Este viernes terminaron los juicios contra los manifestantes del 11 de julio con “mentiras” de la Fiscalía, según denuncian familiares. El sistema judicial controlado por la dictadura cubana anunciará las sentencias el 11 de febrero

Fue un viernes triste para los cubanos que imploran libertad en el país caribeño. Este 14 de enero, el régimen celebró los juicios contra 66 personas, incluyendo 14 menores de edad, como un castigo por haber ejercido su derecho a la protesta el 11 de julio del año pasado. Luego de los juicios, donde hubo «contradicciones» de la Fiscalía y pedidos para dictar hasta 30 años de cárcel contra los acusados, solo queda pendiente que el sistema judicial de Cuba, controlado por el castrismo, imponga las sentencias el próximo 11 de febrero.

El régimen está violando incluso su nueva Ley del Proceso Penal aprobada a finales del año pasado y la cual prometía «imparcialidad» de los jueces sin «restricciones, influencia, presión o intromisión alguna». Aquel compromiso quedó en papel. Tampoco se permitió el acceso a la prensa por ser casos de interés social. Por el contrario, la dictadura cercó el tribunal de Santa Clara, lo rodeó de cámaras de seguridad y de miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), de acuerdo con material obtenido por la organización Cubalex. Otros juicios se llevaron a cabo en Holguín, La Habana y Mayabeque.

El pedido de la Fiscalía es de hasta 30 años para algunos de los detenidos. El mayor de los procesos tuvo lugar en Holguín, donde se juzgó en una causa común a 21 personas por los supuestos delitos de sedición, según el reporte de la agencia EFE.

El hermetismo de parte de la dictadura de Miguel Díaz-Canel ha sido absoluto. El tirano se regocijó en días recientes ante miembros de la iglesia y negó que en la isla existan presos políticos. Por lo tanto, con su actitud demostró que no está dispuesto a ceder ante lo que Amnistía Internacional calificó como «un castigo y un nefasto mensaje”, haciendo referencia a los juicios en Cuba.

«Contradicciones» y «mentiras»

Lo que pasó el 11 de julio fue el mayor estallido social contra la dictadura cubana desde que se instaló en 1959 y eso molestó a las altas esferas del castrismo. En total, se registró que 1373 personas quedaron detenidas o desaparecidas forzosamente. De esas, 727 permanecen tras las rejas, incluyendo a quienes pretendieron manifestarse posteriormente el 15 de noviembre, apunta Cubalex.

Sin embargo, por más molestia que demuestre el régimen, sus argumentos fueron deficientes ante los tribunales. A Maikel Puig Bergolla, uno de los que manifestaron el 11J, la Fiscalía de Mayabeque lo acusó de tentativa de asesinato, atentado e instigación a delinquir y pidió 25 años de cárcel, según un reporte difundido a finales de octubre de 2021 por el portal 14ymedio.

Pero su esposa denunció «contradicciones» en los testigos de la Fiscalía durante el reciente juicio, «mentiras» y la presentación de declaraciones firmadas de testigos supuestamente alteradas por las fuerzas de seguridad, agregó EFE.

A los juicios en Cuba entraron muy pocos familiares porque la orden fue dejar pasar a uno por cada detenido. Tayri Lorenzo, la madre del preso político Andy García Lorenzo, respaldó el testimonio de la esposa de Maikel Puig y agregó que durante el juicio en Santa Clara los fiscales hicieron «hincapié» en que los manifestantes gritaron frases como «abajo la revolución», «patria y vida», entre otras frases.

«Los familiares salieron destrozados, llorando, algunos casi al borde del desmayo».

Una gran deuda en derechos humanos

Actualmente hay 842 presos políticos, según Prisoners Defenders (PD), una organización española defensora de los derechos humanos. De las 66 personas juzgadas esta semana, 14 son menores de edad. Por su parte, la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) elevó a la ONU y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) la situación de 39 menores de 21 años «encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente».

Los juicios se repartieron de la siguiente manera, según Cubanet: 16 se desarrollaron en Villa Clara, a cargo de la fiscal Dayli Carrazana Rodríguez; 20 en La Habana, a cargo del fiscal Susdinay Acosta Traba; 21 en Holguín, el fiscal encargado fue Fernando Sera Planas; y nueve en Güines, Mayabeque.

Pero nada dice la dictadura sobre los abusos de sus cuerpos de seguridad, la PNR, Seguridad del Estado o de la Brigada Especial (Boinas Negras), contra quienes salieron a las calles el 11J y el 15N a manifestarse contra el régimen en protestas pacíficas.

Oriana Rivas – Panampost.com

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