A pesar de haberlo negado en la campaña electoral, el presidente Iván Duque envía un proyecto para aumentar los impuestos en Colombia y aplicar nuevos gravámenes sobre bienes y servicios que hasta ahora no eran alcanzados.

El Gobierno colombiano, de la mano de Iván Duque, propone una nueva reforma tributaria que promete volver a subir los impuestos y aplicar gravámenes nuevos. 

Contrario a sus promesas de campaña, el Presidente colombiano analiza la viabilidad de seguir subiendo impuestos y apretando los bolsillos de los colombianos, incluso en plena crisis por la pandemia. 

El gobierno de Duque se propone generar una recepción adicional de recursos para financiar una serie de nuevos programas sociales, y se incluirá un fondo especial para atender a las necesidades de índole coyuntural producto de la pandemia. 

Con los cambios planteados, el gobierno uribista espera recaudar un monto equivalente al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Tras un 2020 marcado por la pandemia, el déficit fiscal de Colombia ascendió al 7,8% del PBI (contabilizando intereses) y todo indica que el grueso del ajuste fiscal será realizado por los contribuyentes y no por el Estado colombiano. 

Duque definió al proyecto como una “reforma social, solidaria y sostenible”, encubriendo un severo aumento impositivo. Entre otras medidas, se incluye la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que por su carácter indirecto se hace difícil de evadir y asegura una recaudación relativamente estable en sintonía con el nivel de actividad económica. 

Cabe destacar que el IVA ya había sufrido un aumento de su base imponible durante la administración de Juan Manuel Santos y, como si esto no fuera suficiente, se había dispuesto un aumento de su alícuota del 16% al 19% que permanece sin cambios hasta el día de hoy. 

La generalización del IVA recaería sobre diversos productos pero entre ellos el más importante es el combustible, que pasará a pagar la alícuota máxima del 19%. Sin embargo, se explicita no cambiar el esquema para los alimentos y bebidas no alcohólicas, y la reforma dispone extender un sistema de devolución del IVA para determinados sectores de bajos ingresos. 

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Por otro lado, se busca incrementar los impuestos de carácter directo, es decir, los que gravan los ingresos individuales. El proyecto busca limitar una serie de deducciones para el pago del Impuesto a la Renta, y modificar el mínimo no imponible del tributo para que una mayor cantidad de personas se vean obligadas a pagarlo. 

En este sentido, el Gobierno colombiano asegura que el Impuesto a la Renta afecta al 4% de las personas naturales comprendidas en la base gravable. Con la reforma y los cambios en los mínimos no imponibles, este ratio pasaría a representar el 12%.  

A su vez, también se proponen nuevas modificaciones sobre las escalas marginales del impuesto con el objetivo de hacerlo más “progresivo”. Se limitarán las rentas exentas de pagar el tributo en una primera instancia (como por ejemplo los incentivos laborales) y se establecerá una nueva categoría mínima y automática con una alícuota del 25%

Dentro de esta extensión, incluso la Iglesias pasarían a pagar el Impuesto a la Renta y la medida despertó un fuerte rechazo popular, pues Colombia cuenta con una enorme comunidad cristiana y más de 8.000 entidades religiosas con personería jurídica.

La reforma tributaria de Duque plantea postergar por dos años más la aplicación del Impuesto al Patrimonio. El gravamen sobre el patrimonio será deducible del impuesto sobre la renta. 

No contento con esto, Duque propuso incluir un gravamen especial sobre los ingresos más elevados catalogado como “impuesto solidario”, que afectaría a los individuos con ingresos mensuales superiores a los $10 millones. 

Este último cambio guarda un parecido notable con el proyecto presentado por el kirchnerismo con el “impuesto a la riqueza”. Sin embargo, y a diferencia de la versión argentina, en Colombia se aplicará un esquema de devoluciones impositivas para 2021 y 2022, y el Gobierno asegura que se trata de un préstamo encubierto. 

Se propone, además, un aumento impositivo para empresas. El proyecto propone elevar la alícuota para el pago de dividendos del 10% al 15%. Se incluirá un esquema de tarifas marginales para el pago del Impuesto a la Renta corporativa, que elevaría la tasa máxima del gravamen hasta el 31% en 2021 y 2022, y 30% a partir de 2023. 

Teniendo en cuenta a ambos gravámenes, tanto el Impuesto a la Renta para personas jurídicas como la tasa aplicada para dividendos, la tasa marginal efectiva más elevada llegaría al 41,65%.

Fuente: derechadiario.com.ar