El pleno aprobó por 113 votos a favor, 39 en contra y 3 abstenciones la norma que consagra el pluralismo jurídico y determina la “coexistencia” de ambas justicias, coordinadas “en un plano de igualdad” con la jurisdicción nacional.

La Convención Constitucional despachó al borrador de Constitución otras nueve normas relacionadas a Justicia, entre ellas el pluralismo jurídico con la existencia de “sistemas jurídicos de los pueblos indígenas” y la inamovilidad de los jueces, dos de las normas que generaron mayor polémica por su contenido y redacción.

El primer artículo en ser visado fue el que establece que “las juezas y jueces son inamovibles. No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes”, que logró 133 votos a favor, 16 rechazos (de la UDI) y 3 abstenciones.

El segundo punto despachado al proyecto de nueva Constitución es uno sobre la ejecución de las resoluciones, que establece que “los tribunales de justicia podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública, debiendo cumplir lo mandatado de forma rápida y expedita, sin poder calificar su fundamento, oportunidad o legalidad”.

También se lee que “las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos, cuya jurisdicción ha sido reconocida por éste, serán cumplidas por los tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si contraviniere una sentencia firme pronunciada por estos”.

Los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas

La inclusión más polémica y que pone en riesgo la integridad jurídica de Chile es sin duda el artículo aprobado por 113 votos a favor, 39 en contra y 3 abstenciones, que consagra que “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”.

De esta manera, de aprobarse la nueva Constitución, habrá una Justicia paralela al Poder Judicial chileno, que solo podrá ser atendido y solo podrá juzgar a indígenas. “Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”, concluye.

Se teme que esta decisión le otorgue inmunidad a los terroristas mapuches en el sur del país. Por como está redactado el artículo que se incluyó en la Constitución, si la Policía chilena arresta a uno de éstos criminales, no podrá juzgarlo, y deberá ser remitido a un “juzgado de los Pueblos Indígenas”, que al tener un sistema jurídico distinto al chileno, el terrorista podría quedar en libertad.

Además, se incluyó otro artículo (aprobado por 114-35-4) que obliga a los tribunales chilenos a adoptar una “perspectiva intercultural” en el tratamiento y resolución de las materias cuando el acusado sea parte de los “Pueblos Indígenas”.

Para esto, dice el artículo, tendrán que tomar en cuenta “costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte”.

Fallos en lenguaje inclusivo

En otro artículo aprobado por 117 votos a favor, 32 en contra y 4 abstenciones, las sentencias judiciales deberán estar redactadas y fundadas con un “lenguaje claro e inclusivo“. El mismo artículo consagra que la ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales.

Otro de los puntos aprobados es que “la Constitución garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y colectivos. Es deber del Estado remover los obstáculos sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos” (129-2-19).

En cuanto a la función jurisdiccional, se aprobó (112-38-3) que es una función pública ejercida “en nombre de los pueblos“, que consiste en “conocer y juzgar por medio de un debido proceso los conflictos de relevancia jurídica (…)”. Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia “y las autoridades de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella”.

Fuente: La Derecha Diario

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