El dictador de Nicaragua canceló la personalidad jurídica a las toldas que manifestaron en su contra en las protestas de 2018

Sin oportunidad para participar en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre en Nicaragua quedaron dos partidos opositores al régimen de Daniel Ortega, como consecuencia de la disolución de personalidad jurídica por parte del Consejo Supremo Electoral, ente afecto al mandatario.

La decisión derivó de seis de los siete magistrados del ente comicial partidario del Frente Sandinista, quienes fueron designados hace dos semanas por el Congreso donde el mandatario controla 70 de 91 escaños. Con esa jugada, Ortega deja sin piso legal al Partido Restauración Democrática (PRD) que aglutina a la Coalición Nacional, que acudiría a los comicios presidenciales usando su tarjeta de votación.

La decisión —que es “inapelable— se basa en la acusación de un grupo de pastores evangélicos ante el Supremo Electoral en contra del PRD. El motivo que alude la denuncia es por supuestamente unirse con grupos sociales “que no son compatibles con los principios partidarios y valores cristianos”.

Saturnino Cerrato, representante legal del PRD declaró a la Voz de América que este sector “ni siquiera era parte de la agremiación política y una persona civil y natural no puede impugnar a un partido político”. Desde su cuenta en Twitter calificó el hecho como una “aberración”.

Más neutralizados en la competencia

Con la disposición del PRD, seis aspirantes a la presidencia inscritos para el proceso interno de la Coalición Nacional, entre ellos, el politólogo Félix Maradiaga; el periodista y fundador del Canal 100 % Noticias, Miguel Mora; quedan a la deriva frente a la “resolución arbitraria, inconstitucional e ilegítima” donde Ortega “muestra su terror a enfrentarse a la oposición aglutinada”, aseguró la organización en Twitter.

Los aspirantes de este bando opositor a Daniel Ortega no son los únicos. El Consejo Supremo Electoral también repitió la medida en contra del Partido Conservador, luego de que expresara dudas sobre la transparencia de las elecciones generales.

El presidente de la tolda, Alfredo César, lo atribuye a las denuncias de la tolda sobre un supuesto fraude electoral que favorecería a Ortega. A la Internacional Conservadora —compuesta por 82 partidos políticos de distintos países— elevará su rechazo, por ser la tercera vez que el PC es despojado de su personalidad jurídica. Dos de ellas en el periodo del sandinista.

Fuera de las reglas

El calendario electoral en Nicaragua establece que los aspirantes a la presidencia deben inscribirse del 28 de julio al 2 de agosto, pero para el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el país se encamina a «la peor elección posible”, por la falta de garantías que ofrece Daniel Ortega para que realmente se pueda celebrar un proceso libre, justo y transparente.

El mandatario lo refuta y acusa al embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, de tener pretensiones de imponer a un candidato de su preferencia. Durante un acto por el 126 aniversario del natalicio de Augusto Sandino, Ortega le dijo a Sullivan «que no se meta, como se anda metiendo, postulando candidatos, presionando a partidos políticos para que acepten el candidato que quiere el yanqui (Estados Unidos)».

La advertencia no es solo para el embajador, sino para «otros embajadores que viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos».

Mientras, en Managua, las esperanzas de formar una gran alianza opositora naufragaron ante la negativa de los dos grandes bloques adversos al sandinismo (la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana) de sellar un acuerdo de unidad.

El tiempo corre en contra de los dirigentes opositores nicaragüenses sin señales de acercamiento. La ilegalización del PRD, por ejemplo, sirvió para que voceros de la Coalición fustigaran a la Alianza acusándole de actuar en complicidad con el régimen de Ortega.

Confundir para ganar

Por su lado, el sandinismo avanza e incluye en su campaña la palabra «alianza» para confundir al electorado que la relaciona con las protestas de 2018 y de los movimientos que surgieron entonces.

Hasta el propio Frente Sandinista se inscribió, en esta oportunidad como Alianza FSLN Unida Nicaragua, revela el Diario de Cuba.

Frente a esta estrategia, la Comisión de Buena Voluntad, formada por independientes que sirven de mediadores entre la Alianza y la Coalición, trabajan por una plataforma prodemocracia con el objetivo de «gestar la unidad de la voluntad ciudadana para derrotar a la dictadura».

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Una posibilidad que ha planteado esta comisión es que aún con inscripciones partidistas distintas se logre un consenso en torno a una candidatura única de la oposición democrática. Esto es una opción cada vez más tangible que podría cristalizarse ante las cancelaciones de personalidad jurídica de los partidos.

Gabriela Moreno – Panampost.com