Una “tercera vía” es el salvavidas de la Constituyente chilena ante el aumento del rechazo a la gestión del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna.

El miedo a un revés electoral invade a la Convención Constitucional de Chile. La última encuesta del Centro de Análisis de Estudios de Mercado (Cadem) arroja que 46 % de los electores aprobaría la propuesta de Carta Magna en el plebiscito de salida, 33 % lo rechazaría y 21 % no sabe a cuál opción respaldar. Sin un margen amplio a favor, aplastante y definitivo, la instancia –de mayoría izquierdista– arma un plan para compensar su fallida gestión.

Una “tercera vía” es el salvavidas que promueven distintas bancadas dentro y fuera de la plenaria para consultar en el mismo sufragio si el Congreso puede asumir la reforma de la actual Constitución e incluso un «rechazo con remplazo» para elegir a nuevos convencionales que rehagan el trabajo, ante los desaciertos de la Constituyente.

En discusión

El asunto está en debate desde que la Comisión de Venecia –entidad internacional encargada de asesorar a los Estados en materia constitucional– emitió un informe con recomendaciones para el proceso después de que un grupo de senadores remitiera una carta con cuestionamientos a los preceptos aprobados.

Entre sus conclusiones, la comisión explicó que una de las preguntas de los senadores era si la opción binaria que contempla el plebiscito de salida (Apruebo o Rechazo) era compatible con la idea de lograr «grandes acuerdos», consultando sobre la opción de ofrecer una tercera vía. Al respecto, el documento planteó que pese a ser una elección binaria, “no se excluye una votación con dos o más alternativas”

Pero el informe advierte que «las reglas sobre el plebiscito son actualmente claras y se han dado a conocer a los ciudadanos y los actores políticos”, ante lo que “cambiar estas reglas correría el riesgo de trasgredir el principio de seguridad jurídica”.

Si se ofrece la posibilidad de una tercera vía, debería ser a través de compromisos de los actores políticos relevantes para llevar a cabo una reforma genuina después del plebiscito, en lugar de cambiar los términos del proceso de revisión formal en esta etapa de la Constituyente.

Eso dice el órgano internacional, pero «el problema de la Convención Constitucional no es solamente lo que se ha aprobado hasta ahora, el problema es que en la CC no ha habido ánimo de llegar a acuerdos», afirma el diputado de la Unión Democrática Independiente, Guillermo Ramírez.

Con motivos

Tantas ideas progresistas revueltas en la nueva Carta Magna que presentarán al país junto a las polémicas y divisiones para definirlas, cobrarán un precio y parece tan alto que la “tercera vía” serviría para disimular el fracaso.

El avance de normas controvertidas como la eliminación del Senado para ser reemplazado por una Cámara con bajas atribuciones, la implementación de una justicia indígena no subordinada al Sistema Nacional de Justicia, el establecimiento de comunas autónomas y las modificaciones al derecho de propiedad (que estiman podría afectar hasta las pymes), así como la nacionalización de la minería, generan discordia.

La calle lo percibe. El estudio de Pulso Ciudadano señala que 44,6 % de la población no tiene nada de confianza en la instancia y 72 % de la población cree que su desempeño está entre muy malo y regular.

Más tiempo

A la plenaria se le acaba el tiempo para presentar el proyecto listo y someterlo a votación. Los nueve meses establecidos para redactarlo terminan en abril y la propuesta aún no está lista. Con el reloj en contra, la mesa directiva apelará a los tres meses de prórroga que puede recibir. No tiene más opción.

El vicepresidente de la mesa directiva, Gaspar Domínguez, ya lo admitió. Este martes 22 de marzo, en el pleno de la Convención Constitucional, “oficialmente se dará cuenta del plazo definitorio que vamos a hacer uso, que es de doce meses“.

La jornada será crucial porque además los convencionales decidirán si ratifican a la actual mesa directiva o eligen a otra. La última costó una maratónica sesión de dos días.

Hasta ahora, se prevé el 4 de julio como fecha tope para culminar el trabajo. A partir de ahí, no habrá más plazos y comenzarán a correr los 60 días para saber si los chilenos creyeron en su conflictiva gestión.

Pero hay que estar claros, aunque se apruebe la Constitución con 55 % de los votos, la Convención Constitución pierde porque la idea de esta nueva Constitución era que representara a todos y salir de una Constitución que no representa a una porción importante de los chilenos, para dar paso a otra que tampoco representa a una parte importante el país no logra lo prometido: dejar atrás el recuerdo de la dictadura.

Si eso ocurre, sería el primer terremoto político para el presidente izquierdista Gabriel Boric, considerando que su gobierno espera el cambio constitucional que sería determinante para su agenda.

Por Gabriela Moreno – Panampost.com

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