Suspender el intercambio comercial y desconocer los resultados son dos sanciones que discutirá la UE sobre Nicaragua

La represión de Daniel Ortega en contra de sus opositores, medios de comunicación y periodistas en el último mes —entre ellos cinco candidatos presidenciales— hundirá a su régimen sandinista en más sanciones por parte de la comunidad internacional en los próximos días.

No deja otro camino frente a las detenciones arbitrarias y el abuso institucional para sus fines políticos. Por eso, el Parlamento Europeo discutirá el martes 6 de julio en Estrasburgo «la situación de grave crisis política a la que se enfrenta el pueblo nicaragüense», informó la eurodiputada Soraya Rodríguez a través de su cuenta oficial de Twitter.

La meta de la sesión es trabajar en una “resolución sólida” ante la respuesta cada vez “más peligrosa y más agresiva de los Ortega”, mediante una “ola de terror” desatada que suma ya 130 presos políticos en el país.

Rodríguez sostiene que “el parlamento Europeo le manda también un mensaje muy claro al régimen de Ortega y Murillo. Ellos sí están solos. La comunidad internacional les ha abandonado y no hay otra salida que una transición democrática y la celebración de unas elecciones libres”.

Casi imposible

Pero llegar a unos comicios como los descritos en este momento es complejo. El Frente Sandinista —partido de Daniel Ortega— domina la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Los legisladores sandinistas y sus aliados designaron como árbitro comicial al exguerrillero Lumberto Campbell y a Mayra Salinas. También eligieron a la «excombatiente sandinista» Brenda Rocha y Alma Nubia Baltodano Marcenaro, hermana de la «comandante guerrillera» Mónica Baltodano.

Además, tienen a favor a Cairo Amador, miembro de la progubernamental Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, y a Devoney McDavis Álvarez, y Leonzo Knight Julián.

Como magistrados suplentes eligieron a la exjuez Adriana Molina, así como a Maura Álvarez y Alberto Julián Blandón quedando el poder electoral, integrado por diez magistrados, siete titulares y tres suplentes de la tolda del régimen para organizar las elecciones generales del 7 de noviembre próximo donde Daniel Ortega busca un cuarto mandato.

Quizá por ello, Rodríguez admite que “no habrá elecciones que puedan reconocerse por la comunidad internacional sin las garantías mínimas. Ese será el foco de la discusión», adelantó en el video que compartió en sus redes sociales.

El eurodiputado José Ramón Bauzá coincide con ella. Cree que son necesarias más restricciones, la activación de la cláusula democrática y el no reconocimiento del fraude electoral.

Medidas más directas

Las probabilidades de aprobación de sus iniciativas son altas. Ya desde el pasado 4 de junio, el europarlamentario, Leopoldo López Gil lideró una misiva firmada por 33 eurodiputados y dirigida al Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, para que éste contemplara “activar la cláusula democrática incluida en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica”, a través de la cual se suspendería el convenio comercial entre ambos territorios.

La UE firmó este tratado para que se dieran las condiciones o algunas muestras significativas de mejorar progresivamente los derechos humanos y la democratización del país. “Es evidente que no está pasando, por tanto, si algo que se ha firmado no se cumple, deberíamos retirarlo. No esperar a lo que ha sucedido en países como Cuba o Venezuela”, agregó López Gil, de acuerdo con La Voz de América.

El que ha dado un paso adelante es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos imponiendo sanciones económicas a líderes del sandinismo. La primera en la lista es Camila Ortega Murillo, coordinadora de la llamada Comisión Económica Creativa e hija de Daniel Ortega. La esposa del dictador, Rosario Murillo, quien cumple labores como vicepresidente, también figura entre los sancionados.

Lista negra nicaragüense

Las sanciones incluyen a Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central; el diputado Edwin Castro Rivera, leal operador político del régimen en la Asamblea Nacional; y Julio Rodríguez Balladares, general del Ejército de Nicaragua.

El Departamento del Tesoro afirma que apoyan a “un régimen que ha socavado la democracia, ha abusado de los derechos humanos, ha promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y ha tratado de silenciar a los medios de comunicación independientes”.

Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial encaja en el argumento. Ella administra el Canal 13 que “difunde propaganda estatal, mientras que Ortega utiliza las leyes fiscales y de gastos estatales para promover las estaciones familiares y exprimir a los medios independientes rivales” apuntó BBC.

También le recomendamos: Inquietante: El pedido de Joe Biden sobre el control de armas en medio del aumento de la violencia (Video)

Ad will display in 09 seconds

En el caso de Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, es señalado de liderar la implementación de la nueva Ley para la Protección de Consumidores y Usuarios, que obligaría a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con designados en Nicaragua con el riesgo de facilitar transacciones sancionables.

“Las instituciones financieras en Nicaragua que se niegan a cumplir con la ley pueden estar sujetas a acciones punitivas por parte del BCN alineado al régimen y la Superintendencia de Bancos, los implementadores de la ley, todo lo cual contribuye a la desestabilización de la economía de Nicaragua. La designación de hoy se aplica solo a Reyes; y BCN no ha sido designado”, aclara el Tesoro.

En el caso de Edwin Castro, jefe de bancada del oficialista FSLN, fue sancionado por ser haber sido parte de una Comisión Electoral que dictaminó de forma positiva, unas reformas electorales que “permiten al gobierno restringir la participación de los partidos políticos en las próximas elecciones y no prevén disposiciones para la observación electoral internacional”.

Por su parte Julio Rodríguez, General de Brigada del Ejército fue incluido en la lista de sanciones del Departamento de Estado por apoyar a la policía y los paramilitares que abusaron de los derechos humanos de los manifestantes en 2018 al atacarlos, lo que resultó en más de 300 muertes, al igual que daños físicos y psicológicos.

Gabriela Moreno – Panampost.com