo partido, sino que se articulan en varias organizaciones y no exclusivamente partidistas.

Por Mamela Fiallo Flor – Panampost.com

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