Redacción BLesUna coalición de 12 estados liderados por Ohio presentaron el lunes 25 de octubre una demanda contra la administración Biden con el objetivo de retomar la normativa implementada durante la era Trump, a través de la cual las clínicas que reciben financiamiento federal tienen prohibido realizar abortos y derivar pacientes a “clinicas de planificación familiar” para tal fin.

Xavier Becerra, responsable del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), informó el 4 de octubre que se restauraría el programa federal de planificación familiar a la forma en que funcionaba bajo la administración de Obama, cuando se utilizaban millones de dólares de los contribuyentes para financiar abortos, reportó en ese entonces AP News.

Según la nueva disposición del HHS, a partir del 8 de noviembre, las clínicas que reciban fondos federales podrán nuevamente derivar a mujeres embarazadas para que se realicen abortos. Dejando sin efecto la regulación del presidente Donald Trump impuesta en febrero de 2019, que requería que las organizaciones que realizan abortos y hacen derivaciones para tal fin lo hagan en clínicas que no reciben fondos federales.

Ante esta situación, la coalición de 12 fiscales generales representando a sus respectivos estados presentó el lunes una demanda contra la administración de Biden.

Dave Yost, el fiscal general de Ohio fue quien lideró la demanda que básicamente busca restaurar la política de la administración Trump que requiere que las clínicas de Título X sean física y económicamente independientes de las clínicas de aborto y se abstengan también de derivar pacientes para tal fin.

El Título X es un programa federal de planificación familiar que tiene casi medio siglo de antigüedad, el cual ofrece alrededor de 286 millones de dólares en subvenciones anuales para clínicas que atienden principalmente a personas de bajos ingresos.

Yost, un reconocido republicano, dijo que el interés por restablecer la regla de la era Trump es, en última instancia, garantizar que las clínicas financiadas con fondos federales solo puedan recibir fondos de los contribuyentes para servicios de planificación familiar distintos del aborto.

“No se puede ‘seguir el dinero’ cuando todo el dinero se vierte en un bote y se mezcla”, dijo Yost en un comunicado. “La ley federal prohíbe que los contribuyentes financien el aborto, y esa ley no significa nada si el dinero federal no se mantiene separado”.

La medida de Trump obligaba a Planned Parenthood y otras clínicas abortistas a brindar servicios de salud por separado. Por ejemplo, los exámenes de detección de cáncer, pruebas de Papanicolaou y exámenes mamarios deberían presentarse separados de sus servicios de aborto.

Lo que se había logrado con esta normativa es que los fondos provenientes de los contribuyentes no financien a las empresas dedicadas al comercio de prácticas abortivas. Sino que se mantenga con su objetivo original que es financiar la atención médica de los ciudadanos con menos recursos.

Las autoridades de salud, siguiendo los idearios de los sectores más izquierdistas del partido demócrata, comprenden el aborto y la plaanificación familiar como un asunto directamente asociado a la salud y a la atención médica. 

Es por esto que al asumir el cargo en enero, el presidente Joe Biden criticó las políticas provida de la administración Trump y dijo en un memorando que éstas “ponen en riesgo la salud de las mujeres al dificultar que las reciban información médica completa”.

El HHS propuso originalmente el cambio de regulación en abril, pero se requirió que se sometiera a un período de notificación, discusiones y una revisión adicional antes de que se pudiera finalizar la regla.

Tras superar las trabas legales, el HHS ahora confirmó la revocación de la normativa de la era Trump dando una buena noticia a los sectores asociados a la industria del aborto.

Los 11 estados de tinte conservador que se unieron a la demanda de Ohio son Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

Ahora queda esperar que respuesta darán los jueces respecto a la nueva demanda, en esta larga lucha entre los sectores provida y políticas asociadas a la izquierda que buscan normalizar y extender el aborto como un derecho que debe ser financiado por el gobierno. 

Andrés Vacca – BLes.com

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