Pueblo mapuche rechaza discurso progresista de plurinacionalidad de Gabriel Boric para resolver el conflicto territorial y le da un ultimátum de seis meses.

Nada aplaca la hostilidad de los mapuches en Chile. Muy poco atenuó que su descendiente, Elisa Loncón, presidiera la Convención Constitucional. En el palacio de La Moneda, el presiente izquierdista Gabriel Boric lo sabe. Su discurso progresista de plurinacionalidad y la promesa de sustitución de la ley antiterrorista e implementación de una Comisión de Verdad para manejar el conflicto territorial en la Macrozona Sur no cala entre los indígenas. Sin una indemnización, lloverán las balas.

Prácticamente ese es el ultimátum que esta etnia impone a tan solo un par de semanas de haber arribado Boric al poder. Sin tregua, ya le dan un plazo de seis meses para resolver sus demandas.

José Santos Millao, presidente de la Ad Mapu, le advierte que «la indemnización está establecida en la declaración de los Derechos Humanos», mientras que Verónica Cifuentes, vocera de la asociación mapuche autónoma de Loncoche, sostiene que «si el gobierno no responde a las demandas, estas comunidades comenzarán a hacer control territorial».

«No parará ni con Piñera ni con Boric»

Los mapuches exigen retirar de sus tierras a las empresas forestales y recibir el pago por los territorios ocupados, de lo contrario Boric enfrentará un motín indígena. Otro más para el país y el primero de su administración.

En el edificio de la delegación regional dejaron sus peticiones que también incluyen la liberación de presos mapuche.

El desafío es claro. Ahora, si la militarización de La Araucanía le parecía a Boric un mal camino –como dijo durante la campaña para vapulear a Sebastián Piera por decretar Estado de excepción ante la ola de violencia mapuche– el «diálogo con perspectiva histórica» que propone tampoco parece una solución.

Según Gabriel Boric, primero hay que hablar de la reconstrucción del territorio mapuche, de la autonomía y de permitir que un pueblo pueda tener su propia cosmovisión y ejercerla dentro de ese territorio, pero la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) asegura que «no parará ni con Piñera ni con Boric». Y eso ya representa un peligro para su gestión.

Hasta este 26 de marzo estará vigente el Estado de excepción en la zona. La medida fue decretada por primera vez por el entonces presidente Sebastián Piñera en octubre del año pasado y luego el Senado la ratificó por décima vez el 8 de marzo, pero Boric decidió suspenderla.

Error en el abordaje

¿Falló Boric? Si no lo hizo al menos desestimó el problema. Por un lado, más de dos millones de chilenos se declaran pertenecientes al pueblo indígena, de ellos, 1,7 millones se declaran pertenecientes al pueblo mapuche, 156.000 se consideran aymaras y 88000 se reconocen como diaguitas, los tres grupos más numerosos de Chile, de acuerdo con cifras del último Censo (2017).

Por otro lado, sus luchas acumulan sucesivos episodios de violencia, entre ellos la quema de dos templos, uno católico y otro evangélico, y la toma del Sitio histórico matanza de Mulchén: Fundo Carmen y Maitenes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), un hecho divulgado además en un video por Facebook por Alianza Territorial Mapuche, donde seis encapuchados armados amenazaron que responderían ante un intento de desalojo.

También se atribuyen el ataque incendiario que destruyó 31 inmuebles en diciembre –dos días después de ganar Gabriel Boric la presidencia en la segunda vuelta– en la ribera del lago Lanalhue, en la región del Bío Bío. En un comunicado, el movimiento armado, creado en 2020, indicó que el ataque era una represalia por la condena a ocho miembros de la comunidad mapuche del Valle de Elicura por el asesinato de un hombre en 2019.

Y 48 horas después de que Boric asumiera el poder hubo otro ataque en Contulmo que destruyó dos galpones y calcinó a un caballo. El grupo Weichan Auka Mapu, otra de las cuatro agrupaciones radicalizadas que operan en la Macrozona Sur, lo asumió demostrando que la ceremonia privada en La Moneda con algunos integrantes de su etnia solo fue un simple protocolo.

Una dosis indígena

Ya el gabinete de Boric constató que la narrativa izquierdista no los ablanda cuando una ráfaga de disparos impidió que una comitiva dirigida por la ministra del Interior, Izkia Siches, continuara su viaje a la comunidad de Temocuicui, en la comuna de Ercilla (La Araucanía). Era la primera visita de la autoridad a la Macrozona Sur.

Boric olvidó que la medida de excepción además se decretó tras el informe que elaboró el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, sobre la situación de los tribunales en Cañete. El magistrado señaló que «existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aun cuando permanezcan con trabajo a domicilio».

Un programa surreal

Gabriel Boric maneja el asunto con timidez. De hecho, su programa de gobierno propone implementar «de buena fe el Convenio 169 de la OIT en su conjunto, que incluye el reconocimiento de los derechos lingüísticos, el patrimonio cultural e intelectual y los derechos sociales».

Incluso, plantea crear, en conjunto con los pueblos originarios, «una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena», la adopción, en consulta con los pueblos originarios, de «la legislación e institucionalidad que requiera la implementación de la nueva Constitución en materia indígena» hasta un sistema de cogestión con los pueblos originarios del sistema de áreas naturales protegidas.

Sin embargo, los mapuches van por otro lado sin escatimar que sus disparos destrozan hasta los rostros de la juventud que trabaja en La Araucanía, por una pugna de 500 años atrás. El testimonio del camionero Mauro Aguilar es una evidencia.

Fuente: Panampost.com

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