La comisión de Constitución del Senado aprobó rebajar el quórum de 2/3 -33 senadores- a 4/7 -equivalentes a 29- para reformar la Carta Magna

Las probabilidades de que la nueva Constitución de Chile fracase en el plebiscito de salida del 4 de septiembre son altas. Esta afirmación se sustena en las proyecciones dadas por encuestadoras y figuras de la centroizquierda, lo que tiene al sector político aliado del presidente, Gabriel Boric, urdiendo un plan alternativo que le permita al mandatario contar con un marco a la medida de su gobierno. Es por ello que se ha decantado por la siguiente opción: rebajar el quorum del Senado para reformar la actual Carta Magna.

Los pasos en esa dirección ya comenzaron. La comisión de constitución del Senado aprobó rebajar el quorum requerido para enmendar a la normativa vigente de 2/3 de 50 senadores, que equivale a 33 funcionarios, para llevarlo a 4/7, es decir, a 29. La iniciativa que impulsó el partido Democracia Cristiana obtuvo cuatro votos a favor y cero en contra, por lo tanto, se alcanzó un respaldo unánime en la comisión. La próxima semana será discutido en Sala.

Es una jugada clave en un momento crítico. La derecha que hoy la representa la facción de Chile Vamos y el Partido Republicano y la izquierda, presente en el Senado en la figura del Frente Amplio de Boric, el Partido Comunista y el Nuevo Pacto Social, están empatadas. Ambas coaliciones tienen 25 representantes.

Con unas fuerzas tan parejas, sin ninguna tener la mayoría, rebajar quorum es capitalizar apoyo a las iniciativas futuras de reforma de la Constitución con el mínimo posible. En otras palabras, es una fórmula que habla de astucia y entra en jugo a dos meses de conocerse el resultado del plebiscito. Esto deja al descubierto la desesperación por tener un «plan B» frente a la avalancha de desaires al proyecto que el mandatario chileno convirtió en bandera de su Administración.

La táctica de Chávez

Hugo Chávez hizo lo mismo. Usó al poder legislativo para aprobar la reforma constitucional que los venezolanos rechazaron en el referéndum popular de 2007. En aquel entonces, el 51 % de los electores dijo “No” a sus pretensiones de tener poder ilimitado. Sin embargo, el dictador utilizó a los 90 de los 165 diputados de la Asamblea Nacional (AN) que estaban activos en esa ocasión para incluir en la Carta Magna la enmienda que permitía la reelección indefinida del presidente y cualquier cargo público.

No quería despedirse de Miraflores, pese a los dos periodos que ya sumaba. Y lo consiguió. Dejó sin efecto a la Constitución de 1999 —que él también impulsó—, la cual establecía que el presidente podía ser reelegido en su cargo una sola vez.

Aunque también, para ser más precisos, esa no fue la única disposición de su reforma filtrada en forma de leyes ordinarias. Con el Decreto Ley de Administración Pública obtuvo la potestad para nombrar «vicepresidentes» en las regiones, figuras administrativas a las que quedaría supeditado el poder de gobernadores y alcaldes. La lista de todo lo que incorporó bajo esta modalidad para restringir operaciones económicas es larga.

Rechazo público

En el caso de Boric, abrir la puerta a cambios a la Constitución de 1980 —que quedaría vigente si la elaborada por la Convención Constitucional falla— tampoco es una salida conveniente, así lo señala el expresidente, Ricardo Lagos, en una carta pública, al subrayar que “ninguno de los dos textos está en condiciones de lograr consenso. El desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría de chilenos».

Boric admite que Lagos pinta «dos escenarios bastante claros». A su vez, sostiene que «es el pueblo el que tendrá que decidir. En un caso habrá que depender del veto histórico de la derecha y el otro se pueden hacer reformas para mejorar texto».

Sin embargo, en otra misiva, representantes de la centroizquierda critican al sistema político establecido en la nueva Constitución. Al respecto, consideran que «la propuesta no es un avance respecto de lo que hay, sino que la combinación de un Ejecutivo debilitado, un Congreso muy poderoso y una Cámara de las regiones que reemplaza al Senado con facultades muy menguadas, en el marco de una fragmentación política galopante que anticipa un sistema más propenso al conflicto que a la colaboración y, eventualmente, a la duda por sobre los sobrepesos contrapesos”. 

El documento fue suscrito por el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, el exconvencional constituyente Felipe Harboe y el expresidente de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) Óscar Landerretche, miembros del Partido Socialista. Allí queda claro el precipicio hacia el cual se dirige el proyecto. La campaña comienza formalmente este 6 de julio, pero esto ya forma parte.

 

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