Un informe del Centro de Investigación Periodística (CIPER) da cuenta de 24 facturas a familiares directos de los candidatos, o de sus compañeros de lista, incorporados en sus rendiciones de cuentas al Servicio Electoral

El frenesí de la izquierdista Lista del Pueblo por su debut con 27 representantes en la Convención Constitucional se acabó y de la peor manera: fraude en el financiamiento de la campaña que los llevó a conformar la plenaria que redactará la nueva Carta Magna de Chile.

Un informe del Centro de Investigación Periodística del país austral (CIPER) contabilizó 24 boletas y facturas de familiares directos de los candidatos, o de sus compañeros de lista, incorporados en sus rendiciones de cuentas al Servicio Electoral (Servel).

Hijos, hermanas, un cónyuge, una tía, un cuñado, un sobrino y una nuera figuran en los gastos presentados. La Comisión de Ética se fijó una semana de plazo para realizar las averiguaciones que incluían solicitar testimonios de los implicados y acceder a los registros de gastos declarados al Servel, pero la revisión todavía está en proceso como consecuencias de las convulsiones internas de la coalición para designar un candidato presidencial que provocaron la renuncia de los miembros de la Comisión de Ética.

Dos investigaciones en paralelo

El Servicio Electoral (Servel) fiscaliza los documentos pero ya la investigación del propio conglomerado que también incluye una revisión de los antecedentes judiciales, ingresos y conexiones familiares de cada uno de los precandidatos a las próximas elecciones parlamentarias anota dos expulsiones: el excandidato Ricardo Mahnke y su jefa de campaña, Miriam Parra.

Él califica la medida como apresurada, injusta y arbitraria. En su defensa alega “desconocía que no podía contratar a familiares directos para la campaña”, como su hijo, quien hizo trabajos de producción audiovisual por 1.100.000 pesos chilenos (1400 dólares) y lamenta que la dirigencia no quisiera aclarar la situación antes de tomar una determinación. “Fue un juicio muy sumario, tipo inquisición”, dijo.

Parra se descarga en términos similares pero no convence ante su historial como activista social de la región del Biobío, donde en agosto del año pasado fue detenida por Carabineros por irrespetar las restricciones sanitarias. Su formalización fue desestimada por el Tribunal de Garantía de Concepción, pese a que el entonces intendente regional, Sergio Giacaman (UDI), se querelló contra ella y otros cuatro manifestantes. Por eso su nombre aparece en las redenciones de tres candidatas y un candidato de la Lista del Pueblo del Distrito 20.

Facturas en debate

Rossana Loreto Vidal, la convencional constituyente que se postuló en la Lista del Pueblo, pero que el 25 de julio pasado abandonó el conglomerado, recibió dos facturas por trabajos de Parra. En una de ellas la especificación es por servicios como “administradora general constituyente de campaña 2021”, por un monto de 500.000 pesos chilenos (cerca de 650 dólares) y otra es por “servicios de capacitación y asesoría en manejo de plataformas para conversatorios de campaña” que asciende a 2.000.000 de pesos chilenos (2500 dólares).

En el caso de la excandidata Karen Orellana, figura con diez facturas extendidas a seis de sus familiares por un total de 12.500.000 pesos chilenos que representan 16000 dólares. Situación similar se detectó en la campaña de la dirigente social Soledad Mella, donde aparecen ocho facturas por una cifra que alcanza los 15.400.000 pesos chilenos (casi 20000 dólares) hechas por familiares, entre ellos su cónyuge, su nuera y un sobrino.

“Al final, la llamada Lista del Pueblo terminó siendo una asociación ilícita criminal que usó el sistema electoral para financiar a los parientes de sus candidatos”, asegura en Twitter, José Antonio Kast, abanderado presidencial del Partido Republicano.

Una lista enfrentada

Las cuentas no son el único problema interno. “La Lista del Pueblo está prácticamente dividida en dos desde que surgió el nombre del sindicalista Cristián Cuevas como candidato presidencial. Una serie de comunicados contradictorios entre ambos sectores y las acusaciones cruzadas de boicot, hicieron que uno de los dirigentes de la «disidencia» –que apoyaba a Cuevas– inscribiera en el Instituto de Propiedad Industrial una marca similar llamada «La Lista de Los Pueblos», según divulga El Mostrador.

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Es una implosión sin frenos que denotó con la inscripción de la nueva fracción por parte de Ángel Spotorno, director de una agencia de publicidad, después de que el constituyente Cristián Andrade lo acusara de quebrar la coalición con una «disidencia».

Y lo hizo. El trámite de la formalización de esta bancada está en curso desde el 28 de julio y se enfrentará a la de Mauricio Menéndez, documentalista y uno de los fundadores de La Lista del Pueblo, conocido como «el chancho de guerra», que presentó la solicitud de inscripción de «La Lista del Pueblo» desde el 22 de abril de este año, y fue publicada como marca formal el 7 de mayo en el Diario Oficial.

Menéndez se cuenta entre aquellos que en La Lista del Pueblo se han instalado como los voceros oficiales y que desestimaron la candidatura presidencial de Cuevas como definitiva, llamando a una consulta donde finalmente no se le incluyó.

Gabriela Moreno – Panampost.com

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