Redacción BLesLuego de que la Corte Suprema ordenara en agosto a Biden reiniciar con la política de “permanecer en México”, la administración se comprometió a cumplir con la orden a partir del mes de noviembre, siempre y cuando el presidente mexicano se manifieste de acuerdo con la disposición, cosa que aún no ha sucedido y nada indicaría que suceda próximamente.

En agosto, la Corte Suprema ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que reestableciera los Protocolos de Protección al Migrante, también conocida como política de “Permanecer en México”, un programa implementado durante la presidencia de Donald Trump que exigía a los migrantes que cruzaban ilegalmente la frontera o se presentaban en puertos de entrada a permanecer en México mientras aguardaban la citación del juez para presentar sus casos ante ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El llamado de la Corte sobrevino luego de que el presidente Biden suspendió la política de “permanecer en México” al asumir su cargo a comienzos del año 2021.

Luego, ante la profunda crisis fronteriza que se desató durante los últimos meses, los estados de Texas y Missouri demandaron a la administración buscando reestablecer la política migratoria.

Tras una profunda lucha legal, el caso terminó en la Corte Suprema de Justicia la cual finalmente falló a favor de los estados y ordenó a la administración Biden reiniciar con la política de su predecesor Trump.

Pero según argumenta la propia administración, Estados Unidos no puede dar curso al fallo de la Corte hasta que las autoridades mexicanas no se muestren de acuerdo y manifiesten su apoyo de modo oficial.

“Están diciendo que van a comenzar a implementarlo en noviembre, pero la letra pequeña dice: ‘Siempre que México esté de acuerdo’”, dijo Mark Morgan, un ex alto funcionario que desempeña las funciones de Aduanas y Fronteras, reportó el Washington Examiner.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado a mediados de mes que “el DHS está tomando las medidas necesarias para cumplir con la orden judicial, que requiere que implementemos el programa de buena fe”.

Pero la declaración del DHS agregó, “México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del programa”.

Cuando Trump logró contar con el apoyo de México para implementar la mencionada política, lo hizo luego de amenazar repetidamente con consecuencias económicas. En un momento,  amenazó con cerrar la frontera entre Estados Unidos y México en respuesta a las grandes caravanas de personas que se dirigían hacia los Estados Unidos desde América Central.

Algo muy diferente a lo que está sucediendo actualmente cuando la administración gobernante no está llevando a cabo ningún tipo de presión, al menos públicamente, como para que México se vea interesado en implementar nuevamente la medida.

La discusión se está llevando a cabo en medio de una profunda crisis fronteriza. Sin ir más lejos, en este preciso momento una caravana con más de 6 mil personas se está movilizando desde México hacia la frontera con Estados Unidos, con la intención de ingresar al país.

El grupo de migrantes es liderado por los activistas Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., e Irineo Mujica Arzate, director de Pueblos Sin Fronteras, quienes aseguran que la caravana será pacífica en su recorrido intentando priorizar el diálogo con las autoridades migratorias.

Andrés Vacca – BLes.com

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