Para declararse en desacato, las parlamentarias interpusieron ante la Corte de Apelaciones un recurso de amparo donde argumentan que el test de drogas “atenta contra la privacidad”. También evalúan acudir a instancias internacionales.

En un acto de desobediencia absurda, cinco diputadas de la coalición del presidente Gabriel Boric se niegan a someterse al test de drogas aprobado por el Congreso para detectar el consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud sin la debida autorización.

Ni Ana María Gazmuri, ni Marcela Riquelme, como tampoco Clara Sagardía, Marisela Santibáñez y Lorena Fries, del frente Apruebo Dignidad, están dispuestas a practicarse el examen, alegando que vulnera la “soberanía corporal”. Así lo divulgó este martes el medio chileno BíoBío. 

“Es un examen que hace una intrusión dentro del propio cuerpo y que no es el que se les aplica a los funcionarios públicos”, señaló la parlamentaria Gazmuri, quien además argumenta que la prueba es parte de un “populismo” que sólo profundiza la estigmatización y criminalización de usuarios de sustancias”.

Evalúan llevar el caso a instancias internacionales

Para declararse en desacato al test de drogas, las diputadas de la coalición de Boric interpusieron ante la Corte de Apelaciones un recurso de amparo donde argumentan que “atenta contra la privacidad”. Incluso reclaman que el reglamento aprobado por el Congreso en noviembre del año pasado con 108 votos a favor y tres abstenciones contraviene las disposiciones consignadas en la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Chile.

“Todavía nos quedan más instancias nacionales”, advirtió Fries, quien además recalcó que evalúan acudir “eventualmente a instancias internacionales”, asegurando que “la intención no es evitar que haya test de drogas. Sabemos que los diputados y toda autoridad pública está en un lugar de mayor escrutinio para la ciudadanía, pero lo que queremos es que la acción pública se inscriba dentro del marco constitucional y legal, y lo que nosotros estamos diciendo es que este reglamento está lleno de contradicciones y de afectación a los derechos de las personas”.

Ética en jaque

Las maniobras de las parlamentarias del Apruebo Dignidad ya suman su primer fracaso, tras el rechazo a la propuesta que habían presentado para evitar la difusión de los resultados del test de drogas aplicado ya de forma aleatoria a 78 diputados.

Hay expectativas sobre los hallazgos del análisis de las muestras de pelo por ser este capaz de detectar distintos tipos de estupefacientes hasta en los últimos seis meses.

Según el órgano, el propósito de la medida es propiciar mayores “estándares de transparencia en la labor parlamentaria” e indagar “la comisión de delitos de narcotráfico” entre los miembros del pleno, pero las bancadas izquierdistas se oponen.

De hecho, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, revela que “con los resultados públicos, se va a solicitar que aquellas personas que hipotéticamente puedan salir positivas sean pasadas a la Comisión de Ética, igualmente a las personas que decidieron no hacerse el test”.

Por Gabriela Moreno – Panampost.com

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