El presidente de Colombia dijo que a los vándalos que destruyen la infraestructura y el transporte público hay que tratarlos como delincuentes, por ello pidió al Congreso “una ley moderna antivandalismo y antidisturbios”

La violencia desatada en Colombia durante dos meses de protestas llevó al presidente Iván Duque a pedir este miércoles al Congreso que legisle en función de redactar una ley que permita poner mano dura al vandalismo y disturbios callejeros que no solo destruyen los bienes públicos sino que además atentan contra los derechos de la ciudadanía.

«Invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios para que no pretendan, quienes promueven esas prácticas, pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos», dijo el presidente durante la ceremonia de ascenso del director de la Policía, general Jorge Luis Vargas.

El mandatario colombiano dijo que así como la Constitución reivindica derechos también exige cumplir deberes. “No se puede exigir derechos pisoteando los derechos de otros”. En este sentido, pidió rechazar con claridad la violencia y el vandalismo.

«A los vándalos que destruyen infraestructura, que destruye trasporte público, que pretenden secuestrar buses, que pretenden colgar cables que ya se han cobrado vidas (…), a ellos se les llama como son: delincuentes y se les enfrenta como son, delincuentes”, sentenció el jefe de Estado colombiano a propósito de las cifras lamentables que han dejado dos meses de protestas.

El balance del vandalismo

Sumado a la lamentable cifra de 25 muertos asociados directamente a las protestas y más de mil heridos, el balance más reciente del Ministerio de Defensa registra entre el 28 de abril –día de inicio del paro– y el 27 de junio un total de 165 infraestructuras gubernamentales afectadas producto del vandalismo, así como 135 semáforos, 28 peajes, 464 establecimientos comerciales, 460 oficinas bancarias, 1268 unidades de trasporte público, 242 estaciones de buses y Transmilenio y 112 vehículos particulares.

El vandalismo también ha afectado bienes pertenecientes a la fuerza pública, entre estos tres distritos de policía, 15 estaciones de policía, 118 CAI (Comandos de Atención Inmediata) y 577 vehículos institucionales.

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Frente a esta situación, el mandatario colombiano reiteró su apoyo a la policía por su actuación durante las protestas e insistió en que las denuncias de abuso policial corresponden a “imperfecciones individuales de sus miembros”, cuyos casos se están investigando. Ya el presidente Duque anunció una reforma policial que comienza el 20 de julio, con la que se busca garantizar la incorporación de prácticas y estándares internacionales para el control del orden público cuando el vandalismo se apodere las manifestaciones.

La experiencia en Florida

Fue precisamente el vandalismo y los disturbios callejeros que afectaron a varias ciudades de Estados Unidos tras las protestas promovidas por el movimiento marxista Black Lives Matter (BLM) tras la muerte de George Floyd el año pasado, lo que llevó al Legislativo del estado de la Florida a aprobar en abril una ley que amplía las facultades de la fuerzas del orden para efectuar arrestos en las protestas que se tornen violentas.

La experiencia en Florida puede considerarse un espejo en el que se ha visto el Gobierno colombiano para apostar por una iniciativa similar que permita al Estado contar con un instrumento jurídico para garantizar el derecho a la protesta sin que este afecte el derecho a la convivencia pacífica del resto de los ciudadanos.

José Gregorio Martínez – Panampost.com